Crece en Xochistlahuaca el descontento indígena ante la imposición de comisarios

 * Denuncian amenazas, agresiones y torturas a simpatizantes del movimiento en defensa de los derechos indígenas

 Maribel Gutiérrez, Xochistlahuaca * En este municipio donde más del 90 por ciento de la población es indígena sigue creciendo el conflicto político derivado del desconocimiento de los derechos indígenas, y de sus usos y costumbres en la elección de las autoridades.

Dos comunidades más: Los Liros y Junta de Arroyo Grande, manifestaron recientemente su apoyo al movimiento indígena que desconoce al ayuntamiento oficial y respalda al gobierno autónomo indígena.

Esas comunidades han tenido conflictos recientes, y se suman al panorama político, marcado por la división: Hay una autoridad tradicional compuesta por siete indígenas; un ayuntamiento oficial encabezado por el PRI; hay 17 comunidades con duplicidad de autoridades (las indígenas y las del PRI); en cinco comunidades hay una sola autoridad que se identifica con las autoridades tradicionales, y sólo en 13 cominidades hay una sola autoridad del lado priísta. 

Los Liros, nueva delegación paralela 

El 18 de noviembre, en la comunidad de Los Liros se instalaron nuevas autoridades paralelas, encabezadas por Evaristo Reyna Macario.

La nueva comisaría se instaló en unos lavaderos que son del pueblo, y es el lugar donde se han reunido los opositores, que son aproximadantente la mitad del pueblo, pues se cuentan de ese lado 429 habitantes de alrededor de mil que viven en Los Liros.

En Los Liros hay un conflicto político desde hace tres años, porque los priístas  han excluido a los opositores. El actual ayuntamiento, encabezado por Manuel Castañeda, ha seguido esa misma política de exclusión de los opositores, y les niega desde los servicios municipales hasta su participación en las elecciones.

“Nos excluyen, por eso ya nos cansamos, Tenemos dos o tres meses pidiendo pláticas con el presidente, pero no nos hacen caso”, dijo el dirigente de esa comunidad, Luis Reyes Florentina.

El 17 de julio, el alcalde impuso al delegado priísta, Sebastián Félix Santiago, sin que hubiera elección, y se hizo un acta falsa. Desde entonces los opositores buscaron el diálogo con el gobierno municipal y estatal para resolver el problema, pero no tuvieron atención. Pusieron de plazo hasta el 15 de noviembre para que se hicieran elecciones reales, pero ese plazo se complió, y su demanda no tuvo respuesta. Por eso ahora tienen una comisaría paralela.

Entrevistado sobre su apoyo a las autoridades tradicionales que cumplieron un año el 20 de noviembre, y despachan en el Palacio Municipal, el dirigente de Los Liros explicó:

“Hace unos días nos enteramos de que aquí en el Palacio Municipal están las autoridades tradicionales, y sabemos que aquí llegan las autoridades de las comunidades que tienen el mismo problema que nosotros, por eso nos sumamos a las autorirades tradicionales”, dijo Luis Reyes Florentina. 

Junta de Arroyo Grande: desconoce el ayuntamiento la elección indígena 

El dirigente de Junta de Arroyo Grande, Rosalino Gómez García, explica que en julio se hizo el cambio de la autoridad, con el método de usos y costumbres, y el pueblo eligió al señor Francisco Néstor  como comisario.

Los comisionados del pueblo vinieron a entregar el acta al ayuntamiento, pero el alcalde Manuel Castañeda no los recibió, y después fue a la comunidad e impuso como comisario a Juan Valtierra.

Lois opositores fueron al Congreso del Estado a llevar un documento para exigir que el presidente municipal respete a sus autoridades.

En respuesta, hace 15 días, la ex presidenta municipal y actual diputada local, Aceadeth Rocha, fue a la comunidad, y con insultos y amenazas despojó del sello original que tenía la autoridad electa por el pueblo.

Después el presidente municipal Manuel Castañeda fue a entregar el sello al señor Juan Valtierra.

El dirigente explica que los indígenas gestionaron diversas obras, como la preescolar, primaria, la casa de salud, la comisaría, y ahora los quieren despojar de las escuelas y la gente del presidente municipal amenazó con despojarlos a golpes de la comisaría.

