Persiste la explotación infantil en los campos agrícolas, denuncia Tlachinollan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En el 30 de abril, Día del Niño, y del 1 de mayo, Día del Trabajo, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan manifestó su preocupación por la “persistente utilización de mano de obra infantil en los campos agrícolas de México para desempeñarse como jornaleros agrícolas”.
Informó que según el Consejo de Jornaleros Agrícolas de La Montaña y Tlachinollan, de septiembre de 2011 a enero de 2012, salieron más de 7 mil jornaleros y jornaleras agrícolas, de los cuales 3 mil 298 eran menores de 15 años, y 497 se encontraban entre el rango de edad de cero a un año.
“Cada año estos menores acompañan a sus padres, en la búsqueda de la oportunidad laboral que les es negada en sus comunidades de origen, y muchos de ellos se desempeñan también como jornaleras y jornaleros agrícolas en estados como Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Baja California Norte y Sur, Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Hidalgo, San Luis Potosí, Morelos, Estado de México, y en Ciudad Altamirano y Atoyac en el estado de Guerrero”, informó ayer Tlachinollan.
Agregó que a pesar de que México aprobó y ratificó el 19 de junio de 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño y el 14 de diciembre de 1999 la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, la explotación infantil sigue siendo una realidad derivada de la contratación ilegal de menores de catorce años que trabajan como jornaleras y jornaleros agrícolas, realizando labores que los someten a condiciones inhumanas, degradantes y riesgosas que les generan jornadas de trabajo mayores de seis horas o situaciones en donde incluso han perdido la vida.
En estas condiciones, Tlachinollan señaló que “es fundamental que la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) aplique inspecciones de trabajo en cumplimiento pleno de la Ley Federal del Trabajo para instrumentar un sistema de monitoreo a las empresas contratistas de niñas y niños jornaleros con el fin de garantizar  la no contratación de menores”.
También propone “condiciones y salarios dignos para sus padres, quienes muchas veces permiten la contratación de sus hijos ante salarios precarios, así como la vigencia de sus derechos a la educación, salud, vivienda y alimentación en los campos agrícolas”.
Dijo que es imposible olvidar que cientos de niños y niñas indígenas me’phaa, na savi y nahuas de Guerrero son contratados ilegalmente por empresarios agrícolas a pesar de que el artículo 123 de Constitución Política Mexicana, en el apartado A, fracción III, prohíbe la utilización del trabajo de menores de catorce años, “exponiéndoles a trabajos en condiciones peligrosas e indignas, negándoles el acceso a derechos básicos”.
Finalmente, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña, hizo un llamado a las autoridades estatales y federales para que brinden atención integral a los jornaleros y jornaleras indígenas en México, “particularmente, atendiendo las causas estructurales que originan la migración masiva de la población indígena y campesina de nuestro país y que se garantice el cumplimiento cabal de sus derechos laborales, incluyendo la prohibición de la explotación infantil laboral”.