CARTAS (Protegen al judicial que atropelló y le causó la muerte a una señora, denuncian )

Señor director:

Agradeceré a usted que pudiera hacer del conocimiento de los lectores de este importante diario el siguiente hecho:

El próximo 7 de noviembre se cumplen dos años en que tuve con mi familia el infortunio de perder a mi madre Lidia Guerrero Jiménez durante un accidente de tránsito cuando a alta velocidad, el c. agente de la Policía Judicial Manuel Palma Atilano, manejaba una camioneta de la Procuraduría General del Estado, a disposición y servicio, en el tiempo que sucedieron los hechos, del delegado y actual director de Averiguaciones Previas Joaquín  Juárez  Solano.

Fue así como la investigación BRA/SC07/1920/2001 empezó a caminar, pues investigué por mi cuenta y dirigí un escrito el 9 de mayo del año próximo pasado al c. agente del Ministerio Público para que se desahogaran las pruebas tendientes a demostrar la autoría por parte del agente de la Policía Judicial y la probable complicidad del delegado Joaquín Juárez Solano.

Por mi insistencia de que se aplicara la ley y aflorara la justicia toqué las puertas de la Procuraduría haciendo del conocimiento al procurador general de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero, al subprocurador Antonio Nogueda Carvajal de cómo habían ocurrido los hechos, quién era el autor y quién también lo acompañaba o protegía durante la investigación. No les quedó a los interesados en trastocar la ley, que consignar la Averiguación al Juzgado, correspondiéndole conocer al Juez Primero Penal de Chilpancingo, Guerrero, y dio origen a la causa 099/2002, sin embargo, hasta aquí ha llegado la influencia del ahora director de Averiguaciones Previas Joaquín Juárez Solano, que se jacta de ser primo hermano del gobernador René Juárez Cisneros, ya que cuando ocurrí a la instancia jurisdiccional antes citada, para que turnasen la orden de aprehensión a la Agencia del Ministerio Público correspondiente, ya se había presentado a responder de los cargos y obtenido su libertad bajo caución; hecho que tuve conocimiento precisamente por la agente del Ministerio Público Adscrita, quien agregó que el inculpado me había buscado para llegar a un arreglo respecto de la reparación del daño a efecto de que todo terminara felizmente.

Esto me sorprendió porque no busco dinero sino que se aplique la ley y sea castigado el autor del evento delictuoso, aunque debo admitir que no me asombré mucho, porque es práctica y uso de la Procuraduría General de Justicia el proteger a malhechores y más si son funcionarios, pero la parcialidad que impera es tan descarada que ni siquiera se observa por parte de la representación social los dispositivos constitucionales federal y local números 38 fracción II y 20 fracción I, que con una mínima diferencia rezan: “Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden: por estar sujeto a proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión”. Ya que el mencionado agente de la Policía Judicial sigue en funciones y cobrando sus quincenas como si nada hubiera pasado. En dos ocasiones le he pedido al agente del Ministerio Público que lo solicite, pero me ha contestado que no procede porque el delito no es grave; le refuto que las constituciones no introducen como condición la gravedad del hecho, sino que basta el dictado de un auto de formal prisión, sin embargo, se niega a atender mi petición, y estoy conciente de la causa que salta a la vista: el delincuente es protegido del director de Averiguaciones Previas, Procurador y subprocurador porque también a éstos últimos se los he solicitado.

La conducta de la autoridad me ha orillado a escribirle a usted, para que a través de su prestigiado medio informativo lo dé a conocer a la opinión pública, aunque esto los tiene sin cuidado, porque vivimos en un estado donde la característica del gobierno de René Juárez Cisneros es la corrupción, la inmoralidad, el solapamiento, el cinismo y la impunidad.

Atentamente

Félix Molina Guerrero.