Ordena la Corte reinstalar a magistrados destituidos por el Congreso del Estado

 * En cinco días deberán reinstalar en sus cargos a los magistrados Martínez Garnelo, Maya Manrique y la juez León Flores, y pagarles salarios caídos * Se comprueba que el Congreso invadió funciones, dice el presidente del TSJ, Raúl Calvo

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo Magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado calificaron como “un acto de justicia” la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordenó reinstalar en sus cargos a dos magistrados y a una juez que habían sido desaforados de sus cargos por el Congreso local al ser acusados de violación a la ley de responsabilidades de los servidores públicos.

Los magistrados Miguel Maya Manrique y Jesús Martínez Garnelo, así como la juez María del Pilar León Flores fueron destituidos de sus cargos por el Congreso local mediante un juicio político que solicitó el empresario gasolinero Javier Ibáñez Sandoval (asesinado en 2002) quien acusó a los magistrados y a la juez de haber dejado en libertad al secuestrador Carlos Alberto García Castro, alias El Calilla, que participó en el secuestro de su hijo Javier Ibáñez Reyes.

Maya Manrique y Martínez Garnelo, así como la juez León Flores fueron desaforados el 23 de agosto del 2001 y también fueron inhabilitados por el Congreso local para ocupar cargos durante 10 años en el caso de los magistrados y seis para la juez.

Ayer, al conocer la resolución de la Suprema Corte que resolvió revocar el desafuero de los dos magistrados y la juez, el magistrado Luis Camacho, presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, indicó que “es un acto de justicia y se comprueba que los diputados locales invadieron un ámbito de competencia constitucional”.

Con esta resolución los dos magistrados y la juez deberán recibir salarios y aguinaldos por un millón 372 mil pesos a cada uno, toda vez que un magistrado en Guerrero percibe 54 mil pesos al mes, menos los impuestos, gana 47 mil.

Mientras tanto la juez, María del Pilar León Flores quien igual que los dos magistrados fue inhabilitada del cargo el 23 de agosto del 2001, el Congreso del Estado le pagará 505 mil pesos de salarios y aguinaldos; “el Congreso los corrió y el Congreso local deberá pagarles sus salarios caídos”, dijo otro magistrado.

Por su parte el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Calvo Sánchez recordó que fue el pleno del Poder Judicial el que interpuso una demanda de controversia constitucional ante la SCJN para solicitar la restitución de los dos magistrados y la juez.

Dijo: “Ya esperábamos que esta resolución fuera en ese sentido ya que nuestra demanda de controversia constitucional que interpusimos ante la Corte estaba debidamente fundamentada”.

Camacho Castañón recordó que cuando el Congreso local aprobó la destitución de los dos magistrados y la juez, el Tribunal Superior de Justicia dijo en ese momento que los diputados estaban invadiendo una competencia, “y ahora se comprueba eso con la resolución que emitió la Corte”.

Recordó que “nosotros le hicimos saber a los diputados que el Congreso local no puede examinar la competencia de los magistrados”.

Y añadió que la resolución que aprobó este martes la Suprema Corte de Justicia, “es un acto de reconocimiento a las instituciones del país”.

Indicó que ahora lo que sigue es que el Congreso del Estado cumpla esa resolución aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ello porque en la resolución se ordena al Congreso para que en un plazo no mayor de cinco días reinstale en sus cargos a los dos magistrados y a la juez.