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Tiene el Estado mexicano asignaturas pendientes del caso de Valentina e Inés, asegura ex juez de la Coidh

*Considera que se hicieron otros avances en la modificación del Código de Justicia Militar, no todos los necesarios, pero sí hubo un progreso, agrega  Alejandro Carlos Espinoza

Fernando Hernández

Chilpancingo

El ex juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), Alejandro Carlos Espinoza, sostuvo que el Estado mexicano aún tiene asignaturas pendientes qué cumplir, derivadas de las sentencias que emitió dicho tribunal en los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández.
Espinoza recordó que formó parte del pleno de los jueces que tuvo en sus manos el caso de ls indígenas violadas por efectivos del Ejército en 2002 en Ayutla,  Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú, el juez de la corte disertó en un foro académico este jueves en la Unidad Académica de Derecho, de la Universidad Autónoma de Guerrero ( UAG).
–¿Considera que el Estado Mexicano ha cumplido con las recomendaciones que dictó en su sentencia la corte internacional?– se le preguntó.
–Yo creo que sí, yo creo que va en un proceso de un buen camino, recientemente fue publicado el Código de Justicia Militar, no sólo con la reforma que ordenaron las cuatro sentencias; no olvidemos que son las de Rosendo Radilla, Inés Fernández, Valentina Rosendo y Cabrera y Montiel. Además, creo que se hicieron otros avances en la modificación del código. No todos los necesarios, pero sí hubo un progreso– manifestó el académico.
–¿Cuales son las partes de la sentencia que todavía están pendientes por cumplir las autoridades mexicanas?– preguntó El Sur.
–Yo hablaría de tres cosas: judicialización de la justicia militar; esto es que el derecho fuera dicho por por profesionales en la materia y no por mandos militares; pensaría también en la figura del juez natural, en términos de la jurisprudencia de la corte, que es básicamente llevar a los tribunales militares al Poder Judicial de la Federación y estandarizar el Código de Justicia Militar con los niveles internacionales de justicia– explicó Espinoza en declaraciones a este medio informativo.
El teórico del derecho consideró que el caso de las indígenas del estado de Guerrero, fue emblemático para la historia de los derechos humanos en México y así mismo vino a complementar otros casos, como el de Rosendo Radilla, cambió el paradigma de la justicia militar y la restricción al fuero de guerra.
Aseguró que ha tenido noticias en torno al acatamiento de las medidas que ha tomado el Estado mexicano, sobre el caso de las mujeres que fueron violadas por los soldados del Ejército en la comunidad Barranca de Tecuani, del municipio de Ayutla.
“La función del juez termina precisamente con el dictado de la sentencia, incluso existe un voto, consultable, que fue publicado con la propia sentencia, y un voto concurrente en el que hago algunas consideraciones prospectivas, en las que en que digo que es lo que digo que debe de hacerse por parte del Estado mexicano, para que las violaciones a los derechos humanos no sean sistemáticas al diseño del modelo de justicia penal militar y en función de la figura del juez natural, desde el punto de vista de las instituciones”, detalló.
Espinoza argumentó que tras las sentencias que dictaminó la corte en contra del Estado mexicano, se logró reformar el artículo 102 del Código de Justicia Militar, que presumía la culpabilidad y ahora ya presume la inocencia, como un elemento fundamental.
El pasado 24 de abril, se informó que por unanimidad el pleno del Senado aprobó una reforma para acotar el fuero militar, es decir, para que los miembros del Ejército y la Marina sean juzgados en tribunales ordinarios, cuando cometan delitos que afecten a civiles.
De ese modo, será la justicia civil y no la militar, como se realiza en la actualidad, la que juzgará a los militares si las víctimas del delito son ciudadanos.

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