“Ya nos agredieron a un compañero de nosotros, lo hirieron en la frentem hace menos de 15 días, después de que subió Aceadeth Rocha”, dice Rosalino Gómez García.

Explica que los ciudadanos que defienden los derechos indígenas se agrupan en el PRD y con ellos participan ciudadanos sin partido e incluso algunos del PRI, y del lado oficial, de los que están apoyados por el presidente municipal, está una alianza del PRI y el PAN.

Se temen enfrentamientos en esta comunidad, pues los perredistas están dispuestos a defender a la autoridad que eligió el pueblo.

Planean del 5 al 15 de enero ratificar a su comisario en una asamblea general, lapso en el que deben ser designadas las autoridades, de acuerdo a los usos y costumbres indígenas.

El movimiento indígena en Junta de Arroyo Grande expresó su apoyo a las autoridades tradicionales que despachan en el Palacio Municipal.

El dirigente Rosalino Gómez explicó que los opositores en su comunidad son del PRD, y saben que las autoridades indígenas plantean que son ajenos a los partidos políticos. Sin embargo, él afirma que no hay contradicción, porque dice que la mayoría de la gente de las comunidades que está con las las autoridades tradicionales es del PRD, y coinciden en la lucha por la defensa de los derechos indígenas y contra las imposiciones del PRI. 

La represión como respuesta 

La respuesta oficial del gobierno municipal ha sido la agresión a simpatizantes del movimiento indígena, denuncian los afectados.

El coordinador del Consejo de la Nación Amuzga, Arturo Marcial, señala que hay una agresión constante a los simpatizantes de las autoridades tradicionales, y que la lista incluye amenazas, encarcelamientos con acusaciones falsas, agresiones físicas, y torturas.

Un caso es el de Agapito de Jesús Concepción, de la comunidad de Guadalupe Victoria, que el 13 de septiembre de 2002 fue golpeado y torturado por gente del gobierno municipal que desde 1999 ha estado controlado por la ex alcaldesa y actual diputada local priísta, Aceadeth Rocha Ramírez, prima del actual alcalde, Manuel Castañeda.

Después de que Agapito de Jesús fue golpeado, fue encarcelado, acusado del delito de lesiones, que le fabricaron los priístas, y recientemente fue liberado.

Los hermanos Tranquilino y Delfino Silva Reyes estuvieron también en la cárcel, acusados de lesiones en agravio de un empleado del ayuntamiento, Margarito de Jesús, quien realmente fue el agresor, pues llegó el 28 de junio de este año a la comunidad de Cumbre de San José a agredir a los hermanos que estaban trabajando en la escuela, dijo Arturo Marcial.

Recientemente, el 17 de septiembre de este año, dos mujeres simpatizantes del movimiento indígena fueron agredidas por el síndico, Isauro López Concepción.

Otra agresión fue motivo de una recomendación de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), al presidente municipal de Xochistlahuaca, Manuel Castañeda Ramírez, por la detención ilegal, lesiones y tortura al menor Armando López Valtierra, de 17 años, el 4 de marzo de 2003.

De acuerdo con la queja, Armando López Valtierra se encontraba trabajando en el campo, ayudándole a su hermano Tito López Calixto, cuando llegaron dos policías preventivos quienes amenazándolo con sus rifles lo llevaron a un predio conocido como El Pozo, propiedad del síndico municipal, Isauro López Concepción, quien también se encontraba en ese lugar y lo acusó de haberle robado un rifle.

Los policías y el síndico golpearon al menor, con los puños, con patadas y con las armas, y después lo sumergieron en el pozo, y finalmente se lo llvaron detenido a la cárcel municipal de Xochistlahuaca.

El 6 de agosto, el presidente de la Codehum, Juan Alarcón, recomendó al alcalde que se inicie procedimiento administrativo contra el síndico y los policías que violaron los derechos humanos de Armando López Valtierra, y cometieron detención arbitraria, lesiones y ejercicio indebido de la función pública.

Además, señala la Codehum que es procedente enviar la recomendación al Ministerio Público para que inicie y determine la averigación previa conforme a derecho. Sin embargo, la recomendación no fue cumplida.