No hubo acción arbitraria en contra del anciano vigilante, dice el ayuntamiento

 * Llevó a su familia a vivir al predio de dónde se le desalojó sin el permiso de la autoridad: Núñez Ramos

 Luego de las declaraciones dadas a conocer por Juan de la Luz Morales y su esposa Sabina Silva Calleja, quienes aseguran que fueron desalojados ilegalmente del predio que ocupaban en el poblado de El Salto, donde se construye el nuevo rastro municipal, el ayuntamiento de Acapulco dio a conocer que “no hubo acción arbitraria”.

El miércoles, en conferencia de prensa, acompañados por la presidenta del colegio de Abogados del estado de Guerrero, María de la Luz Reyes Ríos, quienes se dicen afectados, aseguraron que Juan de la Luz fue despedido sin indemnización, desde el pasado 1 de abril.

Ayer por la tarde, luego de una reunión entre funcionarios de la administración municipal, la dirección de Comunicación Social emitió la respuesta oficial sobre los hechos.

En el texto se da a conocer la postura del ayuntamiento en donde se dice respetuoso de la propiedad privada, mientras que señala que la propiedad pública merece respeto de las instituciones y de la sociedad.

En el texto se expone que la secretaria general, María de la Luz Núñez Ramos, afirmó que cuando el ayuntamiento compró el predio de 86 hectáreas ubicado en El Salto, en 1986, Juan de la Luz Morales fue contratado para vigilarlo, por lo que cobraba un sueldo en la nómina del gobierno de Acapulco.

“El señor de la Luz –quien además funge como vigilante y velador de la planta de asfalto propiedad del gobierno del estado en las cercanías del predio en cuestión– llevó a su familia a vivir en el predio municipal sin permiso de la autoridad”, dice el documento.

Se añade que al decidirse que ya no eran necesarios sus servicios, el señor De la Luz aseguró que dos hectáreas del terreno que cuidaba ya tenían dueño, resultando ser su propia esposa, Sabina Silva Calleja, quien presentó documentos “no válidos –un convenio de cesión de derechos– firmados por Guillermo Olea Genchi, quien se ostentó como propietario de esa área”.

En ese documento se informa que el precio de compra es de 30 pesos por metro cuadrado, que representan 60 mil pesos en total, mismos que “aparentemente pagó la señora Silva Calleja a Olea Genchi por este terreno de propiedad pública”.

En el boletín se dice que “los esposos Juan de la Luz Morales y Sabina Silva Calleja poseen además dos casas ubicadas en el poblado El Salto, con domicilio conocido”, por lo que cuentan con alternativas para vivir, en cuanto a lo económico, como de habitación.

María de la Luz Núñez Ramos recalcó que al decidirse la conclusión de los servicios como vigilante y velador de parte de De la Luz Morales –en mayo pasado–, éste aceptó un finiquito por 18 mil pesos, además del pago de otras prestaciones, conforme a la ley. “Jamás regresó a cobrar el cheque, pero puede cobrar este monto acordado en el momento que así lo desee”, se añade.

Por su parte, el director de Asuntos Jurídicos del ayuntamiento, Juan Pablo García Murguía, señaló que el gobierno municipal ha entregado un informe justificado sobre la situación legal del predio al Juzgado Cuarto de Distrito, que responde a la demanda de amparo contra el gobierno municipal por la supuesta acción violatoria del marco de derecho, ocurrida presuntamente el miércoles 8 de octubre del presente año.

García Murguía acotó que la dirección a su cargo contestará el amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito, el próximo 7 de noviembre, donde las partes presentarán pruebas de sus dichos.