Debe cumplirse la resolución de la Corte sobre los magistrados destituidos: René

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * El gobernador René Juárez Cisneros dijo ayer que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de dos magistrados y una juez de quienes pide su reinstalación, “es una muestra fehaciente de que vivimos en un Estado de derecho” y recomendó a los destinatarios cumplirla.

Por su parte el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Raúl Calvo Sánchez, calificó de “absolutamente ignorantes de lo que es una controversia constitucional” a quienes han opinado que con la resolución, los dos magistrados y la juez recibirán también los salarios que no recibieron durante más de dos años que estuvieron suspendidos.

Señaló que lo que tienen que hacer ahora los destinatarios de esa resolución es cumplir con ella, “como una muestra de congruencia de que nosotros queremos vivir y seguir viviendo en un Estado de derecho”.

“Es una consolidación indiscutible de las instituciones de este país y me parece que todos tenemos que ubicarnos en este Estado de derecho, y las instancias que tengan que cumplir esa determinación, tendrán que hacerlo en los tiempos y términos que así haya establecido la Suprema Corte”, dijo René Juárez.

Por su parte Calvo Sánchez informó que hasta este miércoles no había recibido la notificación oficial de la Suprema Corte, a tres días de que resolvió que los magistrados Miguel Maya Manrique y Jesús Martínez Garnelo, así como la juez María del Pilar León Flores deben ser reinstalados por el Congreso local que los destituyó mediante un juicio político el 23 de agosto de 2001, al ser acusados por dejar en libertad al secuestrador Carlos Alberto García Castro, miembro de la banda de Pedro Barragán que secuestró a Javier Ibáñez Reyes, hijo del empresario gasolinero Javier Ibáñez.

Calvo Sánchez dijo que espera que la próxima semana les llegue en el Tribunal la resolución de la Corte.

Sin embargo señaló que se está mal interpretando la resolución de la Corte e incluso calificó de “absolutamente ignorantes de lo que es una controversia constitucional” a quienes han opinado que los magistrados deben ser reinstalados e incluso que deben recibir los salarios que no percibieron durante los más de dos años que estuvieron suspendidos.

Ello porque explicó que “el fallo de la Corte sólo resuelve una cuestión de carácter competencial desde el punto de vista constitucional, y no resuelve cuestiones de ninguna persona, así sea servidor público o haya sido magistrado o jueza; lo que resuelve es una cuestión de carácter de competencias entre el Legislativo y el Judicial, nada más”, explicó el magistrado.

Dijo además que la controversia “no fue por salarios ni por las personas de los ex magistrados y de la jueza, es una cuestión constitucional y la Constitución dice qué es lo que le compete a cada poder, cuáles son sus atribuciones, en qué se reduce su actividad y eso es lo que resolvió la Corte”, y agregó que los salarios “ni siquiera están siendo materia de esa controversia. Seríamos no conocedores del derecho hacer ese planteamiento”.

Sobre el mismo asunto también se le pidió su opinión a quien se desempeñaba como presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local cuando se entabló el juicio político en contra de los dos magistrados y la jueza, Héctor Apreza Patrón, quien rechazó que, en su momento, los diputados de la anterior legislatura, hayan invadido esferas de competencia.

“No hubo ninguna invasión de competencia, siempre fuimos respetuosos. En su momento actuamos conforme a derecho. La decisión que tomamos, que fue por unanimidad de los diputados de la 56 legislatura, fue actuando conforme a derecho y representando a los intereses del pueblo de Guerrero”, señaló Apreza Patrón, quien ahora es presidente estatal del PRI.

Explicó que la resolución del Congreso local fue con base en que el Poder Legislativo es el órgano bajo el cual concurren los otros dos poderes públicos, incluido el gobernador, a tomar protesta para poder ejercer el cargo correspondiente, y que, en ese sentido, el Congreso cuando les toma la protesta les otorga un voto de confianza para poder realizar sus funciones, “y la soberanía popular decidió retirarles (a los magistrados y a la jueza) la confianza que ella misma les había depositado porque a juicio de la 56 legislatura la denuncia en su contra tenía una base”.

Por ello el actual dirigente estatal del PRI dijo que ahora sigue defendiendo la postura que asumieron en agosto del 2001 los legisladores “porque lo hicimos conforme a derecho, representando a los intereses del pueblo de Guerrero”.