Primer año de desencuentros y acusaciones de corrupción

 * La labor de miembros de su gabinete, de Rossana Mora a Jorge Juárez Soto, ha sido también cuestionada

 Aurelio Peláez * Su relación con el PRD ha sido forzada y a veces ríspida; con el cabildo, encontrada y de reencuentros; con el gobierno federal, con sus aristas, o su arista, el caso de la denuncia de la contaminación, y con el estatal, un trato casi terso, salvo el programa de la pensión estatal para adultos mayores y la controversia interpuesta por el caso. El primer año de gobierno de Alberto López Rosas ha distado del todo de ser tranquilo para el hoy presidente municipal, quien llegó con uno de los capitales políticos más altos, con 120 mil votos, casi el doble que los del candidato del PRI, Ernesto Rodríguez Escalona, quien sumó 68 mil.

No obstante, sus conflictos políticos en Acapulco no han provenido del PRI, partido que se ha mantenido como una oposición de bajo perfil. Salvo el caso del desalojo de los comerciantes que invadían la calle Vallarta, desmantelando parte del imperio de la lideresa Dalia Serna, quien no pudo reorganizar una reacción que afectara la gobernabilidad de la ciudad, en su mayoría, los conflictos de Alberto López Rosas han sido internos: con el PRD, por su apuesta por la candidatura de Irma Figueroa a la diputación federal por el distrito 10, y con los regidores perredistas de su cabildo, en particular por su defensa de funcionarios acusados de presuntos actos de corrupción.

El Grupo Juan R. Escudero

El PRD, quien por segunda ocasión llevó a uno de sus candidatos a la presidencia municipal de Acapulco, no ha tenido una actitud de cohesión de todos sus regidores en el periodo de Alberto López Rosas. Eso, al grado de que la mitad de sus ediles formaron el bloque Juan R. Escudero, en alianza con los diputados del PRI, Convergencia, PVEM y del PAN.

La causa de esta disidencia, a la cual por cierto tuvo que parar el mismo Comité Ejecutivo Nacional del PRD, amenazando a los regidores, es, según lo señalaron en su momento regidores perredistas como Wulfrano Salgado Romero y José Luis Morales Torres, la soberbia del alcalde y la falta de capacidad para consensar acuerdos del coordinador de la fracción, el síndico Marcial Rodríguez Saldaña.

Ya de por sí López Rosas cargaba con la inconformidad de perredistas de imponer como síndico a Marcial Rodríguez, pese a no cumplir con los requisitos de elegibilidad, por tener su credencial de elector radicada en Chilpancingo, cuando lo impulsó como coordinador de la fracción. El resultado de su trabajo ha sido puesto en duda, a grado tal que se ha pensado en sustituirlo.

La disidencia efímera de regidores del PRD a las posiciones del alcalde comenzó el 22 de abril, cuando ocho ediles del PRD, seis del PRI, dos de Convergencia y los del  PVEM y el PAN, suscriben un documento para demandar una sesión extraordinaria, inconformes con el bajo presupuesto asignado a la Dirección de Salud municipal. Demandaron entregar diez millones más, solicitud que vetó el alcalde. No obstante, ese mismo día Rodríguez Saldaña y el alcalde lograron que cinco perredistas, los dos de Convergencia y uno del  PRI recularan de su petición de sesión, aunque la inconformidad se mantuvo.

Por petición del alcalde y dirigentes del CEN del PRD, los regidores del PRD fueron obligados a no criticar al gobierno municipal hasta después de la elección del 6 de julio. No obstante, trascendían las diferencias de los ediles con la secretaria de Desarrollo Social Rossana Mora Patiño, quien había sido su coordinadora de campaña. Se le acusaba en lo interno de soberbia, de no atender sus gestiones, de nepotismo y despotismo. Por ello, para la audiencia pública prevista para el 30 de julio en La Mira, los ediles del PRD, al igual que los del PRI y de Convergencia, habían demandado un punto de acuerdo para que se analizara su trabajo, e incluso la posibilidad de la destitución.

