Arturo Martínez Nateras

Fábrica de Letras

  La Corte

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tomado una decisión tan histórica como trascendente y plena de esperanza.

En México está en juego el imperio de la ley o la impunidad; el Estado de derecho como pilar de la nación o la ley del poder.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha cometido desatinos inapelables pero también aciertos inocultables. En cada ocasión cuando se atreven a caminar por los senderos de lo inédito, hacen camino al andar. Pasó con el caso de Aguas Blancas, ocurrió con el asunto de Cavallo, y sus resoluciones cada día ameritan mayor respeto público. Uno quizá pueda no compartir definiciones como las relacionadas a las elecciones en la Delegación Miguel Hidalgo, pero el hecho irrefutable es que adoptadas, los actores políticos las acatan sin chistar.

El dilema de la prescripción de los probables delitos de Estado cometidos durante el 68, el 10 de junio de 1971 y en la guerra de exterminio de opositores es una encrucijada nacional. No se decide sólo ni tanto sobre aquellos sucesos sino principalmente sobre la vigencia de la ley y la construcción de un Estado democrático y general de derecho. El episodio gira en torno a la procedencia del proceso y de la captura preventiva de los señores Miguel Nazar Haro y Luis de la Barreda presuntos culpables de delitos cometidos en la desaparición de Jesús Piedra Ibarra.

Por primera vez en la historia de México la SCJN se ha convertido en tribunal de apelación. La SCJN deberá resolver y ofrece hacerlo antes del 30 de noviembre si los delitos cometidos en esa fase de nuestra historia han prescrito o no. En esta carta nos jugamos el destino de la esperanza mexicana en la legalidad.

Si la SCJN determina que no han prescrito entonces abrirá las avenidas más anchas para constuir un nuevo régimen de legalidad y establecerá las bases para poner fin a la impunidad y para detener en seco a los delincuentes con y del poder. De ser así los cuerpos de seguridad, las fuerzas armadas pero sobre todo los gobernantes la pensarán varias veces antes de reprimir sin razón, de aplastar los derechos humanos y de imponer la fuerza sobre el derecho pues antes o después, tarde o temprano los alcanzará la justicia y el castigo.

Si la SCJN concluye que los delitos de Estado ya prescribieron sentará un infausto precedente que desacreditará per secula seculorum al Estado mexicano. Con una definición de esta naturaleza la SCJN ingresaría al baúl y al archivo de las vergüenzas nacionales.

De este tamaño es la partida de modo que no hay lugar a omisiones. Necesitamos vincularnos con los magistrados mediante una tormenta de cartas reclamándoles sentar las bases del presente y del futuro de la legalidad.

Don Juventino Castro y Castro culmina su periodo en la Corte el 30 de noviembre, espera y trabaja para que se falle antes de esa fecha. El ministro desempeñó un papel determinante en el caso de Aguas Blancas dictaminando un acuerdo histórico positivamente. Ahora no desea quedar fuera de este asunto. Don Humberto Román Palacios persevera en figurar como el ala conservadora y protectora de la impunidad.

Estamos ante la oportunidad de poner punto final a los crímenes de Estado del 68, del 71 y de la guerra de exterminio; es sin duda asunto del mayor interés nacional y de trascendencia internacional.

La determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de ejercer su facultad de atracción en la apelación interpuesta por la Procuraduría General de la República por la decisión de un juez de no girar órdenes de aprehensión en contra de ex directores de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) es histórica. La Primera Sala decidió que el máximo tribunal del país se convierta por primera vez en la historia en un tribunal de apelación, toda vez que el Juzgado Segundo de Distrito de Monterrey negó las órdenes de aprehensión en contra de los ex directores de la desaparecida DFS, Miguel Nazar Haro y Luis de la Barreda Moreno.

Este puede ser un paso trascendente para juzgar los delitos del pasado y construir un Estado de derecho blindado contra la impunidad.

Está en juego toda la estructura del sistema jurídico mexicano.

La Fiscalía Especial ha procedido con prudencia inteligente y con serenidad jurídica y se encuentra en el umbral de su legitimación. El doctor Ignacio Carrillo Prieto sabe su tarea como jurista. Apostó todo y está en la jugada de ganarlo todo o perderlo todo. Eso sí: no puso en entredicho la dignidad. Si la Corte dice que los delitos ya prescribieron no tendrá otra opción que renunciar. Si la Corte abre las vías a los procesos entonces, sin rencores, sin triunfalismos, sin afanes revanchistas en México se iniciará la marcha a un régimen de justicia justa.

La SCJN ha convocado a una consulta nacional sobre el sistema de  administración y aplicación de la justicia. No tienen que ir muy lejos por la respuesta. Los magistrados enfrentan el desafío de inicar la transformación democrática del poder judicial. El 2003, nuestro noviembre es un peldaño en la marcha ascendente iniciada en Ario de Rosales en 1815.

Vale la pena perseverar en la lucha por la verdad y por la justicia justa…

Antes del 30 de noviembre México puede empezar a ser el país del Estado del derecho y dejar de ser el paraíso de la impunidad.

Quienes así lo consideren harán muy bien dejando caer sobre la SCJN una tormenta de cartas solicitando nada más pero nada menos que justicia.

Los crímenes y los delitos de Estado simplemente no prescriben, no pueden ni deben prescribir.

Estamos en el umbral de ver a Luis Echeverría consignado, formalmente preso y procesado de acuerdo a derecho y con él a todos los autores materiales de los delitos de Estado. Miguel Nazar Haro me detuvo personalmente. La vida es una ruleta… No ha lugar a claudicaciones ni a desilusiones. El que persevera alcanza… Quien porfía mata venado o lo matan por porfiado…

Gracias.

Cajita de Olinalá

Carlos Slim propone un fondo privado, multinacional, para el financiamiento y la inversión en el desarrollo. La tesis es muy simple y práctica. Convertir a los pobres en contribuyentes y consumidores por la vía de invertir en la generación de empleo y la ampliación del mercado interno. Y conste que es ingeniero, no economista.

El MUG es un ejemplo de la falta de congruencia y de espacios internos en el seno del PRD. Altos funcionarios de gobierno, legisladores miembros de ese partido requieren de un grupo propio para expresarse. Con su actitud acaban de un golpe con la simulación de hacer política sólo los días de descanso. Yo nunca he aceptado que los gobernantes, los regidores y los legisladores pretendan ocultar sus adhesiones, afanes y ambiciones en los días libres pero ahora ya todo quedó sepultado. No dudo de su derecho de hacer política partidista y electoral pero no pretendan verle la cara a nadie. Como dijo un clásico de la picaresca política simplemente no manchen. ¿Acaso Marcial y sus compañeros mugistas necesitan espacios nuevos para militar? Son diferentes pero muy parecidos y casi iguales a los de antes. ¿Por qué mejor no hacen un gran esfuerzo para gobernar y para legislar bien? ¿No se dan cuenta de la percepción tan negativa que tiene la sociedad? Zapatero a tus zapatos o machete estate en tu vaina. ¿Con esos colaboradores y aliados para que quiere enemigos el presidente López Rosas?  Quiera dios que la bendición pontificia le ilumine la inteligencia… Monseñor Felipe negocie un banco de indulgencias por el amor de dios…

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