Medidas a largo plazo y descentralizar la política ecológica, proponen especialistas

 * Entre los ponentes, el delegado Octavio Klimek Alcaraz; Irene López Faugier, de la UNAM; Richard Harrison, de Belice; Hazuki Matsui, de Japón, Francisco Cannabrava, de Brasil; Alfonso Ciprés, del MEM, y Héctor Arita Watanabe, del Instituto de Ecología de la UNAM

 Aurelio Peláez * Descentralizar las decisiones en materia de política ecológica; tomar medidas a largo plazo en temas de medio ambiente y promover medidas más concretas en cuanto a sanciones a quienes provoquen daño a la ecología, fueron las opiniones que se presentaron en el Congreso Internacional de Derecho Ecológico, acto organizado por la Facultad de Ciencias Sociales de la UAG.

En la inauguración del Congreso estuvieron el presidente municipal, Alberto López Rosas; el subprocurador Jurídico de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Jesús Becerra Pedrote, así como el director de la Facultad de Ciencias Sociales, Nazarín Vargas Armenta.

Entre los conferencistas del viernes, estuvieron el delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Guerrero, Octavio Klimek Alcaraz, e Irene López Faugier, investigadora de la Facultad de Derecho de la UNAM. También, para compartir experiencias sobre el tema ecológico en sus países, Richard Harrison, representante de la Embajada de Belice; Hazuki Matsui, agregada cultural de la Embajada de Japón, y Francisco Cannabrava, representante de la embajada de Brasil.

Por la tarde, en una segunda conferencia, participaron Alfonso Ciprés Villarreal, del Movimiento Ecologista de México, y Héctor Arita Watanabe, del Instituto de Ecología de la UNAM.

En sus palabras previas al inicio de la conferencia, el alcalde López Rosas dijo que en estos tiempos se ha colocado en riesgo a la flora y fauna, y con ello la preservación de la vida humana, y urgió a emprender acciones en lo que se refiere al equilibrio ecológico.

Jesús Becerra, el subprocurador jurídico de la Profepa, comentó que para que la ley tuviera mejores resultados en materia de protección al medio ambiente, había que convocar a los diversos sectores de la sociedad a participar en una defensa más activa del medio ambiente y a buscar que mejores los procedimientos en materia de política ecológica.

Al foro asistieron unos 300 estudiantes.

Garantizar la justicia ambiental

El delegado de la Semarnat, Octavio Klimek, presentó la ponencia Rasgos fundamentales de la política ambiental en México en la que afirmó que una de las premisas de la secretaría ha sido detener el deterioro del medio ambiente, sin asumirla como un costo inevitable del desarrollo, sino más bien con un resultado sintomático de un mal desarrollo.

Contó que el programa de trabajo de la Sermanat tiene tres políticas claves, que son la reforma legal que garantice el acceso efectivo a la justicia ambiental, y adaptar los instrumentos legales de protección al ambiente a los cambios existentes. Está también la transversalidad, que implica buscar el financiamiento a los programas de protección a la ecología. Asimismo, la participación social, para abrir espacios que garanticen la participación de todos los sectores interesados en la protección y mejoramiento ambiental.

El delegado de la Semarnat en Guerrero, quien ha realizado investigaciones sobre la conservación de la naturaleza, contó que en el país el costo del centralismo ha afectado también el equilibrio ecológico del ecosistema. Por ello, afirmó que el gobierno federal debe repartir a estados y municipios mayores facultades y obligaciones en cuanto a materia ambiental, descentralizando aparatos como la Semarnat.

Octavio Klimek comentó en el foro la necesidad de reorientar la discusión sobre pobreza y medio ambiente, pensando en un escenario futuro de catástrofes ambientales. Comentó que el gasto social consume la mayor parte del presupuesto y quita recursos al gasto ambiental. Señaló que se mantiene la idea de que dar recursos para el cuidado del medio ambiente afecta los programas contra la pobreza, pero adelantó que no hacerlo provocará a futuro el deterioro ambiental y agudizará los mismos problemas de pobreza.

El investigador y funcionario federal habló también de combatir a lo que llamó la Ecocracia, que son aquellos políticos que se inclinan por resolver problemas ambientales a cortoplazo, ignorando las alternativas a mediano y largo plazo.

