Se instala la mesa de diputados federales y el gobierno para liberar a Nestora y Suástegui

Se instala la mesa de trabajo de diputados federales y el gobierno para liberar a Nestora y Suástegui

*En otra reunión el próximo lunes analizarán con abogados las vías para la excarcelación también de los otros presos de la CRAC. Se manifiesta un grupo de cien personas contra la liberación de los detenidos

Diputados federales del PRD se reunieron ayer en Acapulco con el secretario General de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, para instalar la primera mesa de negociación para la liberación de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García; de Tixtla, Gonzalo Molina González; de Ayutla, Arturo Campos Herrera, y del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz.
La reunión de llevó a cabo en privado en las oficinas de la Promotora Turística (Protur), hasta donde llegaron unas cien personas que se manifestaron para exigir una audiencia con el secretario General de Gobierno para plantearle su rechazo a la liberación de Nestora Salgado y Marco Antonio Suástegui, pero no fueron atendidos.
A la reunión asistieron los diputados federales Teresa Mojica Morga, Rosario Merlín García, Vicario Portillo Martínez y Carlos de Jesús Alejandro.
Estuvieron además la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín, el secretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez Pérez, y el subsecretario de Reinserción Social.
También participó el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, quien a la salida de la reunión dijo que su participación en la mesa sólo es de “acompañamiento” y que todo es hablado por los diputados federales que son los que encabezan las reuniones.
Vía telefónica la diputada Teresa Mojica Morga informó que se acordó otra reunión para el próximo lunes, en la que participarán los abogados para revisar los expedientes “y ver qué vía es la adecuada” para conseguir la liberación de los detenidos.
De la manifestación ocurrida afuera de Protur, dijo que es un derecho que tienen las personas a manifestarse de lo que crean conveniente.
Por teléfono, el diputado Vicario Portillo Martínez confirmó que la próxima reunión será para revisar los expedientes de los cuatro luchadores sociales encarcelados por el gobierno de Ángel Aguirre y recluidos en cárceles fuera del estado, y que se buscará una salida política porque la vía jurídica alargaría el trámite para su liberación.
Portillo Martínez dijo que la protesta fue organizada por alguien, pero desconocía quién, y que es un derecho a manifestarse pero también hay derecho a la defensa y eso es lo que hacen los diputados federales.
En declaraciones por separado, la diputada federal Rosario Merlín García dijo que el caso de Nestora Salgado y Marco Antonio Suásteguí se verá con los abogados de cada uno de los detenidos.
La diputada recibió reclamos de los manifestantes, quienes le reprocharon que defienda a Marco Antonio Suástegui; le dijeron que no la querían ver en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, y le mostraron cicatrices de los golpes y rozones de disparos.
La diputada les dejó a los manifestantes de los Bienes Comunales de Cacahuatepec un número telefónico y les dijo que le llamaran y que escucharía todas sus inconformidades, pero uno de los inconformes le dijo que “con la tarjeta no vamos a solucionar nada”.
Luego intervino otro de los comuneros y le pidió que “no defienda al agresor, defienda a los agredidos”.

Los manifestantes

Afuera de las oficinas de Protur, desde las 10:30 de la mañana estuvieron comuneros de Parotas, Parotillas, San Isidro Gallinero, Los Ilamos, La Concepción, Aguaca-liente, El Bejuco y del ejido de Tres Palos, para pedir que no se libere a Marco Antonio Suástegui; eran unas 80 personas, entre hombres mujeres y niños.
También estuvieron unos 15 vecinos provenientes de Olinalá, quienes se manifestaron para que no se deje en libertad a Nestora Salgado.
Los comuneros de los Bienes Comunales de Cacahuatepec se negaron a dar declaraciones a El Sur porque dijeron que “defiende delincuentes y no dice la verdad”.
En la protesta se observó que casi todos los participantes llevaban una cartulina con algún mensaje contra la diputada federal Rosario Merlín, Marco Antonio Suástegui y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Los comuneros llevaban dos mantas en las que se leía “Rosario Merlín y diputados del PRD, PT y Morena si le dan el apoyo a Marco Antonio tendrán un voto de castigo”, y “para los tres niveles de gobierno cuentan con el apoyo de los Bienes Comunales de Cacahuatepec”.
En las cartulinas se leía “Rosario Merlín te llevaste entre las patas a tus compañeros legisladores”, “fuera los abogados de Tlachinollan que asesoran al grupo armado de delincuentes en La Concepción, fuera de los Bienes Comunales de Cacahuatepec”, “ahora que Suástegui está encarcelado organizaciones sociales lidereadas por la sospechosa Tlachinollan quieren hacer creer que se trata de una detención ilegal”.
Junto a los comuneros pero en un extremo de la protesta estuvieron un grupo de personas que se dijo victima de las actuaciones de la Policía Comunitaria de Olinalá, encabezados por el síndico Armando Patrón Jiménez.
El grupo de Olinalá dijo que acudieron a protestar a Protur porque se enteraron por los periódicos que hoy sería la reunión para gestionar la libertad de Nestora Salgado.
Patrón Jiménez dijo que la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá lo detuvo sin ninguna causa acusado de abigeato y del asesinato de dos ganaderos, y señaló que “esa gente que se escuda en la Policía Comunitaria son auténticos delincuentes”, y que estuvo preso en malas condiciones donde sólo le daban un vaso de agua al día.
Eugenio Sánchez González dijo que él estuvo detenido 2 meses y 5 días sin ninguna acusación; Maritza Meza Castro dijo que su hija de 17 años fue detenida durante tres meses y no sabe de qué la acusaron; Gustavo Rodríguez Patrón dijo que él estuvo prisionero de la Policía Comunitaria de Olinalá ocho días sin saber el motivo.
Los asistentes dijeron que su protesta fue porque “no es justo” que los diputados federales “protejan a delincuentes”.
El abogado de los detractores de Nestora Salgado, Fausto Ramírez, dijo que las víctimas de la Policía Comunitaria han recibido amenazas de parte los policías comunitarios que todavía operan en Olinalá. (Redacción / Acapulco).

