Juan Angulo Osorio

 Quinto mundo

  Instituciones corrompidas

 En la vida cotidiana de las personas y en el desenvolvimiento de las instituciones el creciente abismo que separa al Distrito Federal y a otros estados relativamente ricos, o menos pobres, del centro y el norte de México, con entidades como Guerrero alcanza niveles dramáticos. Acá, en el estado de Ignacio Manuel Altamirano, la cultura languidece y parte sustancial del presupuesto para la educación se desvía para ascensos ilegales, plazas que se abren por presiones políticas y para el pago de comisionados y aviadores, según lo acaba de hacer público el mismo secretario del ramo, Daniel Pano Cruz cuando anunció que la Secretaría arrastra un déficit de mil 790 millones de pesos.

En esta denuncia está la disputa entre grupos del PRI por la candidatura a gobernador que se decide en los próximos meses, pero ese conflicto coyuntural llevó a destapar un desorden administrativo que tiene su origen en la concepción de esa dependencia como botín político, cuyo presupuesto es utilizado por los gobernadores para fortalecer a su grupo, para formar alianzas con otros –incluso de la oposición– o para desarticular las protestas de organizaciones magisteriales y sociales.

Las estadísticas del sector en el estado son desastrosas. El analfabetismo ronda el 27 por ciento de la población mayor de 15 años, y somos de las entidades con menos planteles en el programa Escuelas de Calidad. La proliferación de planteles privados desde el nivel preescolar hasta el universitario da cuenta de una percepción social ante la educación pública.

Y aún así, ha trascendido que el titular de la Auditoría General del Estado –una institución de nueva creación que depende del Congreso local– está por hacer público su dictamen aprobatorio de la cuenta pública del gobierno estatal, a la que considera que se ajusta razonablemente a los criterios contables generalmente aplicados. ¿Y el déficit millonario de la SEG?

He aquí otro déficit democrático en estados como el nuestro: que las instituciones autónomas no cumplen con su papel. ¿La Auditoría Superior de la Federación sí lo cumplirá?

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A propósito de la votación de la cuenta pública en el Congreso local, habría que ver cómo se comportarán ahora los diputados de la oposición. En la revisión pasada, aprobada en la sesión del 27 de junio, el diputado perredista Mariano Dimayuga, el mismo promotor de la controvertida ley contra los bloqueos, votó a favor, junto con 19 diputados del PRI; los panistas Max Tejeda Martínez y Porfiria Sandoval; los dos de Convergencia Félix Bautista y Cuauhtémoc García Amor –que después se declaró independiente–; el del PT Fredy García; el del PVEM Marco Antonio de la Mora; y el del PRS Heriberto Noriega Cantú,  para dar un total de 27 votos.

Se abstuvieron los perredistas Marco Antonio López y Mauro García Medina. Se ausentaron de la reunión los panistas David Tapia y Arturo Martínez Pérez, y votaron en contra 14 de 17 diputados del PRD.

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 Una de Quinto Mundo. No es correcto que un funcionario del Ayuntamiento de Acapulco, el subdirector de Catastro Francisco Luna, sea al mismo tiempo el presidente de una organización política: el Movimiento Ciudadano de Acapulco, que fundó el alcalde Alberto López Rosas. Y que, por si fuera poco, ese funcionario desempeñe tareas partidistas en horas de trabajo. O es presidente del MCA, o es subdirector de Catastro, esa dependencia que tiene que ver con los bienes inmuebles de los acapulqueños, y que generalmente ocupan políticos cercanísimos a los presidentes municipales.

Véase si no. El director de Catastro de René Juárez Cisneros fue Ignacio Lacunza, un amigo del amigo de la infancia Miguel Mayrén. El de Manuel Añorve fue su amigazaso y socio Evelio Brito. El de Zeferino Torreblanca fue su amigo de toda la vida Enrique Pasta, por mencionar sólo algunos.

Pero el amigo de Alberto López Rosas, Francisco Luna no es el director, sino el subdirector, se dirá para refutar la generalización que aquí hacemos. Y sí, es cierto. ¿Quién es el director?

A propósito, tampoco era correcto que la secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Municipal del PRD, la ahoa destituida Gema Téllez, fuese al mismo tiempo procuradora vecinal del ayuntamiento de Acapulco. ¿Por qué tanto entreveramiento entre partido y gobierno? ¿Que no se supone que eso era cosa del PRI?