Tlachinollan

El Cecop ante la nueva embestida privatizadora

Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan

Lo que el PRI ha ganado con las recientes reformas estructurales como la  energética y la de telecomunicaciones, le basta para cantar victoria e imponerse por encima de cualquier fuerza política o movimiento social que quiera oponer resistencia o impedir el avance hacia un modelo económico basado en la dominación, el despojo y la apropiación privada tanto del producto social excedente como del patrimonio de todas las y los mexicanos. La nueva reconfiguración política comandada por el grupo Atlacomulco se apresta para tomar el control de todas las instituciones y para imprimirle un sello renovador a las añejas formas de dominación. La nueva hegemonía peñanietista hereda las viejas prácticas de un régimen que privilegió la fuerza para imponer su proyecto económico y ahora usa la violencia para proteger los grandes intereses del capital trasnacional.
Violencia y despojo son las principales características de los gobiernos que se ciñen a las normas funestas del mercado global.  Lo que para los de arriba significa grandes inversiones y megaproyectos de alto impacto, para los de abajo se traduce en mayor violencia por el desempleo, la precariedad económica, la carencia de vivienda, la falta de servicios públicos, los desplazamientos forzados, la expulsión de los territorios ancestrales, los procesos migratorios violentos, el ambiente generalizado de inseguridad, extorsiones, secuestros, hambre  y muerte en vastos sectores de la población.
Esta tendencia nacional nos está colocando al borde de la exasperación; nos resignamos a vivir en el fango de la violencia o resistimos y luchamos contra las fuerzas del mal, que buscan expoliar al trabajador y despojar a los dueños de las riquezas naturales. Abanderar las luchas contra la aplanadora del capital trasnacional es quedar a merced de todo el aparato represivo del estado y bajo los dictados arbitrarios de los procuradores, expertos en fabricar delitos contra los luchadores sociales, y quedar  bajo un régimen carcelario que busca destruir la fortaleza de espíritu de quienes han sabido alzar la voz de los silenciados.
El Ejecutivo estatal ha negado que la detención de Marco Antonio Suástegui tenga que ver con la construcción de La Parota. Lo real es que existe un presupuesto millonario para iniciar los trabajos para este año. Además hay un calendario elaborado por la Secretaría de Hacienda que plantea los montos de las inversiones que se deberán de hacer durante los próximos tres años, llegando a una suma total de 15 mil 500 millones de pesos. Además, el presidente de la República Enrique Peña Nieto, en una de sus múltiples visitas a Acapulco, anunció la construcción de una hidroeléctrica en el río Papagayo dentro del proyecto Nuevo Guerrero. Los mismos líderes nacionales de los principales partidos políticos han hecho suya la propuesta de La Parota. Es decir, que las elites políticas, de común acuerdo con las elites económicas mantienen inalterable la decisión de construir la presa, sin que les afecte en lo más mínimo la opinión y decisión de los verdaderos dueños de estas tierras.
Para lograrlo necesitan desactivar los focos de resistencia; buscan minar la organización comunitaria, se empeñan en desacreditar la lucha legítima de los opositores y en todo momento contratacan utilizando la ley penal para encarcelar a sus líderes, enviándolos fuera del estado para doblegarlos y aislarlos de la población que los identifica como  defensores comunitarios.
¿Si no existiera el interés de construir La Parota, por qué las autoridades del estado tomaron la decisión política de enviar a Suátegui a un penal federal de alta seguridad, cuando sus supuestos delitos son del fuero común? ¿Por qué la autoridad judicial se supeditó a los dictados del Poder Ejecutivo y se hizo cómplice para que se violentaran los derechos del procesado? ¿Por qué con tanta perversidad y celeridad la Procuraduría General de Justicia del Estado armó en menos de 20 días, cinco averiguaciones previas y las consignó en menos de una semana? ¿Por qué se le obstruye el derecho que tiene Marco Antonio de contar con una defensa adecuada? ¿Por qué tanta obstinación en tratar a Marco Antonio Suástegui como un delincuente peligroso y confinarlo a un penal de alta seguridad, cuando en el estado existen casos sumamente graves que han causado severos daños a la sociedad y los responsables gozan de impunidad?
Este tratamiento tan burdo que le han dado las autoridades del estado no tiene otra explicación que la de allanarle el camino a la CFE para facilitarle la entrada a los Bienes Comunales de Cacahuatepec. La detención de Suástegui y su actual procesamiento busca desacreditar su trayectoria como luchador social, y al mismo tiempo le impide que pueda alcanzar su libertad, violentando su derecho a una defensa adecuada. Con este encierro el gobierno del estado le apuesta al debilitamiento del Cecop, a remarcar más la división interna y a doblegar la histórica resistencia de los pueblos de Cacahuatepec. En contrapartida buscan legalizar el despojo con actores estatales y no estatales para facilitar mejor la entrada a sus territorios.
