Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*El supremo poder de Televisa

En un discurso en el que demandó poner la televisión y la radio al servicio del interés nacional, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa dijo el 28 de noviembre de 1975 en presencia del entonces candidato del PRI a la Presidencia, José López Portillo, que “el diseño de la futura sociedad mexicana, la supervivencia misma del Estado, demandan no desestimar ni un momento más el grave riesgo, la extrema responsabilidad de permitir que intereses privados, con frecuencia mezquinos, continúen la tarea de modelar lo que esta nación debe ser”.
Se refería a Televisa. Para entonces, esa empresa llevaba recorrido ya un largo trecho y había expandido el modelo comercial impuesto por el gobierno de Miguel Alemán, quien desoyó la recomendación de Salvador Novo de dotar de contenido y utilidad social a la implantación de la televisión en el país.
La de Granados Chapa era una voz más que exigía la reorientación de la televisión para mitigar la perniciosa influencia que ejerce sobre la nación con el respaldo y complicidad del poder público. Pero ni la suya ni ninguna otra voz lúcida ha sido escuchada. Unos diez años después, Emilio Azcárraga Milmo, dueño de la empresa, habría de lanzar su cínica y célebre expresión de que Televisa era parte del sistema político y por eso estaba al servicio de los candidatos del PRI. Era “un soldado del Presidente”, dijo.
No hay ninguna sorpresa, por tanto, en el hecho de que al regreso del PRI al poder al cabo de doce años de un panismo estéril, se haya producido una ratificación de su vieja alianza con Televisa, vía la reforma en materia de telecomunicaciones, cuya ley reglamentaria significa para la televisora (y para su hermana menor TV Azteca, claro) la obtención de condiciones que una vez más mantienen intacto su poderío empresarial.
A pesar de estar envuelta en un discurso oficial antimonopolios y de competencia abierta, lo que en realidad arrojó la reforma de las telecomunicaciones aprobada el viernes en el Senado es la consolidación del monopolio de Televisa y la obstrucción legal de cualquier competencia que pudiera oponérsele.
Los términos en que fue aprobada la ley secundaria –que el martes próximo seguramente será refrendada sin cambios en la Cámara de Diputados– resultan tan ventajosos para Televisa, que pese a gozar de un reinado indiscutible en la televisión abierta y en la de paga, no puede ser declarada monopólica también en este segundo segmento porque la “preponderancia” será definida por sector (y no por servicios), mecanismo que le permite disimular la posesión absoluta del mercado televisivo. Esta mañosa forma de enfocar las cosas fue introducida en la ley para privilegiar los intereses de Televisa que está próxima a sumar otra empresa de servicios de televisión por cable, pero con ello el gobierno y los legisladores del PRI, sus aliados del PAN y algunos del PRD, dejaron disparejo el suelo de la competencia. Mejor dicho eliminaron la competencia y dejaron libre el camino para que Televisa continúe ampliando su red de empresas filiales.
Es ostensible que en la pugna que sostienen los empresarios Emilio Azcárraga y Carlos Slim, el gobierno de Enrique Peña Nieto y el PRI tomaron partido por Azcárraga, cuando lo que se espera de la ley y de las autoridades es que no tomen partido por nadie, sino que garanticen la libre competencia. No obstante esos hechos, el gobierno de Peña Nieto y sus operadores políticos dicen que las reformas propiciarán la competencia y resguardan el interés general.
En contraste con la obsequiosidad volcada hacia Televisa, el gobierno y el PRI dieron a los medios públicos y sociales, como las radios comunitarias e indígenas, un trato de desprecio. Hasta esa competencia le quitaron los legisladores a Televisa, pues los medios públicos no podrán vender publicidad y solamente pueden obtener el uno por ciento de la publicidad de gobierno. La alternativa que televidentes y radioescuchas pudieran encontrar en estos medios, que por definición ponen al alcance de sus audiencias contenidos culturalmente más atractivos, queda así condenada a la indigencia debido a la imposibilidad de que busquen financiamiento propio.
Es frustrante una regresión de esta magnitud, pues eso significa el que se deje intacto el poder de Televisa, por cuyos canales fluye el contenido cultural e informativo de mayor consumo en el país. Pero estaba escriturado que así iba a ser desde que el presidente Enrique Peña Nieto instrumentó una alianza con Televisa para asegurar su arribo al poder. Es tan grande la influencia que las pantallas de Televisa ejercen sobre la nación, que pudieron imponer a un presidente, el mismo que ahora devuelve el favor a la televisora. Por tantito, podría incluso decirse que se erigió en poder legislativo y legisló para sí misma.

Perredistas y Ríos Piter…  otra vez

Como sucedió con la reforma fiscal, el senador Armando Ríos Piter entregó su voto al PRI y al gobierno de Peña Nieto. Lo hizo el miércoles pasado en las comisiones unidas encargadas de elaborar el dictamen, las de Comunicaciones y Transportes, Estudios Legislativos y de Radio y Televisión. El dictamen se aprobó allí por 25 votos a favor y cinco en contra. Entre los 25 a favor estuvo Ríos Piter, junto a la mayoría del PRI, del PVEM y del PAN. Habría hecho lo mismo en el pleno la noche del viernes y madrugada del sábado, si no se hubiera interpuesto el Consejo Nacional del PRD y decidido que la fracción perredista votara en contra del dictamen. Ríos Piter ha mostrado una reiterada conducta favorecedora de los intereses de Televisa. En un vergonzoso episodio, en 2012 como diputado federal presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Radio y Televisión, cuyo fin oculto era facilitar a las televisoras, es decir a Televisa y TV Azteca, eludir la ley electoral y los tiempos que los medios electrónicos están obligados a ceder al Estado. La reforma fue aprobada por el pleno, pero en el tránsito de la Cámara de Diputados al Senado para su ratificación fue descubierta la engañifa de Ríos Piter, que para consumar su pretensión incurrió en irregularidades procedimentales, que al final fueron utilizadas como argumento para cancelar la intentona.
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