Asimismo, explicó que se requiere un marco jurídico más adecuado para no dejar sin castigo actos punitivos contra el medio ambiente, y habló de la posibilidad de la creación de Tribunales Ambientales.

La investigadora de la Facultad de Derecho de la UNAM, Irene López Faugier, participó con la ponencia Comercio internacional y medio ambiente: implicaciones sobre derecho ecológico, explicó que aunque la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente rige lo referente sanciones y medidas de reparación de daños provocados por ciudadanos al medio ambiente, esta es difusa en cuanto a las medidas jurídicas para concretar que así sea.

Contó que las sanciones a quienes provoquen daños al medio ambiente remiten al código civil federal y a los códigos de los estados, el castigo ni la reparación del daño es claro, y en los casos laborales –que también se dirimen a partir del código civil– la demanda la presenta un particular, que acredita un daño o perjuicio en su salud.

En cuanto al medio ambiente, en México es complicado identificar los daños que a la población o a un particular pudiera provocar el medio ambiente, se tiene que acudir entonces a juzgados y se da un trámite jurídico complicado y tortuoso en donde la empresa o persona que haya provocado un daño a la naturaleza tiene la posibilidad del amparo o defensa, pudiendo llevar este proceso hasta unos siete años.

De acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico, el daño al medio ambiente tiene una vigencia a partir de haberse cometido, de cinco años, y en el lapso de un juicio como el del mexicano, cuanto se pudiera presentar el dictamen, ya el daño ecológico sería inevitable y la posible reparación del mismo, inviable.

En cambio, ponderó el caso de Estados Unidos, en donde existe una instancia basada en una figura civil de Acción y Compensación Ambiental Total, que no prevé prescripción del delito –como en el caso mexicano, de cinco años– y tiene la facultad de la retroactividad, que acepta que un ciudadano pueda comparecer ante esa instancia en representación de su comunidad, presentar la denuncia. Luego, se inicia la investigación, se determina la existencia de daños provocados al ambiente, se fija un posible monto de pago o mecanismos de reparación de daños, y se convoca al individuo o empresa infractora para formalizar un convenio de pago.

Richard Harrison, representante de la embajada de Belice, ponderó la realización del foro, sobre todo cuando en el ámbito internacional los temas de discusión que promueven las potencias son el terrorismo y el Tratado de Libre Comercio.

Narró que en Belice, para atender y mejorar el medio ambiente, se creó en 1995 el Fondo para la Conservación de Areas Protegidas, luego de que el mejorar el PIB de la población al país se le retiraron las ayudas internacionales, “que necesitamos, porque seguimos siendo un país pobre”.

Este fondo ha recaudado en estos años cerca de 2 millones de dólares, a partir de imponer una cuota de 3.75 dólares a los turistas que visitan Belice, un tanto a impuestos a cruceros  y otro por licencias y concesiones en centros de recreación. El fondo es manejado por personas independientes del gobierno, toma sus propias decisiones, decide qué proyectos de cuidado y protección al equilibrio ecológico respalda, y aún ha ampliado sus facultades para recibir donativos internacionales.

Hazuki Matsui, la agregada cultural, contó ahí de las situaciones de crisis que pasaron en su país a partir de los años setentas, como consecuencia del rápido desarrollo industrial a partir de la posguerra.

Las experiencias se refirieron a la contaminación industrial y la crisis petrolera, aunque también comentó la política de reciclamiento impuesta en Japón para aprovechar los escasos recursos naturales que se tienen, incluyendo el aprovechamiento de la energía.

Señaló que las industrias al principio se resistieron a aceptar las recomendaciones gubernamentales para la protección del medio ambiente, pero luego de diversos problemas sanitarios y de salud, aceptaron invertir en recursos para el tratamiento de aguas, humos y gases provocadas por las mismas industrias. Luego de muchos años, las propias empresas entendieron que invertir en medidas anticontaminantes, no afectó el desarrollo económico ni la actividad de sus empresas.

Este sábado las conferencias continuarán con la participación Marisol Angeles Hernández, del Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, La consolidación del derecho ambiental y sus implicaciones practicas en el derecho de propiedad; Ramón Ojeda Mestre, de la Corte Internacional de Arbitraje Ambiental, con Constitución y medioambiente. La relatoría de y conclusiones del Congreso correrán a cargo de Eduardo López Betancourt, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. El evento se realiza en el Centro de Convenciones de Acapulco.