En la audiencia, Rossana Mora debía presentar un informe de labores, aunque no se incluyó en la agenda la petición de analizar su desempeño ni la posibilidad de su destitución, además de que al informe, la funcionaria llevó porras y grupos de apoyo. Los regidores aguantaron esa ocasión y se conformaron las bases del grupo plural Juan R. Escudero. No obstante, comenzaron a denunciar las irregularidades, como los dudosos cobros que hacía en la unidad deportiva de Ciudad Renacimiento su directora, Ambar Gómez, que no reportaba a la Secretaría de Finanzas, y la contratación de familiares de su esposo en la secretaría de Desarrollo Social, además del hostigamiento a directores de área, como al de la Juventud, Juan Ibarra, y posteriormente a la de Cultura, Aída Espino. A ambos los destituyó.

Los regidores disidentes de la fracción promovieron entonces una sesión de cabildo extraordinaria para el 12 de agosto, en donde como punto principal se trataría la destitución de Rossana Mora Patiño. López Rosas dijo que de acuerdo a la legislación municipal sólo el alcalde puede proponer o destituir funcionarios, por lo que convocó a votar el punto de acuerdo, perdiendo su posición la votación, por lo que suspendió la sesión.

Un día después, el grupo disidente del PRD, los del PRI, el del PVEM y el del PAN, formaron el grupo Juan R. Escudero, un bloque de 15, que por dos votos ganaría la votación en el cabildo. El grupo siguió demandando la destitución de Rossana Mora, ahora por irregularidades en el manejo de la Tarjeta Ama. En el círculo cercano del alcalde, como en abril, se afirmó que en ese movimiento inconforme hay intereses “del 2005”, es decir, que lo veían como potencial candidato a la gubernatura y pretendían cerrarle el paso; también, se insinuaba que tras ellos estaba el ex alcalde Zeferino Torreblanca, porque entre los críticos de López Rosas estaban el síndico Fernando Donoso y el regidor Rubén Padilla, ambos frenteciviquistas.

El bloque de los 15 se reunió el 14 de agosto con el alcalde y le criticaron la forma “autoritaria” de gobernar; le insistieron en destituir a Rossana Mora, petición que se dijo que había aceptado López Rosas. Acordaron dialogar para reestablecer la normalidad democrática. La dimisión de la secretaria se daría en los ocho días siguientes.

No obstante, en reunión ya solo con los regidores perredistas, dos días después, y dándose por hecho que el CEN del PRD intervendría en el conflicto, López Rosas cambió su postura y regañó a los perredistas, encuentro en donde les recriminó aliarse con el PRI. Hubo advertencias incluso de que podrían ser expulsados del partido.

El lunes 18 de agosto se reanudó la sesión suspendida del 12, con el acuerdo previo del 14 de agosto, según ediles del Juan R. Escudero, de destituir a Rossana Mora, aunque el alcalde envió la petición a la contraloría interna, cuyo titular, Esteban Célis, el lunes 25, decidió que la funcionaria no había cometido ninguna irregularidad y la ratifica en el cargo.

En la siguiente sesión del 29 de agosto, el grupo ratificó su posición de someter a cabildo el desempeño y cese de la secretaria de Desarrollo Social, tema al que el alcalde no accedió y entonces la sesión se suspendió nuevamente. Luego, la sesión se reanudó y por tres horas se discutió la introducción del punto en el orden del día, el cual abortó el alcalde con apoyo de regidores incondicionales, por lo que el Juan R. Escudero salió de la sesión, aunque esta logró concluirse.

El 3 de septiembre tuvo que venir el presidente del CEN del PRD, Leonel Godoy Rangel, a desactivar la inconformidad de los regidores de su partido con López Rosas, así como el secretario general, Carlos Navarrete, encuentros en donde se habló de amenazas de expulsión y sanciones a los ediles disidentes. El CEN dio su respaldo al presidente municipal de Acapulco (oficialmente se vino a una sesión como parte de una visita a los estados), y de paso se pidió al gobernador no afectar a los gobiernos municipales perredistas.

El jueves 4, en la siguiente sesión oficial de cabildo, se retiraron los regidores de una sesión extraordinaria de hermanamiento de las ciudades de Acapulco con Boca del Río y Veracruz, al señalar que la sesión del 29 de agosto no se había concluido. Pero esta vez sólo salieron los del PRI, PAN, PVEM y Convergencia. Todos los del PRD se quedaron y con ello se dio fin al bloque Juan R. Escudero, que oficialmente existió por unos 20 días. También se quedó Rossana Mora.

