Repudian 15 organizaciones “la imposición del gobierno con el proyecto La Parota”

 Las dos últimas asambleas son ilegales y violan los derechos de los campesinos que serán afectados, señalan en un documento

 Unas 15 organizaciones estatales, nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos repudiaron las prácticas violatorias que el gobierno estatal comete con la imposición del proyecto de La Parota, y señalaron que las dos últimas asambleas para aprobar la expropiación de tierras son ilegales y se usó la fuerza pública.

En un boletín fechado en la ciudad de México, las organizaciones indican que con su proceder el gobierno estatal, encabezado por Zeferino Torreblanca, impide una solución pacífica del conflicto y contribuye a que se incremente la polarización de la comunidad, el daño al tejido social y la exacerbación de la violencia.

Recordaron que ésta no es la primera vez en la que el gobierno incurre en irregularidades en las asambleas para la aprobación del proyecto, y que de hecho muchas están en proceso de impugnación ante el Tribunal Unitario Agrario, como lo harán también los ejidatarios de Los Huajes.

“Es lamentable que el gobierno del cambio en Guerrero y las autoridades federales como la CFE y la Procuraduría Agraria (establecida en 1992 para resguardar los intereses de los campesinos) traicionen su mandato al privilegiar intereses económicos por encima de los sociales y de justicia, al imponer un proyecto que no ha sido consultado con las más de 20 mil personas que serán afectadas al perder sus tierras, y más de 70 mil que cambiarán toda su geografía de la zona”, subrayaron.

“Las organizaciones firmantes repudiamos la actuación de las autoridades que vulneran los derechos de las comunidades afectadas, y el derecho a un medio ambiente sano del resto de la población del país”, agregan.

En el boletín, las organizaciones defensoras de derechos humanos explican que el gobierno estatal violó los derechos humanos porque no informó a los ejidatarios afectados por la presa para que éstos tomaran decisiones libres y formadas, y violó también los derechos agrarios establecidos en la legislación nacional.

Argumentaron que el agravio se dio porque en la asamblea en Los Huajes se llevó a cabo en el Kilómetro 21, de manera injustificada y sin notificar previamente del cambio a todos los interesados, por la presencia ilegítima e injustificada de la fuerza pública, con 50 policías antimotines y otros policías vestidos de civil.

Agrega que la convocatoria es ilegal pues fue convocada por la Procuraduría Agraria con la firma de 22 ejidatarios, con lo que violó la Ley Agraria, que establece que convocarán las autoridades ejidales y en caso de que se nieguen y lo hagan por escrito, el 20 por ciento de ejidatarios pueden pedir a la Procuraduría que convoque, documentos que “jamás” fueron presentados.

Además, cuando se trata de la expropiación de las tierras, atendiendo a la gravedad del asunto, la convocatoria debe expedirse con 30 días de anticipación y la fecha de la convocatoria es el 12 de diciembre, con 15 días de anticipación y fue dada a conocer 8 días antes, con la explicación de que se realizaría en el poblado de los Huajes y no fuera de él.

El documento agrega que los votos son insuficientes pues sufragaron 69 ejidatarios de 128 que conforman el padrón, según información oficial.

Esta cifra contraviene la legislación agraria que establece que por tratarse de la pérdida del dominio de las tierras, la aprobación debe ser de 75 por ciento de los ejidatarios.

Firman el boletín el Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan; el Movimiento Agrario Indígena Zapatista  (MAIZ); del Espacio DESC firman Casa y Ciudad, Coalición Habitat México, Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos (Cam), Centro de Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales (Cedhescu), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

Centro de Reflexión y Acción Laboral de Fomento Cultural y Educativo (Cereal), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Deca Equipo Pueblo, la Defensoría del Derecho a la Salud, Fian-Sección México, la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) y la Oficina Regional para América Latina de la Coalición Internacional para El Hábitat (Hic-Al).