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Sabía de las irregularidades en Cochoapa pero no las atendió por el conflicto en la CRAC, dice Eliseo

*No intervendrá en la marcha que convocó para hoy la casa matriz, pero en otro momento van a detener a los involucrados en el homicidio del policía comunitario de Cuajinicuilapa, advierte

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El líder de la Casa de Justicia paralela a la matriz de San Luis Acatlán de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Eliseo Villar Castillo se deslindó del coordinador de Cochoapa, Ometepec, David Bracamontes Chona, detenido por el sistema de justicia comunitario por pedir dinero a cambio de la libertad de presos en proceso de reeducación.
Por telefóno aceptó que ya había quejas sobre su actuación en contubernio con la consejera  Hilaria Peñaloza Alvarado, dijo que no se revisaron antes los señalamientos por el conflicto con el grupo de la CRAC que encabeza Abad García García, las gestiones ante el gobierno del estado y los trabajos de seguridad y justicia de San Luis Acatlán.
Subrayó que quienes lo relacionaron con la exigencia de dinero lo hicieron porque Bracamontes Chona les dijo que la mayor parte era para Villar Castillo como una forma de presión, pero afirmó que no estaba enterado.
De la marcha que convocó el bloque contrario de la CRAC para hoy en San Luis Acatlán, dijo que su Policía Comunitaria se va a mantener concentrada en las oficinas en las que opera para no caer en provocaciones. No obstante, van a observar la actitud de los manifestantes.
El controvertido líder de la CRAC confirmó que en la asamblea microrregional del viernes en Cochoapa, municipio de Ometepec, se ordenó la detención del coordinador que se someterá a un proceso de investigación, y de resultar culpable será reeducado.
Aceptó que ya habían recibido muchas críticas de Bracamontes Chona por su trabajo al frente de la Casa de Justicia, pero en mayo, en una reunión con los cuatro coordinadores de Cochoapa le pidieron que los dejara trabajar con independencia, como lo establece el reglamento.
“Les pedí que hicieran las cosas bien, les marqué sus errores, los exhorté para que se reubicaran y no lo hicieron así, siguieron cometiendo muchos errores mientras en San Luis Acatlán continuaban los problemas de división interna”.
Recordó que lo atacaron y dijo que se salió con un grupo de la Policía Comunitaria de la casa matriz “para evitar un enfrentamiento a balazos”, y envió a ocho personas que tenía en reeducación a la Casa de Justicia de Cohocapa.
Precisó que seis fueron acusados de violación y dos eran contadores que defraudaron a la casa de empeño Soluprenda por más de 5 millones y Bracamontes negoció, sin consultarlo, la liberación de todos.
Expuso que una parte de los detenidos eran de la Casa de Justicia de Espino Blanco que habían intercambiado con la paralela de San Luis Acatlán, por lo tanto no había razón para determinar su libertad. Esa decisión le correspondía a Espino Blanco.
De la responsabilidad de todos los coordinadores de las irregularidades ocurridas en la casa de Cochoapa aclaró que el reglamento interno establece que si dos de cuatro coordinadores en la Casa de Justicia consideran que existen condiciones para liberar a una persona pueden autorizarlo. En estos casos, Bracamontes contó con el apoyo de la coordinadora Hilaria Peñaloza.
Consideró que esa Casa de Justicia, que él promovió e inauguró para que se conformara en diciembre, no conoce la dinámica de organización de la CRAC.
Mencionó que Cochoapa es un pueblo indígena, con localidades amuzgas, mixtecas y de pueblos afros que tienen los mismos derechos.
De la marcha de la casa matriz aseguró que su plan es estar de “resguardo” en la casa de justicia donde opera su grupo, “no vamos a caer en la provocación de ellos”.
Insistió en que la casa que encabeza Abad García tiene doce comunidades con Policía Comunitaria, que son minoría y quienes están aplicando seguridad y justicia en San Luis Acatlán son los de su grupo de la CRAC-PC.
Aunque habrá una tregua este domingo, aseguró que en otro momento y cuando tengan la oportunidad van a detener a dos coordinadores y a los involucrados en el homicidio del policía comunitario de Cuajinicuilapa.
Para resolver este conflicto interno, opinó que la única salida es que el gobierno federal y el estatal intervengan, “a estas alturas ya no pueden ser considerados como CRAC-PC, son un grupo organizado armado que sólo usurpan funciones. Están en su derecho de organizarse, pero como otra organización”.
Pidió que los desarmen porque después del asesinato de su compañero ya no puede haber diálogo. No descartó que si las autoridades no intervienen podría haber un enfrentamiento.

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