La contaminación en las playas

El martes 8 de abril, en el ayuntamiento trascendió que la Semarnat cerraría las playas de Caleta y Caletilla por rebasar los límites de contaminación por coliformes fecales. Se dijo que el anuncio lo haría el titular de la Semarnat, Víctor Litchinger, en conferencia de prensa en la ciudad de México, la víspera del inicio del periodo vacacional de Semana Santa. Un funcionario estatal informó a López Rosas que la secretaría colocaría el miércoles las banderas rojas y le invitó a hacer un frente con el gobernador René Juárez.

Ese miércoles, en la ciudad de México, Litchinger confirmó la versión y señaló que según monitoreos de la dependencia a las aguas, estas playas representaban un peligro sanitario, y dijo que en la misma situación se encontraba la playa Canal de la Boquita, en  Zihuatajeno. Se dijo que se colocarían banderas rojas para advertir del riesgo a la salud a los bañistas.

Esa misma tarde, López Rosas calificó la información como “inoportuna” y “poco responsable”; se dijo respetuoso de la información del gobierno federal aunque afirmó que Acapulco no era nada más dos playas. No obstante, al día siguiente encabezó una reunión con empresarios de turismo y funcionarios del ramo, para acordar una campaña para revertir la información de la Semarnat. En ella, se pediría a la dependencia federal que explicara cómo se determinó la contaminación de las playas.

Dos días después, el domingo, López Rosas, su gabinete e invitados fueron a playa Tlacopanocha, en donde en los hechos, metiéndose a dar el chapuzón, asumieron la limpieza de las playas. Eso fue un domingo, el sábado anterior, en un acto del que sólo se conoció por comunicados de prensa y fotos de la dirección de Comunicación Social, el gobernador hizo lo propio en Caletilla. A la par, en dichos balnearios aparecieron letreros que certificaban como Mar Limpio a dichas playas, y el alcalde no descartó demandar a quienes consideraban un “riesgo sanitario” estos sitios, aunque el Ayuntamiento se deslindó de la colocación de los anuncios.

Víctor Litchinger, entrevistado en Puebla, llamó a gobernadores y a alcaldes a no atentar contra la salud de los turistas y dijo que no le preocupaban las demandas, en tanto que López Rosas anunció que buscaría al presidente Vicente Fox para quejarse.

La presión empujada por el alcalde y el gobernador obligó a la Semarnat a ceder, anunciando el miércoles 16 que no colocaría las banderas rojas en las playas para no poner en riesgo a sus inspectores, aunque comentó que el gobernador René Juárez conocía del anuncio que se haría sobre riesgo sanitario, en tanto que el ejecutivo estatal alardeaba: no despierten al Guerrero bronco. Así, la Semarnat ofreció una especie de tregua y en tanto dejó correr el puente de Semana Santa, anunció que haría un nuevo monitoreo, hasta ahora poco concluyente sobre el estado de salud de las playas.

Dos meses antes, el 17 de febrero, reacciones de René y López Rosas habían provocado la destitución del delegado de la Profepa Inocencio León Pineda, luego de qué también había presentado informes acerca de la presunta contaminación de playas: “Que se largue el delegado”, dijo el gobernador, al afirmar que esas declaraciones afectaban a la economía de Acapulco. Esa acusación fue secundada por López Rosas.

La tarjeta AMA

A mediados de abril, el Ayuntamiento de Acapulco interpuso formalmente un juicio de controversia constitucional en contra del gobierno estatal por el programa Pensión Guerrero, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Desde el anuncio del programa por el gobernador René Juárez, en febrero, López Rosas había insistido que el ayuntamiento debería participar en la coordinación del mismo. No obstante, el gobierno del estado comenzó a entregar la Pensión Guerrero durante los primeros días de marzo. A este programa se destinó un presupuesto de 120 millones de pesos, de los cuales 60 millones se aplicarían en Acapulco.

Ya en meses de campaña, el gobernador René Juárez señalaba que el programa no tenía tintes partidistas, y luego, en Iguala, al entregar los primeros recursos (400 pesos a cada beneficiario), el ejecutivo estatal dijo que si los ayuntamientos querían participar en este proyecto, que destinaran sus propios recursos.

No obstante, el juicio de controversia –que le fue notificado el 24 de abril al gobierno del estado- no fue bien recibido por éste, que a través de un comunicado de prensa desacreditó, al señalar que con ese juicio “la Presidencia municipal de Acapulco pretende que se declare inconstitucional (a Pensión Guerrero) y por consecuencia la suspensión o cancelación de este beneficio social”.

