Demandarán opositores la nulidad de las asambleas de Dos Arroyos y Los Huajes

  El abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales, que lleva la defensa del Cecop, dijo que presentarán una denuncia contra la CFE por el delito de desacato a la orden del Tribunal Agrario de suspender toda actividad en el área del conflicto  

Los abogados del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan presentarán en el Tribunal Agrario de Acapulco la demanda de nulidad de las asambleas de los ejidos de Dos Arroyos y Los Huajes, que dieron anuencia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para iniciar los trámites de expropiación de las tierras.

Esas asambleas, lo mismo que la de la comunidad de Cacahuatepec, fueron ilegales, hechas con alevosía y ventaja para afectar a los ejidatarios para imponer por la fuerza el proyecto hidroeléctrico de la CFE, manifestó el abogado Vidulfo Rosales Sierra.

En nombre de Tlachinollan, que se encarga de la defensa del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), hizo un llamado a los campesinos y a la población para que se manifiesten contra este manejo ilegal de las instituciones agrarias.

Por otra parte, informó que Tlachinollan prepara una demanda penal contra la CFE por el delito de desacato a un mandato de la autoridad, debido a que está vigente la orden del Tribunal Agrario, con motivo de la asamblea en Cacahuatepec el 25 de abril de 2004, para que la paraestatal suspenda toda actividad en terrenos de la comunidad.

Esta disposición de la autoridad ha sido violada, porque la CFE ha seguido trabajando en el área, señaló el abogado, y adelantó que la denuncia penal se presentará los primerois días de enero en el en Acapulco.

Además, Tlachinollan presentará una queja en la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), contra los policías del estado que cometieron abuso de autoridad contra los opositores a La Parota en Dos Arroyos, el 16 de diciembre, y lesiones y daños con gases lacrimógenos a vecinos del pueblo incluidos niños, y que que causaron daños a las propiedades y los animales.

Vidulfo Rosales explicó que la impugnación de las asambleas de Dos Arroyos y Los Huajes se basa en que no se siguieron los procedimientos que establece la ley para los casos en los que se dedide sobre actos de dominio de las tierras, como en estos casos, en que la decisión de las asambleas lleva a que el ejido pierda las tierras que serían expropiadas.

Entre las formalidades que no se cumplieron está que la convocatoria se debe expedir con 30 días de anticipación, que para el quórum legal se necesita una mayoría calificada de tres cuartas partes de los ejidatarios registrados en el padrón, en primera convocatoria, y en segunda 50 por ciento más uno.

Dijo que el error jurídico en las asambleas es que quien las está promoviendo como una estrategia para imponer La Parota no está considerando la materia de estas asambleas actos de dominio, y agregó que la expropiación de las tierras no se refiere al uso y aprovechaiento, sino que es un acto de dominio, porque las tierras van a pasar a formar parte de la CFE.

Otra irregularidad es el cambio de sede, pues la asambles de la comunidad de Cacahuatepec el 23 de agosto se sacó a San Marcos, la de Dos Arroyos el 16 de diciembre se llevó a Tierra Colorada, y la de Los Huajes del 27 de diciembre se hizo en el poblado Kilómetro 21.

A firmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha sentado precedentes sobre el cambio de sede, pues la Ley Agraria dice que la asamblea puede cambiarse de lugar con causa justificada, pero la Suprema Corte establece el criterio de que el cambio de lugar es dentro del territorio del ejido o comunidad, no fuera del ejido como se hizo en los tres casos.

Otra irregularidad es quién convocó a la asamblea en el caso de Los Huajes. El abogado explicó que la convocatoria que está pegada en paredes del centro del pueblo, que está firmada por el residente de la Procuraduría Agraria, Alejando Bello Gómez, es ilegal, porque no se siguió el procedimiento que establece la Lay Agraria. La asamblea tiene que ser convocada por el comisariado ejidal o por el consejo de vigilancia, y si éstos se niegan ejidatarios pueden pedir que la Procuraduría Agraria convoque, pero en este caso no hay constancia de que le hayan pedido al comisariado que se celebrara la asamblea.

Además, el presidente del comisariado ejidal, Jacinto Nava Nava, manifestó públicamente que él no tenía conocimiento de la convocatoria, que cuando se dio cuenta ya estaba pegada ahí, y fue por eso que por iniciativa de la población se hizo una asamblea del pueblo en la que se acordó rechazar la asamblea.

Otra irregularidad es que la asamblea se convocó en Los Huajes, y sin cambio en la convocatoria se hizo en el Kilómetro 21.

Vidulfo Rosales maniefestó que para imponer la presa La Parota “están actuando en total ilegalidad. Lamentablemente Evencio Romero (líder de la CNC), Esaú Tapia (subsecretario de Asuntos Agrarios del gobierno del estado), y el gobernador Zeferino Torreblanca, están contribuyendo a envilecer las instituciones del derecho agrario que fueron creadas para defender a los campesinos”.

El abogado informó que los primeros días de enero presentarán en el Tribunal Agrario 41, de Acapulco, las impugnaciones de las actas de asamblea de Dos Arroyos y Los Huajes.

En tanto, la de la comunidad de Cacahuatepec que se hizo en San Marcos el 23 de agosto, y que está impugnada en el Tribunal, se espera la resolución de la demanda de nulidad probablemente el próximo mes. (Maribel Gutiérrez).