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Juan Angulo Osorio

EL FIN Y LOS MEDIOS

  Los diputados y el sueldo del gobernador

 Pese a que se habla pomposamente de transparencia y hasta de austeridad republicana, por culpa de la fracción parlamentaria del PRD el Congreso del Estado parece que dejará pasar la oportunidad de tomar decisiones que contribuyan a que el gobierno de las instituciones en Guerrero lo ejerzan solamente quienes tienen vocación de servicio público.

La exposición, incluso nacional, que tuvo el caso del probable sueldo del gobernador debiera ser aprovechado por los diputados para fijar los criterios de un verdadero tabulador salarial de los funcionarios públicos en un estado pobre como Guerrero, pero todo indica que ello no ocurrirá si nos atenemos a las declaraciones del coordinador de los diputados del PRD, Carlos Reyes.

Uno supondría de inmediato que la fracción del PAN estaría de acuerdo, como lo está, con que el gobernador gane casi 150 mil pesos al mes, pues en el gobierno que encabeza el presidente Vicente Fox ha sido una constante el crecimiento del gasto corriente, buena parte del mismo destinado a jugosos sueldos de la alta burocracia y toda la parafernalia de que ésta se rodea: asistentes, celulares, automóviles nuevos, etcétera.

Pero la bancada perredista –la más grande del Congreso– no puede estar a favor de esas cantidades, y si lo está sólo confirmaría lo que hemos venido señalando aquí: que la ideología del PAN es hegemónica en el Congreso del Estado, aun cuando su grupo parlamentario sea de apenas cuatro diputados.

Obsesionados con el fin de ganar la Presidencia de la República, los perredistas de aquí y de allá no miden los medios para conseguirlo y creen que uno de éstos es no pelearse con los gobernadores que llegaron al cargo postulados por su partido.

Esta táctica, que se aplica a ultranza, puede llevarlos a entramparse y a confundir a los electores apoyando políticas que se contradicen con su programa y su proyecto de nación. Como si ya no confiaran en los ciudadanos concientes y buscaran al final depender solamente de los votos seguros que pueden conseguirse con dinero –no importa que éste sea de las arcas públicas– y con el manejo partidista de los programas de gobierno. Exactamente igual que lo harán el PRI y el PAN.

De otro modo no se entiende que, además de los panistas, sean los perredistas –con la excepción del diputado Ramiro Solorio– quienes salen a justificar el sueldo del gobernador; para decir que se leyeron mal las cifras y que no ganará los más de 400 mil pesos al mes, como lo hicieron los primeros; o para decir que es justo que sus percepciones sean de casi 150 mil pesos mensuales, como lo defendieron los segundos.

Es lógico que un gobierno dirigido por una mentalidad empresarial razone en términos de tener a ejecutivos bien pagados. En su carta a El Sur, publicada en la edición de ayer, aunque usa el término de “austeridad republicana” el gobernador inmediatamente después habla de que “también” está de acuerdo “con la remuneración de los servidores públicos” en correspondencia con “la alta responsabilidad que desempeñen”.

Sólo que a diferencia de las empresas, cuyos dueños y gerentes solicitan los servicios de tal o cual profesionista, al que le preguntan cuánto quisiera ganar al mes, a la administración pública se llega –o más bien se debe llegar– por interés propio, por convicción, independientemente del sueldo que se va a percibir.

Si es lógico que el gobernador vea normal que se le retribuyan por sus servicios casi 150 mil pesos mensuales, y no importando que esta cantidad represente apenas un 6 por ciento más de lo que ganaba su antecesor priísta, no es congruente que los diputados del PRD digan que están de acuerdo.

En todo caso, también debieran decir –como ya lo hizo de algún modo el coordinador Reyes en sus declaraciones de ayer al reportero Jesús Saavedra– que también están en contra de las políticas de sueldos austeros para los funcionarios públicos que propugna su candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, y que se confirmaron apenas la semana pasada cuando el Congreso local –la Asamblea Legislativa del Distrito Federal– acordó el tabulador de sueldos de los funcionarios del gobierno de la capital de la república.

Como lo recordó ayer una nota de El Sur, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, tendrá un sueldo neto mensual de 78 mil 845 pesos, un poco más de la mitad del que tendría aquí el gobernador Zeferino Torreblanca. La desproporción se agiganta si consideramos que el presupuesto de Guerrero es más de tres veces menor al del Distrito Federal, donde se ejercerán 89 mil 465 millones de pesos en 2006.

No habrá tal austeridad republicana allí donde los funcionarios públicos tienen ingresos que los separan y alejan de la mayoría de sus electores. Pero los guerrerenses no veremos a nuestros diputados dar una muestra de grandeza por la vía simplemente de ajustar a la baja el sueldo del gobernador y el de los secretarios, subsecretarios y otros colaboradores de mediano nivel.

Y menos veremos que los propios funcionarios, encabezados por su jefe el gobernador, decidieran tener un sueldo que no los haga aparecer como unos privilegiados en tierra de pobreza extrema.

Igualmente grave es toda la corrupción intelectual que se avizora en el tema. Porque los perredistas no pueden decir que está bien que en el Distrito Federal los funcionarios públicos tengan un salario mediano, y al mismo tiempo decir que está bien que en Guerrero tengan uno muy superior. En algún lado están en el error.

 

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Y para documentar mejor nuestro pesimismo, allí está el secretario de Gobierno Armando Chavarría diciendo que es mejor que los funcionarios tengan un buen sueldo porque así “hay menos riesgo de que roben”.

¿A cuáles funcionarios se refiere? ¿No se supone que si una garantía ofrece Zeferino Torreblanca es la de conducir un gobierno de funcionarios honrados? ¿Quiere decir que hay un gran riesgo de que Encinas y los secretarios del gobierno del DF complementen su –en términos guerrerenses– magro sueldo metiendo mano a los recursos del erario? (Juan Angulo Osorio).

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