Dan a Suástegui dos nuevos cargos, por lesiones y despojo, informa Tlachinollan

*La exigencia principal es su regreso a Guerrero para que pueda tener acceso a una defensa equitativa, plantea el abogado Vidulfo Rosales ante la asamblea del Cecop. Se ventila un amparo que demanda el traslado, informa. Con estas últimas suman cuatro órdenes de aprehensión en contra del vocero de los opositores a la presa La Parota

Carlos Moreno A.

Otras dos causas penales por lesiones y despojo fueron notificadas en contra del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, recluido en un penal federal en Nayarit, informó abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.
Asimismo, Rosales Sierra presentó una propuesta tras una “análisis con abogados de Tlachinollan” donde la estrategia principal es la exigencia para el regreso de Suástegui Muñoz a un penal en Guerrero y tener una defensa en condiciones equitativas.
Con estas últimas dos, son cuatro las órdenes de aprehensión en contra de Suástegui Muñoz, la primera fue por homicidio en tentativa que fue reclasificada a lesiones agravadas, donde en el expediente está como agraviados Teodora Valeriano Marcos y Juana Bailón Dorantes, bajo la causa penal 64-2/2014.
Suástegui Muñoz y Palma Tornez junto con otros siete opositores a La Parota son acusados de participar en una balacera y atentado en contra de las tres agraviadas antes mencionadas y Domingo Bailón, en la comunidad de Parotillas el pasado 4 de abril, donde detuvieron a cinco personas tras una emboscada contra policías comunitarios.
La segunda orden es por robo calificado que fue puesta por Humerto Marín dueño de la gravillera Kimbar y está radicado en la causa penal 110/2014-I, en el Juzgado Décimo Penal en Acapulco con el juez Adolfo Van Meeter, con el exhorto 87/2014 girado para el Juzgado Primero Penal de Tepic Nayarit al juez Nicolás Ballesteros Villagrana.
En la asamblea dominical del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) en el poblado de La Concepción, Rosales Sierra explicó a los comuneros el proceso legal contra Suástegui Muñoz.
Informó que al vocero del Cecop la semana pasada le notificaron otras dos causas penales, una por el delito de lesiones y otra por despojo simple y será hoy o mañana cuando el juez resuelva la situación jurídica si dicta auto de formal prisión o libertad a Suástegui Muñoz.
Por la acusación de lesiones, dijo el abogado, la denuncia fue presentada por Humberto Marín Molina y está en el juzgado quinto  por la Gravillera Kimnar, que se deriva de la averiguación TAB/SC/04/0063/2014 del 28 de enero, cuando el propietario de la gravillera que extrae material pétreo en el río Papagayo, denunció ante el MP a Suástegui Muñoz por el bloqueo que realizó un día antes en la comunidad de La Concepción y que impidió el paso de sus vehículos a las instalaciones.
Ahí, dijo Rosales Sierra, la constancia de posesión que tiene Marín Molina es ilegal, “no debió ser expedida por el comisariado, no tiene valor jurídico, porque debió darla la asamblea de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, debió autorizarlo como comunero para poder darle un acta de posesión”.
Pero prevé que esta acusación “se va caer y no tiene valor. Por explotación de la grava, 180 mil pesos mensuales le paga al comisario del poblado de Parotillas, anual”, según en el expediente, dijo el abogado.
Afirmó que el ningún comisario del poblado de Parotillas está facultado para firmar convenios “el único que puede firmar convenios de explotación de material pétreo o de ocupación de tierras en los Bienes Comunales es la asamblea general, a través de su comisariado de los Bienes Comunales”.
Por el delito de lesiones, la causa está radicada  en el juzgado noveno, y se deriva de una denuncia que fue puesta por el comunero Jacinto Solís Vázquez, pero Rosales Sierra dijo que “no hay elementos en contra de Marco Antonio, porque ni estaba en ese momento, estaba en otro lado, de eso hay pruebas”.
Dicha denuncia la presentó Solís Vázquez porque el 28 de abril, el vocero del Cecop y otras 15 personas habían secuestrado a su nieto de 17 años Brandon Melchor Solís en una camioneta roja propiedad de Nemesio Valeriano, mientras que Suástegui Muñoz viajaba en otra vehículo.
