Periódico con noticias de Acapulco y Guerrero

Tlachinollan

¿Con que autoridad piden el voto?

Ante la apabullante miseria en que los gobiernos de corte neoliberal han sumido a más de 60 millones de mexicanos y mexicanas, y ante el desbordamiento de la violencia provocada por las bandas del crimen organizado, que han puesto en jaque a un gobierno pusilánime que se niega a  arrancar de raíz la corrupción que persiste en los aparatos de seguridad y de justicia del Estado, y que se ha hecho cómplice al sostener un sistema financiero anclado en las turbias aguas de la economía criminal, los ciudadanos y ciudadanas somos rehenes de los intereses facciosos y mafiosos de las elites económicas, quienes manejan los hilos del poder político y hacen causa común con la delincuencia organizada, porque su fin último es maximizar sus ganancias, al menor costo  posible y en el tiempo más corto.
En medio de este maremágnum donde impera la ley del más rico, del más violento y del más corrupto, los mexicanos y mexicanas tenemos que hacer frente a la mercantilización que también domina en las campañas políticas. Los candidatos y candidatas aparecen en los medios masivos de comunicación como cualquier vendedor de productos de belleza. En la televisión comparten espacios con las modelos que anuncian algún shampoo o algún producto que eleva la potencia sexual. Los candidatos y candidatas se ven orillados a chatarrizar la política, como si se tratara de cualquier producto desechable. No cabe duda que el mercado es el centro sobre el cual giran como satélites los partidos políticos y sus candidatos. Este fetiche de la postmodernidad funciona como el becerro de oro de la antigüedad, por el que ahora los políticos se postran a sus pies.
Hoy, el mercado y el poder de las transnacionales se han transformado en una amenaza para la soberanía de los Estados nacionales, porque reclaman derechos y exigen canonjías a los gobiernos  por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas. Un caso patético es el que protagonizó el presidente Calderón, quien en lugar de solidarizarse con la presidenta de Argentina, por haber tomado la decisión de nacionalizar los recursos petroleros como un acto soberano del pueblo de ese país sudamericano, lamentó desde Washington esta decisión, porque para él lo más importante es proteger las inversiones de las empresas extranjeras que defender el patrimonio de la nación.
En este contexto no es casual que la empresa Walmart haya contado con todo el apoyo de las autoridades federales para facilitar su expansión multiplicando sus tiendas de autoservicio a lo largo y ancho del país. La misma Comisión Federal de Competencias, que tiene la función de impedir prácticas monopólicas de supermercados, se ha transformado en la defensora de oficio de la trasnacional al argumentar que no se puede limitar la instalación de nuevas sucursales de las grandes cadenas comerciales “porque es nocivo al proceso de competencia y libre concurrencia y, en consecuencia, es contraria al interés público y al bienestar de los consumidores”. Estas prácticas depredatorias y desleales son alentadas por políticos sobornables que sin ningún respeto por las leyes, autorizan estos permisos en detrimento de los mercados locales y de los pequeños comerciantes. El mismo presidente Calderón desde Houston, Texas se dijo “muy indignado” por el escándalo de corrupción de Walmart, no obstante resaltó que dicha empresa da muchos empleos en el país, es decir, es un mal menor, insignificante y por lo mismo, el meganegocio de esa tienda seguirá adelante, máxime cuando el Senado de la República, desde hace dos años tiene congelada una iniciativa para reformar la Ley federal de competencia económica, donde se busca frenar las prácticas monopólicas y depredatorias de las cadenas comerciales de autoservicio. No cabe duda que puede más el poder económico de las trasnacionales, que el poder de quienes supuestamente representan y defienden los intereses del pueblo.
En Guerrero, los políticos han sido domesticados y sobornados por las grandes corporaciones comerciales. Con total desparpajo e irresponsabilidad alientan la instalación de estas cadenas de tiendas, con el argumento falaz de generar más empleos (de pésima remuneración) en detrimento de los pequeños productores locales que se han ido a la quiebra por esta competencia desleal. El paradigma es fincar el desarrollo de nuestro estado en las inversiones que puedan hacer las empresas extranjeras. Más allá de cualquier sigla partidista, ahora todo gobernante usa el poder para defender el modelo económico que han impuesto las elites económicas y la banca multilateral. Son empleados de poca monta, porque ni siquiera participan en la toma de decisiones  dentro de los corporativos multinacionales. Actúan más bien como súbditos, que sólo obedecen órdenes de sus jefes o patrones políticos.