La embestida federal de legalizar el despojo con la nueva reforma energética, tenderá a desactivar cualquier  foco de resistencia, utilizando diferentes recursos, tanto jurídicos como represivos. En esta primera etapa los gobiernos están usando la mano suave para replegar al movimiento con la detención de sus líderes. Si esto no da resultados concretarán las detenciones de varios miembros del Cecop para causar temor entre la población, y de esta manera poder derrotar al movimiento o por lo menos ponerlo contra la pared, al quedar descabezado y diezmado.
La militarización de los Bienes Comunales de Cacahuatepec no es un hecho fortuito o que sólo responda a la necesidad de proteger los pozos que surten de agua a Acapulco. Tiene una intención más profunda, se trata de que el Ejército se despliegue dentro de los territorios estratégicos para el capital trasnacional, para brindar seguridad y garantías de estabilidad social a los inversionistas extranjeros. En esta perspectiva del mercado global,  las corporaciones policiacas resultan insuficientes para proteger a las elites económicas del orbe. Se requiere de la presencia de las fuerzas de elite de la Policía Federal, del Ejército y la Marina, porque para el gobierno estos enclaves estratégicos deben verse como asuntos de seguridad nacional. Las nuevas reformas han ido preparando el camino para legalizar el despojo y abrir las fronteras para que entren sin ningún temor las  multinacionales que contarán con el respaldo de las fuerzas federales.
Este escenario que se prefigura en el horizonte nacional no está tan lejano del Acapulco rural. El Nuevo Guerrero es la punta de lanza para emprender este proceso de recolonización de los territorios ancestrales a través de la inyección de recursos financieros en autopistas, emporios turísticos, explotaciones mineras, mega hidroeléctrica, red de transmisión de energía eléctrica, entre otros grandes proyectos.
El Cecop tiene ante sí nuevos desafíos, frente a un grupo político encaramado en la cima del poder que ha vuelto por sus fueros y que tiene muchos años de experiencia en el uso de la fuerza. Un grupo que sabe lo que es la guerra de desgaste; que para mantener el control territorial se las ingenia para crear grupos de choque. Que sabe intervenir con diferentes frentes públicos y encubiertos para desactivar cualquier movimiento de resistencia y que sin ninguna restricción jurídica autoriza la entrada del Ejército para reprimir a la población, como ya sucedió  en el estado en los años de la guerra sucia.
La amenaza de un autoritarismo renovado empieza a afianzarse en el centro de la República con  las acciones injerencistas que están teniendo en el estado de Michoacán y con operaciones políticas selectivas disfrazadas de legalidad, como sucede con el doctor Mireles y Marco Antonio Suástegui, al enviarlos a penales federales para criminalizar su movimiento y desacreditar su trayectoria como luchadores sociales. Este uso desviado y politizado de los penales federales es el puño que golpea a quienes se atreven a cuestionar las posturas verticales y unilaterales de los gobernantes. Su osadía de disentir y de rebelarse  la están pagando muy caro al confinarlos a estas masmorras, al quitarles toda su red de apoyo, impedirles una defensa adecuada y doblegar el espíritu combativo de los dirigentes. Lo más grave es que estamos ante realidades consumadas que buscan inhibir la lucha opositora y que socavan los derechos de  luchadores sociales que están  recluidos ilegalmente fuera del estado, como Gonzalo Molina, Arturo Campos, Marco Antonio Suástegui y Nestora Salgado. Todos ellos y ella son presos políticos, porque las decisiones de refundirlos en penales federales no tienen sustento legal, sino motivaciones meramente políticas que rayan en  rencores de índole personal.
Lo que existe en las profundidades de la vida comunitaria es algo más que un liderazgo, hay estructuras organizativas que son las que le dan fuerza y consistencia a las luchas del pueblo. Son movimientos que emergen de las raíces de la colectividad, que defienden lo que está en el fondo de su ser y que saben que ahí está anclado su pasado y que tanto  su presente como el porvenir estarán seguros, siempre y cuando se organicen para defender su patrimonio y luchen con ahínco, como Marco lo hizo en todo momento. El Cecop ha sabido leer los nuevos signos del tiempo neoliberal, se tiene que acuerpar. Esta llamado a sumar y convocar al reencuentro y la reconciliación.
El nombramiento de una dirección colectiva es un paso importante en esta nueva etapa de reestructuración, se necesita recuperar la fuerza cimentada en sus asambleas, de salir fortalecidos con la integración de comunidades que se han quedado al margen. Tienen que ir en busca de los que se alejaron. Hoy más que nunca tienen que tejer fino los artesanos de la resistencia, los sembradores de la rebeldía y con la participación de las nuevas generaciones tendrán la sangre nueva que el Cecop necesita para recuperar el brío y tomar el acero en sus manos para proteger lo que es su carne y su sangre: la tierra y el río. Las autoridades del estado están llamadas a mostrar con hechos que la detención de Marco Antonio, no tiene tintes políticos, para ello es urgente su retorno al estado, de lo contrario, se le niega el derecho a una defensa adecuada y se le estigmatiza como un delincuente peligroso y no como un luchador social.