En el comunicado del gobierno del estado se indicó que “el argumento esgrimido por el Ayuntamiento es el de no aparecer en todos los documentos relativos al programa, lo que se traduce en un pretendido culto a la personalidad, sin tomar en cuenta los beneficios que significa para los adultos mayores que habitan en ese puerto”.

El programa se aplicó además en los municipios de Chilpancingo, Iguala, Taxco y Zihuatanejo.

Según el comunicado estatal, los recursos de la Pensión Guerrero fueron aprobados por las fracciones de todos los partidos, “incluida la del PRD”, y que por tanto contaba con la normatividad legal y constitucional. Calificó la pretensión del Ayuntamiento porteño de “infundada”. Antes, hubo intercambio de acusaciones entre el secretario de Desarrollo Social estatal, Heriberto Huicochea, y la de Desarrollo Social municipal, Rossana Mora.

No obstante, en mayo, el gobierno municipal anunció el inicio de su propio programa de pensiones a adultos mayores, el programa Tarjeta AMA, al que se dijo destinarían 8 millones de pesos. El programa fue presentado el 11 de junio, y López Rosas informó que la pensión –400 pesos mensuales– se entregaría en la primera quincena de junio, “después de las elecciones”.

En septiembre de este año, durante la tercera entrega de la pensión estatal, el coordinador estatal de Pensión Guerrero, Isaac Ocampo Fernández, comentó que el Ayuntamiento de Acapulco no tendría la capacidad para otorgar las 13 mil pensiones que entrega el gobierno del estado a adultos mayores en Acapulco, en caso de que, dijo, la Suprema Corte de Justicia le ordenara suspender el programa. Explicó que el municipio “apenas podría cubrir el 20 por ciento de lo que cubrimos. Sería una lástima, sería una tristeza para todas esas personas que en caso de que la controversia (fuera) a favor del ayuntamiento, se tuviera que suspender ese pago”, como dando por sentado que el gobierno estatal, en caso de perder el juicio, no se coordinaría con el municipio.

Irma Figueroa, candidata del PRD

El viernes 4 de abril el Comité Ejecutivo Nacional del PRD determinó que la candidata de ese partido a la diputación federal por el distrito 10 de Acapulco sería la empresaria Irma Figueroa Romero. Dentro y fuera del PRD se asumió que Alberto López Rosas había decidido jugarse su capital político para colocar como candidata a su suplente en la presidencia municipal.

Entre los perredistas, se acusó que López Rosas había cabildeado con integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de su partido para imponer a Figueroa Romero como candidata; dirigentes de otros partidos señalarían en los siguientes meses previos a la elección del 6 de julio, que durante la campaña había distracción de recursos públicos y humanos para apoyar a la candidata.

Irma Figueroa, propietaria de un laboratorio de análisis clínicos, era prácticamente desconocida en la política, hasta antes de que López Rosas la propusiera como su suplente en la planilla de presidente municipal. Su aparición en una gira del gobernador René Juárez, el 7 de febrero por Xaltianguis, Kilómetro 42 y Piedra Imán, acompañando al alcalde, fue un mensaje a sus compañeros de partido: López Rosas se apretaba a jugársela para colocar como candidata federal a la principal responsable del financiamiento de sus campaña.

La aparición de Irma Figueroa se daba dos días después de que el Consejo Nacional del PRD determinara que en Guerrero no hubiera elección interna para definir las candidaturas, y estas se determinaran por una encuesta.

Al principio, quienes ya hacían precampaña en PRD desde diciembre del 2002 por el distrito 10, entre ellos Carlos Alvarez y Benjamín Sandoval, principalmente, no previeron la participación de la empresaria en la contienda interna, aún cuando ya había un debate sobre el método de designar candidato. El primero, ex dirigente del Frente Cívico de Acapulco, apostaba por la consulta; el segundo, cercano a la corriente del MDS, pugnaba por la encuesta.

En marzo comenzó a aparecer intempestivamente en televisión y radio publicidad de precampaña de Irma Figueroa, lo que obligó a la ya decena de aspirantes a la candidatura, principalmente a quienes insistían en que la selección de candidato debería ser en una consulta, a invitarla a las reuniones de precandidatos. La empresaria sólo acudió a una reunión. Después, ya no fue a ninguna.

A mediados de marzo, los precandidatos acordaron entonces realizar su propia encuesta, que encargan al ex director de la Facultad de Matemáticas, Efrén Marmolejo. Este entregó los resultados al CEN del PRD, quien los ignoró –aunque es sabido que sí conoció sus resultados– y ordenaron otra encuesta, a partir de la cual se designó a Figueroa Romero como candidata.

