Cuestionan los argumentos del gobierno para liberar a policías de Aguas Blancas

 Dos campesinos presos políticos sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas, Joviel Rafael Ventura y Gerónimo Hernández Refugio, cuestionaron los argumentos que dio el gobierno del estado, por medio de la Dirección de Readaptación Social, para poner en libertad a siete policías motorizados implicados en la matanza de campesinos del 28 de junio de 1995.

Dijeron que mientras a los policías que mataron a los campesinos los dejan en libertad, a los campesinos que luchan les fabrican delitos y los torturan para tenerlos en la cárcel, e insistieron en su demanda de justicia para todos.

Asimismo, demandaron que se atiendan los reclamos de dos presos políticos que están en huelga de hambre en Chilpancingo, Miguel Ángel mesino Mesino y Tomás de Jesús Barranco.

Por otra parte, indicaron que el ex director de Gobernación y seis policías, recluidos en el penal de Acapulco como responsables materiales de la masacre de Aguas Blancas, amanecieron en huelga de hambre el miércoles, en la entrada de su dormitorio.

Dijeron que los motorizados, supuestamente, “están luchando por su libertad”, y se ha dicho que es probable que los liberen en pocos días.

Lo campesinos presos políticos, que fueron testigos de la masacre de Aguas Blancas, manifiestan su rechazo a que sigan saliendo de la cárcel los policías motorizados, “que mataron a nuestros compañeros”.

Por medio de un boletín de prensa

Los dos campesinos presos, Joviel Rafael Ventura y Gerónimo Hernández Refugio, dieron a conocer el domingo 19 de octubre la libertad de los policías motorizados, que había ocurrido el 11 de septiembre y el 9 de octubre, y que las autoridades habían mantenido en secreto.

Después de que se publicó la información, en un boletín de prensa del gobierno del estado, la Dirección de Readaptación Social da a conocer los motivos oficiales de la liberación de los siete policías motorizados, mediante la liberación anticipada.

En el mismo boletín oficial, se afirma que Joviel Rafael Ventura no tiene aún derecho a la libertad anticipara porque ha cumplido sólo el 29 por ciento de su condena, y Gerónimo Hernández Refugio aún no está sentenciado.

Los presos políticos perredistas manifestaron en un comunicado enviado ayer a los medios que lamentan la determinación del Consejo Técnico Interdisciplinario de Readaptación Social de otorgar la libertad a los policías, y cuestionan los motivos de salud que manejan las autoridades, pues hay personas más enfermas y de edad más avanzada que siguen en prisión.

Señalan que lo que se dice en la cárcel es que esta justificación no tiene fundamento, y que los policías liberados no estaban enfermos.

Joviel Rafael Ventura, originario de Paso Real, dijo que está sentenciado por dos resoluciones: una federal, que es portación de armas y por secuestro.

“Quiero decir que por el delito federal que corresponde al arma ya tengo boleta de liberatd, y por el delito de secuestro estoy sentenciado a 15 años y en el careo el agraviado no me sañala, ya que yo no conetí ese delito. Me sentencian porque hubo línea para que estuviera preso, porque siempre presionaron al juez, Edmundo Román Pinzón, el magistrado Julio Lorenzo Jáuregui.

“Quiero aclarar que mi delito fue fabricado, ya que fui detenido el 9 de agosto de 1998 y fui presentado hasta el 20 de agosto, fui torturado físicamente y sicológicamente durante 11 días”.

Y pregunta: “¿por qué a los motorizados se les beneficia por un delito que fue hecho a la luz pública, que todos sabemos que fue una masacre masiva, y por qué a los sobrevivientes se nos fabrican delitos?”.

Por su parte, Gerónimo Hernández Refugio informó que lo acusan de tres delitos que no cometió, y que por medio de tortura lo obligaron a firmar hojas en blanco.

En respuesta al boletín del gobierno del estado, aclara que el señor José Píndaro Mendoza Bello, quien presuntamente lo acusó de robo, nunca lo señaló, y agrega: “Él ya vino al juzgado segundo, dice que no me acusa de nada y que él sólo fue presionado por gente que insistían en que me señalara”.

Señala que después, la Procuraduría General de Justicia del Estado le fabricó el delito de secuestro en agravio de Andrés Astudillo Luviano, porque, dijo, “como el señor Píndaro no se prestó, buscaron a otro que me acusara”.

En tercer lugar, está sentenciado a 13 años de prisión, por portación de un fusil M-1 y una pistola 380, que afirma que le fueron sembradas.

Gerónimo Hernández pregunta al procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero: “Ahorita tenemos estos delitos, mañana ¿qué nuevos delitos nos van a fabricar para tenernos en la cárcel, mientras liberan a los policías que mataron a nuestros compañeros a sangre fría?”. (De la Redacción)