La liberación de los policías indica que no van a juzgar a Figueroa: Prodh

 La liberación de siete policías motorizados involucrados en la masacre de Aguas Blancas consolida de manera indirecta, la impunidad del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer y de funcionarios de su gobierno responsables, dijo el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh).

En un boletín acerca de las recientes liberaciones, plantea: “Lo más preocupante de estas recientes liberaciones es el mensaje que genera. Si aquellos que en su momento fueron sentenciados por su responsabilidad como autores materiales de la masacre de Aguas Blancas están siendo liberados, sería iluso pensar que el Estado mexicano juzgará a los autores intelectuales que en su momento no fueron ni investigados ni sujetos a proceso, a pesar de existir claras evidencias de su participación en la planeación de la masacre”.

En el boletín de prensa, firmado por el director del Prodh, Edgar Cortez, señala que la falta de compromiso con la justicia también ha quedado evidenciado “con la actitud del gobierno federal quien se ha negado sistemáticamente a cumplir con las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a acatar lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su resolución 3/96”.

Sobre las motivaciones de la liberación de los autores materiales, dice: “Las liberaciones acaecidas recientemente pueden ser resultado de dos factores: o una concesión política por parte del gobierno del estado que impidió que los policías agresores purgaran la totalidad de sus penas, o una preliberación producto de la deficiente labor que en su momento tuvieron órganos ministeriales y jueces de consigna y que permitió que el proceso penal seguido a los policías fuera endeble y que los delitos por los cuales fueron sentenciados carecieran jurídicamente de la gravedad que realmente tuvieron”.

Informa que familiares de las víctimas y organizaciones civiles, entre ellas el Centro Prodh, presentaron, en octubre del 2001 y en abril del 2002, sendas denuncias penales ante la Procuraduría General de la República, para que dicho órgano investigara y consignara a los autores intelectuales de la masacre que en ningún momento habían sido sujetos a proceso.

“Sin embargo, ni la PGR en su calidad de órgano investigador, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores, como órgano encargado de verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por organismos internacionales de derechos humanos, han establecido mínimas condiciones que permitan evidenciar voluntad para dotar a las víctimas de justicia”, afirma. 

Afirma: “casos como el de Aguas Blancas y la impunidad que se ha generado, demuestran que en México, todavía estamos lejos de alcanzar el estatus de Estado democrático, dado que la justicia y los órganos que en teoría deberían estar encargados de dotarla, siguen siendo ajenos para aquellos sectores que más lo necesitan”.