Por corrupción se autorizan obras en zonas de reserva, acusan ecologistas

* Señalan directamente al secretario Jorge Juárez Soto

* Presentan documentos y cheques sobre un caso de Praderas de Costa Azul * Si no se atiende la denuncia la llevarán a la PGR, advierten Trani, Gómez Pardillo, Robin Sydney con otros ambientalistas

Raquel Santiago Maganda * Ecologistas del puerto denunciaron irregularidades del secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento, Jorge Juárez Soto, y presentaron documentos de probables actos de corrupción al otorgarse licencias de construcción que violan la legislación ambiental, pues lo único que se toma en cuenta es el aspecto económico.

Dijeron que esperan una respuesta a su denuncia, y anunciaron que de no ser así entonces están dispuestos a llevarla ante la Procuraduría General de la República porque las obras autorizadas implican además una invasión a la reserva natural del Parque El Veladero.

Participaron en una conferencia de prensa al respecto, el presidente del Consejo Ciudadano para el Desarrollo Integral de Acapulco, Rafael Trani Cabrera; el coordinador jurídico del Consejo Ciudadano, Américo Hernández Fuentes; la presidenta del Grupo de defensa de la Isla de la Roqueta Robin Sydney; la integrante de Desarrollo Comunitario de Colonias y Fraccionamientos del Estado de Guerrero, Ofelia Reza Bahena; el activista del grupo Guerreros Verdes, Bernardo Salas Roldán y el presidente de Protección Ecológica Subacuática, Ramiro Gómez Pardillo.

En la oficina de éste último se mostraron copias de documentos considerados como pruebas de actos de corrupción por parte del secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología (Seduope) municipal, Jorge Juárez Soto.

Allí mostraron que se expidió un cheque de 45 mil pesos a nombre de Gabriel Nieto López, de quien dijeron es familiar del alcalde Alberto López Rosas y asistente en la Seduope, y con la función de “recibir dinero a nombre de Juárez Soto”.

El cheque fue expedido en septiembre por María Luisa López Contreras, quien aparece en los trámites para la entrega de la licencia de construcción de nueve casas habitación con área comercial en las calles Monte Sinaí, esquina Monte Calvario en la colonia Praderas de Costa Azul.

Los ecologistas entregaron copia de una solicitud con fecha de 26 de mayo de este año en donde a María Luisa López se le negó la licencia de construcción, porque según el Plan Director la zona es “un área de protección y conservación de áreas naturales, aptas para las zonas en donde la biodiversidad debe conservarse y protegerse”.

El mismo 26 de mayo se hizo de nuevo la solicitud y entonces se modificó el dictamen para declarar el sitio como “apto para la vivienda en el área urbana como en las zonas de crecimiento”, pero este documento sólo tiene la firma del jefe del Plano Regulador, Juan Dillanes Reyes.

Por el concepto de licencia, María Luisa López pagó 648 mil 434 pesos a la Secretaría de Administración y Finanzas y se emitieron boletas de pago con fecha del pasado 4 de septiembre, mientras que el cheque número 29 de María Luisa López por 45 mil pesos se elaboró el 30 de septiembre del 2003, mismo que incluso fue devuelto por falta de fondos.

Ramiro Gómez precisó que en reiteradas ocasiones el alcalde ha pedido pruebas de casos de corrupción para actuar, pero informó que el miércoles los inconformes acudieron a las oficinas de López Rosas para mostrarle los documentos, reunión que no se dio porque se encontraba en Chilpancingo en una reunión de todos los alcaldes peredistas con el gobernador René Juárez Cisneros.

Gómez Pardillo aseguró que no tenían la intención de filtrar a los medios de información los documentos “comprobatorios de la corrupción”, pero ante la omisión decidieron darlos a conocer públicamente.

Otra prueba más de corrupción, dijo Gómez Pardillo, es una copia de una licencia de construcción que se otorgó el 21 de junio de 2002, en la administración de Zeferino Torreblanca Galindo, en donde Juárez Soto –entonces dedicado a su profesión de arquitecto–, le fue otorgada una licencia para la construcción de seis casas en el fraccionamiento de Lomas de Costa Azul, que ahora en su periodo como titular de la Seduope se está construyendo “en pleno canal” una séptima casa-habitación.

También mostraron documentos de un amparo promovido por el Ayuntamiento ante el Poder Judicial de la Federación, que la administración municipal ganó para favorecer a la empresa Inmobiliaria y Desarrollo del Pacífico, SA de CV, que antes le había negado la autorización para construir en el fraccionamiento Mozimba, cerca de la casa del alcalde.

Como antecedente, el pasado 17 de septiembre fue destituido Ricardo Trejo Añorve como subdirector de Administración y Operación Urbana, debido a que no pagó el salario completo de los trabajadores del monumento de los fallecidos en el huracán Paulina, que está ubicado en el canal de El Camarón sobre avenida Cuauhtémoc.

Además se autorizó la construcción de la gasolinera ubicada en la calle Gómez Morín sobre avenida Cuauhtémoc, a pesar de que hace un año estaba considerada por la Dirección de Protección Civil como una zona de alto riesgo, pues allí en 1997 el huracán Paulina provocó estragos porque es parte de la Cuenca Magallanes. La autorización fue denunciada por Ramiro Gómez ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Aunado a esto, dijeron los ecologistas, en 10 meses de la administración de López Rosas se ha autorizado la construcción de seis gasolineras en el puerto.

El interés económico por encima del medio ambiente

Ya en las declaraciones, Antonio Trani precisó que no se oponen a la inversión en el puerto, pero se han cometido irregularidades como el cambio del uso del suelo, se ha respaldado la destrucción de las zonas de humedales, que representan una zona importante en la biodiversidad.

Además, cuestionó, el cambio de uso de suelo no da confianza a los inversionistas, porque es una señal de que en cualquier momento no se respetará el giro de sus negocios turísticos.

Para Trani, el alcalde López Rosas desconoce estas acciones o de plano “tiene malos asesores”, porque no es una estrategia conveniente crear empleos a expensas del irremediable daño ecológico a la ciudad.

Ramiro Gómez Pardillo precisó que los señalamientos contra esta administración municipal los hacen “sin distinguir partidos, sino con base a las acciones”. Recordaron además que durante la campaña de López Rosas, él se comprometió a salvaguardar el medio ambiente del puerto, pero las acciones de la Seduope van en sentido contrario de ese compromiso.

Lamentaron que el actual director municipal de Ecología, Miguel Balleza García no ejerza sus funciones por las limitaciones de su cargo, a pesar de que cuando fue ciudadano fue uno de los principales promotores del cuidado de la ecología.

Ahora, una de las preocupaciones de los denunciantes es que el alcalde asuma una postura de defensa férrea de sus funcionarios, aún “cuando hemos presentado las pruebas”. Justifican su pesimismo con el antecedente del apoyo absoluto de López Rosas a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio, Rossana Mora Patiño y la “imposición” de Irma Figueroa Romero como candidata perredista a la diputación del distrito 10.

Exigieron que se cumpla con la norma de protección al medio ambiente, que las autoridades municipales no respetan. Por eso la posibilidad de que acudan a la PGR, si no cambia la actitud del secretario de Obras Públicas.