Cumple once años el movimiento social de rechazo a la presa

Yee Trujillo

El 28 de julio de 2003 los comuneros de los Bienes Comunales de Cacahuatepec retuvieron 14 horas a tres funcionarios de la CFE para impedir que siguieran entrando a su territorio para realizar trabajos encaminados a la construcción de la presa La Parota, sin consultar a los dueños de la tierra que serían afectados.
Ese día comenzó el movimiento del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), que acordó defender las tierras, rechazar los planes de la CFE y resistirse a que quiten a los pobladores todo lo que tienen, su historia, su modo de vida, su actividad económica, sus casas, su territorio y el agua del río Papagayo, porque para generar energía la presa inundaría más de 17 mil hectáreas y afectaría a 24 poblados cuyos habitantes serían desplazados.
Desde hace casi 11 años, los campesinos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, y de los ejidos Dos Arroyos y Los Huajes han luchado contra la construcción que la CFE planeaba comenzar a cimentar en 2005 y poner en funcionamiento cinco años después.
Con la asesoría del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, el Cecop ha impugnado cada una de las asambleas que se han realizado para aprobar los trabajos de la CFE y el Tribunal Unitario Agrario (TUA) ha favorecido a los opositores que han demostrado las irregularidades de cada una de las convocatorias y las actas que han sido entregadas por las asambleas, en las que no se ha logrado tener el aval de la mayoría de los comunitarios empadronados en el Registro Agrario Nacional (RAN) y que han sido firmadas por habitantes que no son comuneros.
El 13 de julio de 2012, El Sur informó que dirigentes del Cecop, el Centro Tlachinollan y representantes de organismos de derechos humanos indicaron que el día anterior el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en Acapulco confirmó mediante una resolución la nulidad de la asamblea celebrada el 28 de abril de 2010 en la comunidad de La Concepción, que significaba el quinto fallo en contra de la construcción de la presa, lo que ponía un punto final a la construcción de la presa, evidenciaba irregularidades, vicios y manipulación del gobierno estatal y federal para que los campesinos cedieran el cambio de uso de suelo.
El 18 de abril de 2011 el TUA 41, dentro del Juicio Agrario 360/2010, declaró nula la asamblea, considerando que estuvo afectada de graves irregularidades pues no fue convocada ni realizada conforme a las formalidades previstas en la Ley Agraria: no publicaron las convocatorias en lugares visibles y más de 300 policías impidieron la entrada de los dueños de las tierras y llevaron a personas ajenas al núcleo agrario.
Después de que fuera dictada la resolución, el 6 de junio de 2011 un grupo de ejidatarios promovió una demanda de amparo, la cual se turnó al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito bajo el número de Amparo Directo Agrario 323/2011, pero tras  analizar el caso confirmó la nulidad.

El último comisariado reconocido por el RAN fue Jesús Crisanto Arellano, de la Confederación Nacional Campesina, quien fue nombrado en una asamblea realizada en San Marcos el 25 de junio del 2006, misma que el Cecop desconoció e impugnó porque no todos los comuneros participaron en la elección convocada por 20 comisarios municipales que invitaron a la Procuraduría Agraria y a la Dirección General de Gobernación del estado para que avalaran el proceso.
El anterior presidente del comisariado, Crescencio Jerónimo Aparicio, convocó las tres primeras asambleas para otorgar derechos a la CFE sobre las tierras y dar paso a la construcción de La Parota. Todas fueron impugnadas por el Cecop y anuladas.
La primera asamblea para aprobar los estudios preliminares fue el 25 de abril de 2004 afuera de la comisaría en Cacahuatepec; la convocatoria se acordó con las autoridades estatales el 15 de abril de ese año, siendo gobernador René Juárez Cisneros.
Para legitimar la asamblea se requería la presencia de por lo menos 4 mil comuneros, y la reunión estuvo custodiada por unos 300 policías y duró 12 minutos.
La segunda asamblea convocada para trabajos de la CFE fue el 14 de agosto de 2005 en la comunidad de El Campanario, y se pretendía la expropiación de terrenos.
Para la misma se colocaron vallas metálicas, estuvo custodiada por agentes de la Policía Investigadora Ministerial, policías estatales, antimotines, rurales, Policía Ecológica de Acapulco, Tránsito estatal y empleados de Protección Civil y Bomberos.
Fue la primera ocasión en que los gobiernos estatal y municipal usaron a las policías para impedir los opositores que asistieran a una asamblea en la que se decidiría quitarles sus tierras.
La tercera asamblea se realizó en San Juan Grande, municipio de San Marcos, y en menos de 20 minutos se aprobó lo que no autorizó la anterior, el cambio de uso de suelo de terrenos forestales; afuera nuevamente se tendió un cerco policiaco que los opositores no pudieron romper y no pudieron ingresar.
Resultaron comuneros heridos ante la respuesta que dieron los policías con piedras luego del intento de los opositores de pasar las barreras.

Detención de Suástegui

El 17 de junio de este año el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui, fue detenido en Acapulco y trasladado horas después a la cárcel de La Unión, a donde llegó golpeado y esposado de pies y manos.
De ahí fue enviado a un penal de Nayarit antes de la mañana siguiente sin rendir su declaración preparatoria, en desacato de dos amparos, violando sus derechos y sin poder establecer contacto con los abogados del Centro Tlachinollan.
Unas 300 organizaciones, defensores de derechos humanos, ambientalistas, activistas, académicos e investigadores han pedido su liberación porque consideran que es una criminalización para imponer la presa, además de que sostienen que el gobierno violó sus derechos en un traslado ilegal para impedir su defensa adecuada.
La semana pasada, el 24 de junio, en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro de la ciudad de México, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, reiteró que en la detención hay una clara línea del gobierno federal para debilitar el movimiento opositor e imponer la presa con la prisión de Suástegui Muñoz, sin importar los cinco fallos de tribunales agrarios que les han dado la razón.
El viernes 20 ante integrantes de la Coparmex en Acapulco, el fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, señaló que La Parota debe ser construida, “es una obra que en algún momento se va a hacer, es una obra necesaria, pero tienen que resolverse los problemas de orden social, no se puede proceder de forma arbitraria”.
Dos días antes, en una gira por Chilpancingo para recabar firmas sobre la reforma energética, el candidato a la dirigencia nacional del PRD, Carlos Navarrete Ruiz, justificó la detención del vocero y dijo que “hay proyectos que no se pueden parar”.
Sin embargo, el domingo 22 la senadora y fundadora del PRD, Dolores Padierna Luna, alertó a los luchadores sociales y al Cecop que las leyes secundarias de la reforma energética pretenden legalizar el despojo de tierras, que el gobierno, la CFE y las petroleras no sólo construirán La Parota sino muchos proyectos más y llamó a formar un frente común para impedir su aprobación.