Propone el arzobispo una consulta ciudadana sobre la presa La Parota

*Se deben cumplir las normas de sustentabilidad  del proyecto, dice Carlos Garfias

*Abren contra Suástegui dos nuevos cargos, por lesiones y despojo, informa Tlachinollan

*La exigencia principal es su regreso a Guerrero para que tenga acceso a una defensa equitativa; se ventila amparo, dice su abogado

Debe hacerse una consulta ciudadana sobre La Parota, propone el arzobispo de Acapulco

*Difunde un comunicado de los cuatro obispos de Guerrero que llaman a la prevención y a la solidaridad ante los nuevos fenómenos meteorológicos. Plantea que se aplique la ley si hay policías involucrados en las ejecuciones del miércoles, como lo señaló el gobernador

Aurora Harrison

El arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, declaró que debe hacerse una consulta ciudadana sobre el proyecto hidroeléctrico La Parota, que está considerado dentro del presupuesto del gobierno federal, y que se cumpla con las normas de sustentabilidad, porque es un tema controvertido que tiene muchos años planeándose.
Durante su conferencia dominical, se le preguntó por las declaraciones del gobernador, de que hay policías municipales involucrados en los hechos violentos del miércoles pasado, declaró que si está comprobada su criminalidad, que las autoridades apliquen la ley, para que vayan creándose las condiciones de tranquilidad y de seguridad para la población guerrerense.
En su comunicado, firmado por los cuatro obispos de Guerrero, se refirió a la prevención y la solidaridad de los ciudadanos y las autoridades ante nuevos fenómenos meteorológicos; pidió a las autoridades cumplir con los pendientes que aún existen por la reconstrucción de las afectaciones que hubo el año pasado, con la tormenta tropical Manuel.
El gobierno de Enrique Peña Nieto destinó 409.5 millones de pesos, para ejercerlos este año en la construcción de la presa La Parota, y programó un flujo de recursos en los siguientes años, hasta llegar a 11 mil 780 millones, de 2017 en adelante, y es que se estima que el costo total de la presa será de 15 mil 527 millones.
Cuando se le preguntó su opinión, sobre que el gobierno federal contemple en su presupuesto el proyecto de La Parota, declaró: “Se tiene que dar a conocer el proyecto, sus pros y contras, hacer una consulta ciudadana es muy importante sobre todo en un proyecto tan controvertido, que tiene tanto tiempo planeándose”.
Detalló que las autoridades correspondientes deben presentar el proyecto ante la sociedad, “hacer una consulta abierta a toda la ciudadanía” y que se cumpla con las normas de sustentabilidad, para saber si se puede o no realizar el proyecto, además de tomar en cuenta la opinión de los pobladores de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
Al preguntarle por las declaraciones del dirigente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, para que liberen al vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui, y la dirigente de la CRAC, Nestora Salgado, respondió que debe seguirse el proceso legal correspondiente, como en todos los demás casos.
Sobre las declaraciones que hizo el gobernador Ángel Aguirre Rivero, el pasado viernes después del izamiento de la blue flag a playa Icacos, de que policías municipales de Acapulco están implicados en las ejecuciones del miércoles, declaró: “Si hay personas involucradas y está comprobada su criminalidad, que se les aplique la ley”.
“Siempre que sea información objetiva, con pruebas objetivas, que estén manifestando la culpabilidad de quienes sean objeto de ser retirados creo que es válido, porque todo mundo hemos estado pidiendo, exigiendo que se haga justicia, a quien se le identifique como delincuente o que haya cometido una falla, se le aplique correctamente la ley” consideró.
Garfias Merlos abundó que es urgente que la ciudadanía tenga confianza en las personas que están al pendiente de cuidar por su seguridad, y que no podía opinar si debe apresurarse el tema del Mando Único, porque “son cuestiones que tiene que irse resolviendo de acuerdo con los que están metidos en el tema, yo no conozco del proceso”.
Insistió en la importancia de la participación ciudadana, que las autoridades tomen en cuenta a la población para crear condiciones seguras y de tranquilidad para los ciudadanos, porque reiteró el llamado a quienes generan la violencia, que se den cuenta de la gravedad del daño que hacen a toda la sociedad, de manera particular o familias.
“Que dejen de realizar las acciones violentas o participar en acciones que vienen a dañar a las personas o la sociedad”, pidió el arzobispo ante los hechos violentos suscitados el pasado miércoles en Acapulco, que dejó ocho personas muertas, dos de ellas mujeres.
En otro tema, se le preguntó su opinión de que los diputados no aprobaron la paridad de género, indicó que “es un debate natural, cuando se decide una cosa hay quienes están inconformes, siempre habrá en los temas que son controvertidos diferentes posturas y hay que aceptar cuándo se toman las decisiones institucionales, para asumirlas”.
Del proyecto de construcción de la Nueva Catedral, declaró que hace falta recursos, mismos que pretenden ir consiguiendo con las autoridades, empresarios o los mismos feligreses, que van invertidos 60 millones de pesos, que hace falta una cantidad similar para terminarla.