Se supo además que Figueroa Romero no ganó la encuesta, sino que se decidió designarla a partir de la cuota de género (al igual que a Rosario Herrera en el distrito 09), para cubrir al menos el 30 por ciento de las candidaturas a mujeres en Guerrero. El que no se conocieran los resultados de la muestra, le valió la crítica de precandidatos a López Rosas de que estaba detrás de la imposición de esa candidatura, con apoyo de la entonces presidenta del CEN del PRD, Rosario Robles.

En campaña, el alcalde fue objeto de la crítica del senador Héctor Vicario, coordinador de la campaña priísta en Acapulco, y de Luis Walton, candidato del distrito 10 por el partido Convergencia, quienes lo acusaron de que usaba los recursos del municipio para respaldar a Figueroa Romero.

Se citó el caso de funcionarios municipales en campaña: el secretario particular de la presidencia, ex secretario privado de López Rosas, pidió licencia para coordinar la campaña de Irma Figueroa. Tan pronto pasaron las elecciones, regresó al cargo; el subdirector de Catastro –con licencia–, Francisco Luna, como dirigente del Movimiento Ciudadano de Acapulco, fue promotor inicial de la candidatura; Alfredo Campaña, director, y Ramón Silva subdirector, a pesar de no tener nada que ver con el Partido del Trabajo, le organizaron un acto de apoyo por ese partido; al síndico Marcial Rodríguez se le denunció ante el IFE por enviar regalos a un acto con maestros presidido por Irma Figueroa, y dos de los subcoordinadores de la campaña, Allam Alba Arguello y José Salgado Benítez, son ahora asesores del alcalde.

El 6 de julio, la candidata del PRD ganó la elección, aunque el saldo interno fue que el alcalde quedó enfrentado con personajes destacados del PRD, como el ex presidente estatal, Eloy Cisneros Guillén, quien dijo que posiciones asumidas por el edil –quien hace dos semanas les reclamó que no siquiera votaron por él– sin duda le afectarán en sus futuras aspiraciones políticas.

La familia

Las acusaciones de corrupción y nepotismo a los cercanos al presidente municipal también han sido parte de la nota durante el año que lleva en la administración municipal.

El 21 de junio, trabajadores del DIF municipal realizaron un plantón en donde denunciaron el nepotismo existente en la institución.

Afirmaron que el director del DIF municipal, Federico López de los Reyes, era familiar del alcalde, y además contrató como coordinadora de Recursos Humanos a su hermana Julieta. En el plantón, acusaron a ambos de despotismo en el trato a los trabajadores, y de promover despidos ilegales. Explicaron además que un hermano del alcalde, Alfredo López Lechuga, fungía como secretario particular de la presidenta del DIF y esposa de López Rosas, María Eugenia Díaz, y que una de sus hermanas trabajaba como asesora. Aunque se pidió al alcalde la destitución de Federico López, esta no se dio.

Posteriormente, en conferencia de prensa, el perredista Pablo Morales también habló de corrupción entre los funcionarios familiares del alcalde, y explicó que Alfredo López Lechuga se apoderaba de los ingresos por el servicio de baños públicos en diversas instalaciones municipales, además de haber una decena de familiares del alcalde en puestos directivos, entre ellos el secretario particular de la presidencia, Oscar López, quien era su sobrino. Un hermano de éste, dijeron, es además asesor jurídico.

Durante todo este año, un funcionario sobre quien se han señalado presuntos actos de corrupción, es el secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Jorge Juárez Soto, lo que incluso ha llevado a la destitución del subdirector de Desarrollo Urbano, Gabriel Nieto López, quien presuntamente habría recibido a nombre del titular de la dependencia, un cheque por 45 mil pesos a cambio de autorizar una licencia de construcción. No obstante, también ha habido quejas por otros cinco casos de otorgamiento de licencias de construcción irregulares.

Otro caso es el del subdirector de Catastro Francisco Luna Dorantes, actualmente con licencia para aclarar una denuncia del ciudadano Eloy Montero por la tala de árboles en Villas Condesa, por el rumbo de Cañada de los Amates.

Este denunció ante los medios que el funcionario municipal habría recibido cuatro predios a cambio de prestar maquinaria del municipio para la apertura de un camino al nuevo fraccionamiento.