Los grandes planes que los gobiernos federal y estatal tienen en puerta para el estado de Guerrero están focalizados en los proyectos mineros, turísticos e hidroeléctricos. Las autoridades siguen casadas con la idea de que el gran detonante del desarrollo es la inversión extranjera en el ramo de la minería. A nivel mundial uno de los negocios más jugosos que avanza en escala ascendente es el de la extracción minera. Se trata de empresas extranjeras que tienen una vasta experiencia para seguir colonizando territorios en países pobres. Realizan cabildeo político de alto nivel, demandan condiciones óptimas en las regiones mineras para que puedan realizar sus inversiones. Los gobiernos locales están obligados a construir la infraestructura necesaria para la instalación de su costosa maquinaria. Los altos ejecutivos nunca van a arriesgar su capital en regiones donde el gobierno no les haya preparado la mesa para sentarse a evaluar las condiciones de seguridad, las garantías de que socialmente no se pondrán en riesgos sus capitales. Analizan los servicios que están a su disposición para el funcionamiento de sus empresas. Es indispensable que exista una infraestructura carretera óptima para la entrada de toda su maquinaria; para el traslado de explosivos, de sustancias nocivas para la salud y el medio ambiente, y del mineral; así como para el desplazamiento de los altos ejecutivos y los obreros. El gobierno sabe que una empresa minera no se instalará en el estado si no le brindan todas las facilidades para que cuente con suficiente energía eléctrica y un venero inagotable de agua para el lavado del metal. La lógica empresarial de los gobernantes está en satisfacer las costosas demandas de las trasnacionales, en lugar de atender las necesidades básicas de una población pobre que en todo momento y de diferentes formas ha reclamado al gobierno educación, salud, energía eléctrica, agua, carreteras, vivienda digna y empleos.
Los guerrerenses queremos preguntarle a los gobernantes y a los candidatos que aspiran a un cargo público ¿por qué siguen empeñados en brindar todas las facilidades a las empresas trasnacionales para que inviertan en nuestro estado y sean ellas las que supuestamente detonen el desarrollo? ¿Qué beneficios han dejado las empresas mineras desde el tiempo de la Colonia hasta la fecha entre la población que ha sido víctima de explotación laboral y de grandes daños ambientales? ¿En qué medida esta actividad extractiva y depredadora de la minería va a contribuir para proteger el medio ambiente, no sobre explotar los mantos acuíferos, no contaminar los ríos, no destruir el habitat, no despojar de sus territorios a los pueblos indígenas, ni transformar a sus trabajadores en mano de obra semi esclava?¿Hasta cuándo los que quieren seguir gobernando le darán prioridad a las demandas del pueblo y se jugarán su prestigio defendiendo el patrimonio que es de todos los mexicanos y mexicanas?
Los candidatos y la candidata a la Presidencia de la República, y los mismos políticos del estado han planteado que el turismo es una actividad estratégica para el desarrollo de la entidad. A pesar de este slogan y de las grandes inversiones que se han hecho, seguimos constatando cómo los centros turísticos se han transformado en plazas del narcotráfico, en sitios de prostitución infantil, en espacios donde prolifera la delincuencia organizada que trabaja en contubernio con las corporaciones policiacas. Se trata de enclaves de la desigualdad, donde se asienta el paraíso del gran capital turístico trasnacional que se ha adueñado de las playas, las lagunas, las costas y los bosques para beneficio de una clase privilegiada a costa de la destrucción del patrimonio natural y de la miseria de miles de familias desplazadas por estas políticas privatizadoras. En estos mismos centros de diversión sobreviven en el fango los pobres que se emplean en condiciones indignas dentro de los emporios turísticos. Las colonias de estos centros turísticos no sólo carecen de los servicios básicos sino que son lugares donde se libran violentas batallas por parte de los grupos de la delincuencia organizada, que ha incorporado dentro de sus filas a niños y jóvenes en la venta de droga, disputándose las calles a punta de balazos y levantones.
No se pueden promover inversiones extranjeras en la rama turística si no se evalúan los costos sociales que ha implicado este modelo de inversión que sólo busca grandes ganancias para fortalecer al gran capital internacional. Este tipo de inversiones sin responsabilidad social no están resolviendo los problemas estructurales  de la desigualdad y la violencia delincuencial y social. No podemos desligar esta obsesión enfermiza de los grandes capitalistas que quieren obtener grandes ganancias sin ser corresponsables con el desarrollo social, sin arriesgar nada creando condiciones de  vida digna y contribuyendo al desarrollo fincado en la justicia social.
Ante este desquiciamiento de la vida pública y ante una clase política egocéntrica, miope, mezquina, alineada y supeditada a los intereses del gran capital, los ciudadanos y ciudadanas tenemos que preguntarles a los candidatos y candidatas ¿con qué autoridad piden nuestro voto? ¿Con que calidad moral y compromiso social discurren en las plazas públicas, cuando ya están comprometidos o vendidos con los intereses económicos de los empresarios que controlan los hilos del poder? ¿Hasta dónde están dispuestos a romper con este esquema neoliberal y  bajarse del tren de la ignominia, para defender los derechos de los ciudadanos y ciudadanas y luchar palmo a palmo por las causas justas del pueblo trabajador? En el discurso y en el papel asumirán algunas poses mediáticas para congraciarse con los electores, sin embargo, en los hechos y después de las elecciones los veremos dándole la espalda al pueblo, defendiendo los intereses de los empresarios y aprobando leyes para despojar a los pobres de sus derechos y del patrimonio que pertenece a todos los mexicanos y mexicanas. Lo que menos quieren los guerrerenses y más aborrecen son a los políticos corruptos, traidores, represores, violadores de derechos humanos, demagogos y vende patrias.

468 ad