El abogado explicó en la asamblea que por todos los delitos como lesiones agravadas, despojo y lesiones e incluso ataques a las vías de comunicación (pero cuenta con un amparo y la denunciante es la sociedad agraviada, con la averiguación previa TAB/FRZA/025/2013, por la protesta en la comunidad de Salsipuedes, donde bloquearon el camino que lleva a las instalaciones de la planta de captación Papagayo II el 19 de septiembre del año pasado), “estos delitos se van a caer y los abogados de Tlachinollan tenemos una estrategia”.
Dijo que la acusación que está complicada “porque es grave de acuerdo a la ley” es la de robo calificado, porque el vocero del Cecop no puede obtener una fianza.
En la asamblea, Rosales Sierra presentó una propuesta a los comuneros tras un análisis del consejo de Tlachinollan el viernes, y se determinó, “que lo principal y la estrategia debe centrarse en la exigencia del regreso de Marco Antonio a un penal de Guerrero, porque su estancia  allá es ilegal, el traslado es ilegal y porque su permanencia impide  realizar una defensa en condiciones equitativas”.
Dijo que para este regreso hay un amparo en el Juzgado Tercero de Distrito “que se está ventilando y el 17 de julio será la audiencia, ahí se van aportar pruebas y alegatos las partes de nosotros y del gobierno”, donde, dijo, el juez determinará si el traslado de Suástegui Muñoz fue ilegal o no, pero el abogado confió en que “el juez tiene elementos para resolverlo así”.
Rosales Sierra explicó a los comuneros que apenas le están notificando las ordenes de aprehensión a Suástegui Muñoz junto con los abogados “apenas inicia el proceso,  no podemos adelantar y decir, ya se va a quedar allá 30 años, no, apenas esta iniciando el proceso,  no hay una sentencia”.
Sobre la visita el martes de diputados federales con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, el abogado dijo que los abogados de Nestora Salgado García, del despacho jurídico de Gómez Mont, fueron los interlocutores, y Tlachinollan “después hicimos contacto con este grupo de diputados y le hicimos saber bueno sería que se incluyera el caso de Marco Antonio en ese dialogo con el gobierno, y nos dijeron que sí”.
En dicha visita Aguirre Rivero se comprometió a liberar por la vía política a los luchadores sociales, entre ellos los dirigentes de la Coordinadora Regional de Autori-dades Comunitarias (CRAC), Nestora Salgado García, Gonzalo Molina González y Arturo Campos, así como del vocero de los opositores a la presa La Parota, Marco Antonio Suástegui Muñoz.
Dijo que incluso los diputados invitaron a los defensores de Suástegui a dicha reunión con Aguirre Rivero pero consideraron no prudente asistir “porque las relaciones están tensas y no es bueno ir a sentarnos a una mesa de diálogo con el gobierno, si nos está golpeando, pero les dimos toda la información”.
En la asamblea, los coordinadores junto con Rosales Sierra acordaron que durante la semana visitarían  26 poblados  de los Bienes Comunales para invitar a los pobladores a la marcha estatal del próximo domingo como parte de la jornada nacional de movilizaciones de un mes, con cuatro demandas: la liberación del vocero Marco Antonio Suástegui Muñoz, el rechazo a la presa La Parota, no más detenciones de luchadores sociales y la salida del Ejército y corporaciones policiacas de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
Dicha marcha será en la carretera federal Pinotepa-Acapulco, saliendo de la vereda en San Pedro Cacahuatepec hasta el poblado de El Bejuco. El integrante del Cecop Rodolfo Chávez explicó que se une a la marcha nacional de las organizaciones este martes, que están en contra de la nueva ley para el campo y los hidrocarburos.
Las otras movilizaciones serán el 26 de julio en Tlapa una Marcha de la Libertad, como cierre a la conmemoración del 20 aniversario de Tlachinollan y una tercera marcha Nacional en Acapulco programa para el 15 de agosto.
Consultado al término de la asamblea, Rosales Sierra, precisó que cuando le fueron notificado a Suástegui Muñoz las otras dos causas penales, éste se reservó el derecho a declarar “como parte de la estrategia de Tlachinollan”, y reiteró que “habrá dificultades para aportar pruebas en el plazo constitucional porque no hay una declaración, pero necesitamos hablar con él”.
Pero insistió en que el trabajo de la defensa  no puede realizarse en un penal de esas características, de máxima seguridad, que “está construido para tener reos sentenciados y no para procesados, y eso dificulta”.