Periódico con noticias de Acapulco y Guerrero

La libertad de policías y la impunidad de Figueroa indican carpetazo a Aguas Blancas

 * Los familiares de las víctimas buscarán instancias internacionales para exigir justicia como la CIDH o el juez Baltasar Garzón * El ex gobernador sigue siendo muy poderoso, el procurador Macedo de la Concha le tiene miedo, señala el también ex rector de la UAG

 Aurelio Peláez * El de Aguas Blancas nunca fue un proceso jurídicamente creíble, fue “una caricatura de juicio” y con la liberación de seis policías y un comandante implicados en la matanza de 17 campesinos el 28 de julio de 1995 se pretende dar carpetazo al caso, afirmó el ex rector de la UAG José Enrique González Ruiz, representante legal de los dirigentes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Hilario Mesino Acosta y Marino Sánchez Flores, en la denuncia formal ante la Procuraduría General de la República por los hechos de Aguas Blancas.

González Ruiz fue entrevistado ayer por la mañana luego de haber impartido la conferencia, Orígenes de la Escuela Superior de Ciencias Sociales y la Educación Superior en México, con motivo del 23 aniversario de este centro educativo.

En la entrevista, el ex rector de la UAG señaló que a pesar de que en Guerrero las autoridades judiciales pretenden darle carpetazo al caso Aguas Blancas, las familias de las víctimas y sus abogados insistirán ante la Procuraduría General de la República (PGR), y ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), e incluso ante el juez español Baltasar Garzón, para que se finquen responsabilidades penales por la matanza de los campesinos, al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer; al ex procurador de Justicia, Antonio Alcocer Salazar; al ex secretario general de Gobierno, Rubén Robles Catalán, al ex director de la Policía Judicial del Estado, Gustavo Olea Godoy, así como al titular de Seguridad Pública estatal en ese periodo, Rosendo Armijo de los Santos.

Éstos, nunca recibieron alguna imputación judicial de las autoridades de Guerrero –como recomendó la Suprema Corte de Justicia de la Nación– aunque sí se detuvo a 28 policías y cuatro funcionarios. De los primeros, han sido liberados 22, y sólo queda un funcionario detenido, el ex director general de Gobernación, Esteban Mendoza Ramos.

La denuncia presentada ante la PGR en contra de Rubén Figueroa, Rubén Robles, Antonio Alcocer, Gustavo Olea y Rosendo Armijo, es por los delitos de homicidio, lesiones y ejercicio indebido del servicio público. La justificación presentada por González Ruiz ante la PGR, es que existen documentales públicas que implican a esos funcionarios en la responsabilidad en la matanza. Las documentales son la resolución de la Corte de abril de 1996, y las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En la sentencia de la Corte, se reconoce la responsabilidad política de Figueroa y demás funcionarios estatales y se dejaba a la PGR la posibilidad de inculparlos, aunque el caso fue delegado a las instancias estatales.

Figueroa, poderoso; Macedo de la Concha le tiene miedo

Con la liberación en días pasados de siete policías motorizados sentenciados como responsables materiales de la masacre de Aguas Blancas, sin haber llevado el juicio como responsable intelectual al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer y sus funcionarios, “la intención del gobierno es darlo por terminado”, afirmó Enrique González Ruiz.

Calificó el proceso jurídico seguido en la entidad como “una caricatura de juicio, porque en Guerrero no ha habido nunca una justicia real, un procedimiento creíble en el caso de Aguas Blancas”, aunque señaló que en tanto los familiares de las víctimas mantengan la presión sobre el caso, “aunque es la intención del gobierno, no van a poder cerrarlo”.

En entrevista ayer en el puerto –radica en la ciudad de México y es profesor e investigador académico de la UNAM– dijo que aprovecharía su estancia en la ciudad, como invitado a la conferencia por el 23 aniversario de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, para acudir a la PGR “a preguntar cómo va (el caso). Seguramente me van a decir que está dormido, que no han movido nada, pero seguramente va a ser una presión. Hemos encontrado que sigue siendo muy poderoso Rubén Figueroa, le tiene miedo (el procurador Rafael) Macedo de la Concha, no ha movido un dedo, y la verdad es que va a tener que plantearse por otros caminos y otras vías. Yo no creo que mientras se mantenga en el ámbito de Guerrero vaya a haber justicia en el asunto”.

Apuntó que el que no se haya imputado alguna responsabilidad a Figueroa y su grupo y se haya liberado a los policías “prueba la impunidad, tratan de que quede sin castigo el asunto de Aguas Blancas, y van a intentar sepultarlo ya para que se pierda en el olvido, pero no lo van a conseguir, la gente va a seguir presionando y vamos a seguir transitando las vías nacionales e internacionales al alcance”.

