Héctor Manuel Popoca Boone
Estoy con la marcha de hoy
Que no quepa la menor duda: como ciudadano mexicano, técnico-economista y aprendiz de político, estoy contra la reforma eléctrica que pretende el Presidente Fox. Es la hora de las definiciones y no debe verse más que la luz de la verdad.
Las razones ya les he esgrimido en artículos periodísticos pasados. Hoy dejo espacio a los argumentos del especialista en temas económicos y sociales de la Universidad de Binghamton, Nueva York, James Petras, a partir de una entrevista que le hiciera el periodista Ricardo Martínez Martínez.
“Si México permite la apertura al capital privado de su industria eléctrica, el efecto será catastrófico: deterioro del servicio, aumento indiscriminado de los precios de consumo, descenso significativo del empleo, especialmente calificado, y reducción de los ingresos del Estado.
“Los ingresos del Estado descenderán a un ritmo promedio de tres a uno, es decir, en tres años los ingresos de las empresas privatizadas cubrirán los costos que representó la compra, a resultas de las altas tarifas que impondrán en el servicio eléctrico”. Tal como ha sucedido en todas partes del mundo en donde se ha privatizado la industria eléctrica.
Países como Estados Unidos, Inglaterra, Argentina y Brasil han vivido los efectos negativos de la privatización del sector, lo que supondría que México correría con la misma suerte.
General Electric, Edison International, Pacific Gas, Enron, Niagara Mohawk y National Power, responsables del abandono tecnológico de amplias redes de energía y de grandes apagones, son algunas de las firmas que buscan invertir en el mercado mexicano con todas las facilidades que les ofrece el gobierno federal.
El modelo de la administración foxista de entregar la industria eléctrica gradualmente a empresas privadas es un fracaso y lo que podríamos ver en el corto plazo es una aguda descapitalización del sector y un eventual desmantelamiento de la infraestructura que costó esfuerzos de años a los trabajadores mexicanos.
El gobierno federal plantea que empresas privadas abastezcan de energía a las industrias, quitando a la instancia rectora (la Comisión Federal de Electricidad) su mayor fuente de ingresos y, con ello, reducir la inversión pública en el sector.
Hablan de eficiencia, pero si uno compara la distribución de electricidad por el sector público y el privado, el primero es mucho más eficiente y estable en sus costos y beneficios, ya que puede retener un porcentaje de sus ingresos para mejorar y modernizar la producción de electricidad, mientras la empresa privada retiene sus ingresos para invertirlos en el mercado financiero, desatendiendo las necesidades vitales de infraestructura, mantenimiento y alta calificación de la mano de obra requerida.
Las empresas privadas que se establecieron a partir de la desregulación del sector eléctrico en Estados Unidos e Inglaterra mantienen el total control de la producción y la distribución, lo que les permite la manipulación de los precios de consumo.
En vez de competir entre ellas empezaron a colaborar para manipular los precios artificialmente. Manejaron y redujeron la oferta de la energía para dar la pantalla de que era escasa y, de esa forma, justificaron un aumento en los precios. Son un pequeño grupo de empresas privadas que a raíz de una concentración monopólica, pueden hacer lo que se les dé la gana sin que el gobierno tenga instrumentos para investigar, revisar y limitar sus actividades económicas.
Otro factor importante del fracaso de la privatización de la industria, sigue Petras, “es la desarticulación de todo el proceso de distribución de la electricidad. En las empresas públicas ésta se rige por una cadena planificada, con las empresas privadas esto no sucede. Por ejemplo, varias empresas definieron su propio y particular monto de reservas, invirtieron poco en el mantenimiento de infraestructura y actuaron sin coordinación. El efecto lógico se materializó en serios apagones. Las empresas privadas prefirieron sacrificar al consumidor en aras de mantener altas tasas de ganancias. En California, en el año 2000, antes de la privatización de la energía eléctrica, el precio del megavatio/hora de electricidad era de 30 dólares, para el siguiente año, ya privatizada, el preció aumentó a 38.88 dólares por la misma unidad de uso”.
En síntesis, las firmas corporativas compran las redes de electricidad, extraen ganancias monopólicas, controlan los precios y chantajean a los gobiernos con la amenaza de los apagones; todo con el objetivo de obtener el dominio privado de la electricidad, que conforma, a su vez, el nervio central de cualquier economía, desde la doméstica hasta la manufacturera y la ensambladora.
En este sentido, añade Petras, los países sufren la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas, es decir, una verdadera desnacionalización de sus áreas estratégicas, lo que supone su recolonización.
PD. No es lo mismo, aunque es parecido; ser el patio trasero del vecino, que dar el trasero en el patio al vecino.