Los pueblos ya decidieron sobre La Parota, responde el Cecop al arzobispo Garfias Merlos

*Si se debe preguntar a alguien sobre el proyecto de la presa es a los que viven en las comunidades, afirma Felipe Flores. Antes de pensar en una consulta debe ser liberado Marco Antonio Suástegui, plantea el director de Tlachinollan Abel Barrera

Mariana Labastida

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, consideró que antes de hablarse de una consulta ciudadana se debe garantizar la libertad de los opositores para defender su tierra.
El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop), Felipe Flores Hernández, enfatizó por su parte que los pueblos ya decidieron, y si se debe de preguntar a alguien es a los que viven en las comunidades.
Lo anterior, en relación a la propuesta hecha por el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, de que se haga una consulta ciudadana en el tema de la presa La Parota.
Consultado vía telefónica, Barrera Hernández dijo que no se puede hablar de consultas si antes no está en libertad el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, y se garantice a los opositores su derecho de defender su territorio.
Abel Barrera enfatizó que “en primer lugar” las tierras comunales son de los campesinos, por ello dijo que si se da una consulta tendría que ser entre ellos mismos, “hay que tomar en cuenta que los pueblos hicieron este ejercicio hace cinco o seis años, cuando hubo una consulta por usos y costumbres, escucharon los planteamientos de la CFE y al mismo tiempo a académicos de la universidad sobre las consecuencias de una presa, que no es viable ni social ni ambientalmente”.
El defensor de los derechos humanos insistió en que antes de cualquier otra propuesta en torno a La Parota se debe dejar de criminalizar al Cecop, porque parece que hay una consigna de tratarlos como delincuentes.
Planteó que las autoridades deben garantizar el retorno de Suástegui Muñoz y garantizar una defensa adecuada “para emparejar el terreno”, y no se puede dar ninguna consulta mientras el opositor esté recluido, enfatizó.
También exigió la salida del Ejército de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, y que las autoridades acaben con la campaña contra los campesinos, “que lo único que han hecho es defender sus tierras y se les está criminalizando por el hecho mismo que han hecho valer su derecho contra los empresarios que están atentando contra su territorio desde hace años”.
Barrera Hernández expuso que la propuesta del arzobispo es desde la lectura que él le está dando al conflicto, y responde a una preocupación pastoral,  porque hay sacerdotes que han acompañado al movimiento opositor, e insistió en que cualquier consulta es en los pueblos que serían afectados, que abrirla a otros sectores daría pie a que se involucren empresarios en asuntos de competencia “netamente agraria”.
Por su parte, Flores Hernández puntualizó que desde el 2003 han dejado claro que el proyecto de la presa La Parota “no es viable, no es sustentable, no es rentable, entonces qué tanto buscan, pues si nosotros hemos dicho que no lo vamos a aceptar”.
Agregó que se pregunte a los comuneros si es que se quiere hacer una consulta, que “la gente no tiene que andar opinando cosas que el pueblo no está de acuerdo”.
Recordó que las “tierras no se venden, no tiene precio, nos las heredaron y las vamos a seguir conservando, no podemos permitir que se impongan caprichos”.
Por lo que exigió que se respete la decisión de las comunidades, porque según lo que han visto que ha ocurrido con los campesinos en otros lugares donde se han hecho presas, es que son desplazados y al final se quedan sin “casa, sin dinero y andan mendigando”.
El arzobispo Carlos Garfias dijo en conferencia de prensa el domingo que se debe dar a conocer el proyecto de La Parota, sus pros y contras, y hacer una consulta ciudadana por ser un tema controvertido, luego de que se le preguntó su opinión respeto al presupuesto de 409.5 millones de pesos que asignó  este año el gobierno federal para dicha obra en Acapulco.