Prevención y solidaridad ante huracanes

En el comunicado de prensa, que leyó de la Provincia Eclesiástica de Acapulco, se refiere al desastre del año pasado que azotó a todas las regiones de Guerrero y “ante el desafío de eventuales huracanes, que puedan afectar nuestra región, necesitamos poner condiciones para afrontarlas de manera que disminuyamos los riesgos”.
“Exhortamos a las autoridades a cumplir con los pendientes que aún existen, en cuanto a la reconstrucción y a estimular la participación ciudadana para afrontar cualquier contingencia”, argumentó el arzobispo, quien leyó el documento que firman los obispos de Tlapa, Dagoberto Sosa; Ciudad Altamirano, Maximino Martínez, y de Chilpancingo y Chilapa, Alejo Zavala.
Recomendó a los ciudadanos estar atentos a la información del estado del clima, percatarse en caso de estar en riesgo, en caso de emergencia prever un sistema concreto de organización y coordinación, de igual manera generar iniciativas comunitarias en las ciudades o comunidades indígenas, para colaborar con la autoridad.
“Se necesita una actitud de organización, coordinación, solidaridad y esfuerzo de autogestión, para no esperar que las autoridades intervengan ahí donde lo pueden hacer las comunidades, con los recursos que disponen. El año pasado hubo muchas experiencias de comunidades campesinas e indígenas, que atendieron con sus propios recursos sus necesidades en la rehabilitación de sus viviendas y sus caminos”, declaró el obispo.
Garfias Merlos agregó que sin la participación social no se pueden satisfacer todas las necesidades básicas, y precisó que la Iglesia esta dispuesta acompañar a los pueblos que lo necesitan, para fortalecer a las personas en sus capacidades y para enfrentar cualquier contingencia que se presente por los fenómenos naturales.

Dan a Suástegui dos nuevos cargos, por lesiones y despojo, informa Tlachinollan

*La exigencia principal es su regreso a Guerrero para que pueda tener acceso a una defensa equitativa, plantea el abogado Vidulfo Rosales ante la asamblea del Cecop. Se ventila un amparo que demanda el traslado, informa. Con estas últimas suman cuatro órdenes de aprehensión en contra del vocero de los opositores a la presa La ParotaCarlos Moreno A.

