La interlocución de la CETEG es con el gobierno federal, dice Silvia Romero

Jacob Morales Antonio

Chilpancingo

La secretaria de Educación, Silvia Romero Suárez, aceptó que no “hay nada en los hechos” sobre las demandas de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), porque la interlocución es con el gobierno federal.
En declaraciones atropelladas luego de asistir al acto de clausura de la escuela secundaria federal Raymundo Abarca Alarcón en el auditorio José Joaquín de Herrera, la funcionaria expresó que los planteamientos del sindicato siguen siendo la revisión de los rezagos en materia laboral.
Silvia Romero afirmó que en algunos casos sobre la situación laboral de maestros la dependencia en el estado no puede intervenir porque “no podemos transgredir, no podemos violentar la ley que a mí me obliga a cumplir. Son asuntos de carácter político”.
Se le preguntó sobre los señalamientos que los integrantes de la dirigencia de la CETEG han hecho de que no hay papeles que indiquen avances en las demandas, afirmando que “no hay nada en los hechos”.
Abundó que sigue el proceso de revisión de los casos que la coordinadora ha hecho a la dependencia. Puso como ejemplo los casos de las licencias limitadas, donde otros maestros han cubierto en el estado por uno, dos, tres y hasta cuatro años los grupos sin una plaza y tienen derecho a ella.
Precisó que esta entrega de plazas no viola la ley educativa porque los docentes han estado en funciones de los maestros con licencias limitadas y permisos.
Abundo que antes de entregar las plazas se consultará a los maestros que tienen las licencias si regresarán o no.
Entre las demandas de los maestros del sindicato disidente en el área laboral se encuentran trámites de jubilaciones rezagadas, defunciones,?permisos con goce y sin goce de sueldo, y derecho a capacitación de trabajadores administrativos.
Además la CETEG demanda la derogación de las adiciones a los artículos 3 y 73 de la reforma educativa que crean el instituto de evaluación al docente y obliga a los trabajadores del sector educativo a realizar examen de oposición para ocupar algún puesto directivo.