Pone el Ayuntamiento otra demanda penal contra el ex alcalde de Iguala

 * El priísta Juan Muñoz y otros funcionarios conoceron de una demanda laboral y se negaron a contestarla, dice el Jurídico del gobierno perredista  

Oracio Lagunas Ramírez, corresponsal, Iguala * El Ayuntamiento presentó y ratificó una segunda denuncia penal por el delito de administración fraudulenta en contra de diez funcionarios del trienio anterior gobernado por el PRI.

De nuevo, el gobierno del perredista Lázaro Mazón presenta una denuncia penal contra el ex presidente Juan Muñoz Caballero, el primer síndico Zacarías Rodríguez Cabrera, la presidenta del DIF municipal Isabel Marbán de Muñoz y el representante jurídico Javier Alcaráz Sánchez, y directores de áreas, como Armando Gabriel Victoria Esquivel del Departamento Jurídico y sus auxiliares Nemesio Alvarez García y Emilio Ocampo Arrieta, entre otros.

La nueva demanda se deriva de que aún en funciones, los antes citados tuvieron conocimiento del despido injustificado a principios del 2000 de 10 trabajadores del DIF municipal, adscritos o comisionados al lienzo charro Ingeniero Rubén Figueroa Figueroa, a la casa del mismo presidente municipal donde hicieron labores de albañilería y jardinería, funciones que no les competían.

Tras su despido, los trabajadores de inmediato presentaron una demanda laboral ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), instancia que dictó, un mes antes de concluir el periodo 1999-2002, reinstalar a los trabajadores y pagar los salarios caídos.

Sin embargo, según el actual director del Jurídico, Pedro Salgado Bahena, “por instrucciones superiores” la JLCA retardó el dictamen y se lo “enjaretaron” a la nueva administración, “pues se sabían perdidos en la elección” para nuevo alcalde del 6 de octubre de 2002.

Por eso, recordó Salgado, todavía no tenía dos meses la administración de Lázaro Mazón cuando la JLCA “notificó al Ayuntamiento que debería pagar poco más de dos millones de pesos a los trabajadores despedidos de manera injustificada”.

El funcionario aclaró que la JLCA pidió a la Secretaría de Finanzas y Administración la retención del recursos de la partida presupuestal para el municipio de Iguala, para indemnizar de allí a los trabajadores.

“Por eso es que esta administración tuvo problemas para pagar la segunda parte del aguinaldo y muchos funcionarios no cobramos durante tres quincenas seguidas, pues el déficit que arrastramos es grande”.

Recordó que el gobernador René Juárez Cisneros se comprometió a destinar, además de esos 2 millones de pesos, otros 17 millones del adeudo a proveedores que dejó la gestión del priísta Muñoz Caballero y que a la fecha no se han liquidado.

En esta nueva demanda, precisa Salgado Bahena, se indica que el presidente municipal, el síndico, el representante legal del DIF municipal y el área jurídica de la pasada administración, tuvieron conocimiento del problema y se negaron a contestar la demanda, por motivos que hasta la fecha se ignoran.

“Es más, a esta nueva demanda le anexamos un copia del oficio del abogado de los trabajadores despedidos, quien pedía o proponía a Juan Muñoz Caballero, antes de demandar ante la JLCA, una indemnización de 10 mil pesos por trabajador, pero el alcalde se desentendió de la propuesta y ahora están las consecuencias”, reveló Salgado Bahena.

Según el funcionario, este tipo de delito se enmarca en el artículo 241, fracción IV, que dice: “Teniendo conocimiento por razón de su empleo o comisión, de que puedan resultar gravemente afectados por cualquier acto u omisión, el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la administración pública estatal o municipal… (y) no informe por escrito a su superior jerárquico o no lo evite si está dentro de sus facultades…”.

La nueva demanda penal quedó asentada bajo el número HID/SC/073/3003, por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

Por otro lado, Salgado Bahena dijo que desconocía los motivos por los cuales el juzgado penal no ha liberado las órdenes de aprehensión en contra de Rafael Martínez Ménez, Florencio Alcaraz Muñoz, Armando Gabriel Victoria Esquivel, Esteban Brito Patiño, Andrés Zúñiga Fuentes, Samuel Parra Adán y Eduardo Rangel Flores, todos con cargos de director y jefes de oficina, acusados del delito de motín y sedición, por haber tomado las oficinas de la tesorería municipal, el 1º de diciembre del 2002, un días después de la toma de posesión de la nueva administración municipal, para exigir el pago su aguinaldo.

“Nosotros cumplimos con entregar todas las documentales solicitadas para que las órdenes de aprehensión se cumplan cabalmente”, aseguró.

Recordó que apenas la semana anterior, estuvo en una audiencia confesional con los acusados, quienes “de manera descarada, argumentaron frente al presidente de la JLCA que trabajan desde las 8 de la mañana a las 9 de la noche, que no son trabajadores de confianza y que trabajan hasta los sábados y domingos”.

“Esto raya en lo ridículo, pues también reconocen, luego, que tenían cargos de directores o jefes de área, función que sólo tiene la gente de confianza. Pero lo hicieron por una cosa, quieren que el municipio les pague su aguinaldo, salarios caídos y las horas extras; caramba qué tipo de funcionarios fueron”.

En tanto, el ex director del jurídico en la administración de Muñoz Caballero, Armando Gabriel Victoria Esquivel, dijo estar a la expectativa de esta nueva demanda en contra suya y de algunos otros ex funcionarios.

Incluso, se ofreció, como abogado, a llevar la defensa de sus compañeros acusados, “pues mi despacho presta este tipo de servicios”.