CARTAS (Denuncian contubernio entre MPs y jueces en favor de una línea camionera)

Señor director:

El lunes 29 de septiembre salió libre bajo fianza el chofer asesino Juan Blanco  Cruz que mató a la señora Francisca Ubaldo Palacios frente al Seguro Social. Por órdenes expresas del juez sexto de lo penal Julio Obregón Flores, quien en contubernio con el agente del Ministerio Público Honorio Santos Castro litigaron de oficio a favor del conductor de la muerte y del arrendatario del camión Maremoto, Donato Aguilar Vaquero.

No obstante que el camión pertenece a la empresa Mi camión de Guerrero, el déspota presidente de la línea camionera Vicente Guerrero Aarón Solano tramitó la salida del camión y la liberación del chofer a través de la afianzadora Qualitas. Pero ¿a dónde creen que mandaron al chofer? A trabajar de taxista, señores.

El mismo día 29 agraviados y abogados interpusieron una denuncia ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Calvo Sánchez en contra del citado juez. Calvo Sánchez con toda parsimonia pidió a los interesados copias certificadas del expediente, y que además la denuncia fuera firmada por el agente del MP Honorio Santos Castro, nada menos que el “representante” de la sociedad ante los tribunales. Curiosamente el día 30, Santos Castro fue relevado de su cargo y adscrito del juzgado  VI, al juzgado I. ¿Quién lo movió? ¿Quién está acechando desde arriba los acontecimientos? Es obvio, que hay mano negra. Es obvio que Roxana Olea Godoy, coordinadora de ministerios públicos en el Cereso tuvo mucho que ver, que hay un contubernio entre jueces y agentes del MP. Todos con un solo fin: empantanar la justicia. Embrollarla de tal manera que salta favorecido el que la pueda pagar, el que ofrezca más.

Y nosotros, la sociedad, usted y yo lector, quedamos desprotegidos y a merced de estos mercenarios que se han encargado de prostituir la justicia. ¿Será la norma y conducta de todos sus representantes?

Sería interesante averiguarlo.

Nos preguntamos, ¿qué papel juega aquí el director de control de procesos penales Ebert González Ruiz?

Porque una agente del Ministerio Público Rocío Delgado Vergara, adscrita al primer turno de la colonia Zapata, integró una averiguación viciada de origen a favor del chofer, tanto que casi lo exime de toda culpa. En ella asienta  cosas tan incoherentes como: “el chofer iba a 10 kilómetros por hora”.

¿Es creíble y carece de mala fe la actitud de la citada agente?

En la entrevista con Raúl Calvo al conocer este argumento dijo: “Ya no más falta que digan que la occisa se arrojó a las llantas del camión”. Es obvio que todas las averiguaciones así las integran, y que tampoco son gratis. Asimismo pedimos en su momento que se le practicara al chofer el examen antidoping. Un agente del MP de apellido Aguirre argumentó que era “contraproducente” y se negó a asentarlo en el acta. Todo está fríamente calculado para burlar la justicia.

Por otra parte, en audiencia pública, el procurador Jesús Ramírez Guerrero dijo a los familiares y abogados de la víctima que “a quien tenga que señalar la sociedad que lo señale, yo no voy a proteger a nadie”. ¿Será? Y nos consiguió la audiencia con el presidente del Tribunal.

Señores procuradores, hay 50 casos parecidos esperando justicia.

¿O será que la justicia es sorda y ciega? 442 01 52 y  4 42 01 62. ¿Hasta cuándo?

 Atentamente

José De Cádiz Molina, doctora Araceli Rosas Bello, doctor José Luis Alvarez, profesor Eloy Cinseros, Margarito Fuentes, Francisco Nava, doctor Valentín Leyva, Alejandro Mancilla, Víctor Montero, licenciado Nicolás Hernández y José Manuel Campuzano.