De la propuesta de llevar el caso ante el juez español Baltasar Garzón, para que proceda contra ex funcionarios estatales por cometer crímenes contra la humanidad, González Ruiz comentó que “desde hace tiempo que tenemos calculado (el recurrir a tribunales internacionales). Primero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para seguir demandándole que presione al gobierno mexicano para el juzgamiento de Rubén Figueroa Alcocer, Rubén Robles Catalán y todos los demás señalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero si no funciona la Comisión Interamericana va a ser Baltasar Garzón o el juez (antocorrupción) Carlos Castresana, también de España. Por vías no se va a quedar, se van a agotar las que estén al alcance”.

El caso Aguas Blancas y la alianza

Fox-PAN

–¿El presidente Vicente Fox está siguiendo la misma línea del pasado gobierno priísta, de dejar en la impunidad el caso?

–Sí, yo creo que los intereses que tiene el gobierno del presidente Fox están encaminados a obtener el apoyo para su reforma eléctrica, de petróleo, reforma fiscal y la reforma laboral. Para eso necesita los votos del PRI, y si toca a un priísta importante como es Figueroa, que tiene mucha fuerza política y mucha fuerza económica, se ponen en riesgo los votos para la privatización de todos los sectores que mencioné. Entonces Fox va a preferir su alianza con el PRI a la justicia en estos casos. Es el mismo asunto de los desaparecidos. Ayer hubo una audiencia en Washington (Estados Unidos, en la sede de la CIDH), para tratar el asunto y se tuvo que llevar una denuncia la que se mandó acerca de la actitud del gobierno de Fox de no hacer justicia.

–¿Cuándo se trata el caso Aguas Blancas?

–No, fue ayer para los desparecidos solamente, pero sí está pendiente audiencias en Washington por lo de Aguas Blancas. No fue la de ayer pero está pendiente que fije fecha la comisión y cuando se dé la audiencia vamos a insistir que no han hecho nada, vamos a llevar esta nota de hoy (dice mostrando la información de El Sur), en la que de hecho exoneran a siete policías y anuncian que es un caso cerrado. No hay ningún caso cerrado, está abierto y se va a seguir insistiendo.

Aceptó que decisiones de los jueces locales como el de ayer, hacen más difícil llevar el caso hasta sus últimas consecuencias. “Cada vez que hay una piedra que ponen, pues es otra piedra que hay que quitar. Sí es más complicado cada vez el asunto de Aguas Blancas, porque se van celebrando contextos de impunidad. Por ejemplo, van a decir que es cosa juzgada, que ya el Poder Judicial hizo su trabajo, que ya se juzgaron los hechos conforme a la ley mexicana, y que ya no hay más que hacer, pues habrá que quitar también esa piedra, ni modo. Esta nueva sentencia que libera a siete policías, genocidas, es otra piedra”.

–¿Habrá posibilidad de llevar a Figueroa o Robles a algún tribunal?

–Como siempre, esto depende de lo que haga la sociedad. El Estado tiene la decisión de que esto quede impune. Una parte de la sociedad son los familiares de las víctimas que tienen la idea de que se castigue ¿Entonces de qué va a depender que gane otra posición? Pues va a depender de la fuerza social que tenga una u otra postura, y que logre que los familiares mantengan su demanda, su lucha, su consistencia, su denuncia, y los medios apoyen. Si se genera simpatía en la sociedad y hay apoyos también en esa dirección puede darse el juzgamiento de Figueroa. Si no ocurre lo que acabo de decir se saldrán con la suya y quedará impune como quedó (el ex presidente) Gustavo Díaz Ordaz (por la matanza de 1968), Fernando Gutiérrez Barrios (por el combate a la guerrilla en los setentas), Alfonso Martínez Domínguez (por la represión a estudiantes en julio de 1971)

En la Fiscalía para asuntos del pasado, ineptitud

–El caso Aguas Blancas también está en la Fiscalía Especial para la investigación de asuntos del pasado, ¿qué posibilidades tiene de trascender ahí?

–En la Fiscalía cada vez notamos que hay más ineptitud, hay más ineficiencia porque efectivamente el caso fue llevado a la Fiscalía por una denuncia de María de la Luz Núñez Ramos (la ex alcaldesa de Atoyac).

“La Fiscalía está cargada de trabajo, trabajo que no hace, tiene un número limitado de ministerios públicos, tiene alrededor de 200 trabajadores, o gentes que cobran en la nómina, pero sólo unos poquitos se dedican a la tarea ministerial. En algún momento fueron trece, dicen que ahora hay más, no sé a cuántos habrán subido. Todos los demás no sé qué hagan porque son como 200 personas que cobran ahí, por eso nosotros decíamos que el caso de Aguas Blancas tiene que ser manejado directamente por el procurador, y no porque confiemos en Macedo de la Concha, no, qué vamos a andar confiando, porque entre más alto sea el nivel en que se maneja más posibilidades hay que se haga justicia, por eso”.

468 ad