Otras dos causas penales por lesiones y despojo fueron notificadas en contra del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, recluido en un penal federal en Nayarit, informó abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.
Asimismo, Rosales Sierra presentó una propuesta tras una “análisis con abogados de Tlachinollan” donde la estrategia principal es la exigencia para el regreso de Suástegui Muñoz a un penal en Guerrero y tener una defensa en condiciones equitativas.
Con estas últimas dos, son cuatro las órdenes de aprehensión en contra de Suástegui Muñoz, la primera fue por homicidio en tentativa que fue reclasificada a lesiones agravadas, donde en el expediente está como agraviados Teodora Valeriano Marcos y Juana Bailón Dorantes, bajo la causa penal 64-2/2014.
Suástegui Muñoz y Palma Tornez junto con otros siete opositores a La Parota son acusados de participar en una balacera y atentado en contra de las tres agraviadas antes mencionadas y Domingo Bailón, en la comunidad de Parotillas el pasado 4 de abril, donde detuvieron a cinco personas tras una emboscada contra policías comunitarios.
La segunda orden es por robo calificado que fue puesta por Humerto Marín dueño de la gravillera Kimbar y está radicado en la causa penal 110/2014-I, en el Juzgado Décimo Penal en Acapulco con el juez Adolfo Van Meeter, con el exhorto 87/2014 girado para el Juzgado Primero Penal de Tepic Nayarit al juez Nicolás Ballesteros Villagrana.
En la asamblea dominical del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) en el poblado de La Concepción, Rosales Sierra explicó a los comuneros el proceso legal contra Suástegui Muñoz.
Informó que al vocero del Cecop la semana pasada le notificaron otras dos causas penales, una por el delito de lesiones y otra por despojo simple y será hoy o mañana cuando el juez resuelva la situación jurídica si dicta auto de formal prisión o libertad a Suástegui Muñoz.
Por la acusación de lesiones, dijo el abogado, la denuncia fue presentada por Humberto Marín Molina y está en el juzgado quinto  por la Gravillera Kimnar, que se deriva de la averiguación TAB/SC/04/0063/2014 del 28 de enero, cuando el propietario de la gravillera que extrae material pétreo en el río Papagayo, denunció ante el MP a Suástegui Muñoz por el bloqueo que realizó un día antes en la comunidad de La Concepción y que impidió el paso de sus vehículos a las instalaciones.
Ahí, dijo Rosales Sierra, la constancia de posesión que tiene Marín Molina es ilegal, “no debió ser expedida por el comisariado, no tiene valor jurídico, porque debió darla la asamblea de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, debió autorizarlo como comunero para poder darle un acta de posesión”.
Pero prevé que esta acusación “se va caer y no tiene valor. Por explotación de la grava, 180 mil pesos mensuales le paga al comisario del poblado de Parotillas, anual”, según en el expediente, dijo el abogado.
Afirmó que el ningún comisario del poblado de Parotillas está facultado para firmar convenios “el único que puede firmar convenios de explotación de material pétreo o de ocupación de tierras en los Bienes Comunales es la asamblea general, a través de su comisariado de los Bienes Comunales”.
Por el delito de lesiones, la causa está radicada  en el juzgado noveno, y se deriva de una denuncia que fue puesta por el comunero Jacinto Solís Vázquez, pero Rosales Sierra dijo que “no hay elementos en contra de Marco Antonio, porque ni estaba en ese momento, estaba en otro lado, de eso hay pruebas”.
Dicha denuncia la presentó Solís Vázquez porque el 28 de abril, el vocero del Cecop y otras 15 personas habían secuestrado a su nieto de 17 años Brandon Melchor Solís en una camioneta roja propiedad de Nemesio Valeriano, mientras que Suástegui Muñoz viajaba en otra vehículo.
El abogado explicó en la asamblea que por todos los delitos como lesiones agravadas, despojo y lesiones e incluso ataques a las vías de comunicación (pero cuenta con un amparo y la denunciante es la sociedad agraviada, con la averiguación previa TAB/FRZA/025/2013, por la protesta en la comunidad de Salsipuedes, donde bloquearon el camino que lleva a las instalaciones de la planta de captación Papagayo II el 19 de septiembre del año pasado), “estos delitos se van a caer y los abogados de Tlachinollan tenemos una estrategia”.
Dijo que la acusación que está complicada “porque es grave de acuerdo a la ley” es la de robo calificado, porque el vocero del Cecop no puede obtener una fianza.
En la asamblea, Rosales Sierra presentó una propuesta a los comuneros tras un análisis del consejo de Tlachinollan el viernes, y se determinó, “que lo principal y la estrategia debe centrarse en la exigencia del regreso de Marco Antonio a un penal de Guerrero, porque su estancia  allá es ilegal, el traslado es ilegal y porque su permanencia impide  realizar una defensa en condiciones equitativas”.
Dijo que para este regreso hay un amparo en el Juzgado Tercero de Distrito “que se está ventilando y el 17 de julio será la audiencia, ahí se van aportar pruebas y alegatos las partes de nosotros y del gobierno”, donde, dijo, el juez determinará si el traslado de Suástegui Muñoz fue ilegal o no, pero el abogado confió en que “el juez tiene elementos para resolverlo así”.
Rosales Sierra explicó a los comuneros que apenas le están notificando las ordenes de aprehensión a Suástegui Muñoz junto con los abogados “apenas inicia el proceso,  no podemos adelantar y decir, ya se va a quedar allá 30 años, no, apenas esta iniciando el proceso,  no hay una sentencia”.
Sobre la visita el martes de diputados federales con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, el abogado dijo que los abogados de Nestora Salgado García, del despacho jurídico de Gómez Mont, fueron los interlocutores, y Tlachinollan “después hicimos contacto con este grupo de diputados y le hicimos saber bueno sería que se incluyera el caso de Marco Antonio en ese dialogo con el gobierno, y nos dijeron que sí”.
En dicha visita Aguirre Rivero se comprometió a liberar por la vía política a los luchadores sociales, entre ellos los dirigentes de la Coordinadora Regional de Autori-dades Comunitarias (CRAC), Nestora Salgado García, Gonzalo Molina González y Arturo Campos, así como del vocero de los opositores a la presa La Parota, Marco Antonio Suástegui Muñoz.
Dijo que incluso los diputados invitaron a los defensores de Suástegui a dicha reunión con Aguirre Rivero pero consideraron no prudente asistir “porque las relaciones están tensas y no es bueno ir a sentarnos a una mesa de diálogo con el gobierno, si nos está golpeando, pero les dimos toda la información”.
En la asamblea, los coordinadores junto con Rosales Sierra acordaron que durante la semana visitarían  26 poblados  de los Bienes Comunales para invitar a los pobladores a la marcha estatal del próximo domingo como parte de la jornada nacional de movilizaciones de un mes, con cuatro demandas: la liberación del vocero Marco Antonio Suástegui Muñoz, el rechazo a la presa La Parota, no más detenciones de luchadores sociales y la salida del Ejército y corporaciones policiacas de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
Dicha marcha será en la carretera federal Pinotepa-Acapulco, saliendo de la vereda en San Pedro Cacahuatepec hasta el poblado de El Bejuco. El integrante del Cecop Rodolfo Chávez explicó que se une a la marcha nacional de las organizaciones este martes, que están en contra de la nueva ley para el campo y los hidrocarburos.
Las otras movilizaciones serán el 26 de julio en Tlapa una Marcha de la Libertad, como cierre a la conmemoración del 20 aniversario de Tlachinollan y una tercera marcha Nacional en Acapulco programa para el 15 de agosto.
Consultado al término de la asamblea, Rosales Sierra, precisó que cuando le fueron notificado a Suástegui Muñoz las otras dos causas penales, éste se reservó el derecho a declarar “como parte de la estrategia de Tlachinollan”, y reiteró que “habrá dificultades para aportar pruebas en el plazo constitucional porque no hay una declaración, pero necesitamos hablar con él”.
Pero insistió en que el trabajo de la defensa  no puede realizarse en un penal de esas características, de máxima seguridad, que “está construido para tener reos sentenciados y no para procesados, y eso dificulta”.