Exigen diputados, periodistas y académicos esclarecer el asesinato de reporteros

Lev García / Agencia Reforma

Xalapa

El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, Danilo Alvízar, exigió el esclarecimiento del asesinato de la periodista Regina Martínez y de los cuatro reporteros más que han caído en la administración de Javier Duarte de Ochoa, y advirtió que ningún estado que presuma de ser democrático puede dejar impunes crímenes como estos, que atentan directamente contra la libertad de expresión.
“Nos unimos a la exigencia ciudadana de que se avance en las investigaciones, que se esclarezcan estos crímenes contra personas que ejercieron su libertad de expresión en aras de construir un Veracruz más justo y más digno. Exigimos el esclarecimiento de estos crímenes, la detención y el castigo de los culpables, materiales e intelectuales”, lanzó el legislador.
Reconoció las muestras de apoyo a quien por una década fuera corresponsal de la revista Proceso en el estado de Veracruz, pero dijo que la mejor forma de honrar su memoria y la de los otros periodistas asesinados es precisamente llegando al fondo de cada caso, castigando a los culpables y haciendo prevalecer el estado de derecho.
“Hoy podemos honrar la memoria de Regina Martínez y demás colegas periodistas asesinados, y ofrecer palabras grandilocuentes en su favor, pero el más grande homenaje que les podemos rendir es buscar la verdad sobre su asesinato y atrapar a sus ejecutores. Hacerles justicia pronta y expedita”, manifestó.
La demanda de justicia para Regina Martínez se extendió a diversos círculos, entre ellos el académico que lanzó un desplegado a través del investigador de la Universidad Veracruzana, Alberto Olvera, que suma más de 500 firmas de periodistas, investigadores, artistas y gente de la sociedad civil.
“El asesinato de Regina no puede ni debe ser un nuevo caso de impunidad. Dejar en la impunidad este crimen, como antes los de los demás periodistas, confirmaría que vivimos ya, a pesar de la frágil democracia electoral, en la suspensión de facto de la libertad de expresión”, se demanda en el desplegado.
Señala también que el crimen es un golpe seco a la lucha por la democratización de los medios de comunicación y una afrenta al gremio periodístico de Veracruz y del país en general, toda vez que acabaron con la voz de una de las pocas periodistas que durante casi 30 años fue crítica.

Urgen a publicar ley para periodistas

Organizaciones de la sociedad civil urgieron al presidente Felipe Calderón a publicar la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y a garantizar que los crímenes contra estos grupos no queden impunes, ya que la mayor parte de las agresiones provienen de autoridades de los tres niveles de gobierno.
José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, dijo que es urgente que el Ejecutivo publique la ley en el Diario Oficial de la Federación para que comience a operar.
Alejandro Cerezo, del Comité Cerezo, señaló que la ley no será la panacea que resolverá los problemas estructurales que causan la violencia y vulnerabilidad hacia periodistas y defensores, pero sí establece las pautas.
Entre las virtudes que reconoce el activista es que contará con un equipo técnico que podrá evitar la politización de las medidas, así como el mecanismo urgente de protección que deberá reaccionar a más tardar en 36 horas.
También rescata el papel de la sociedad civil en el Consejo Consultivo y la aprobación necesaria de los beneficiarios para aplicar medidas.
Brisa Solís, directora de Cencos, señaló que la ley es “un parche” pues las instituciones de impartición de justicia no están funcionando ante los crímenes contra periodistas y defensores en impunidad, lo que perpetua la vulnerabilidad de estos grupos.
“No hemos visto resultados claros en los avances de investigación y sanción de los responsables. A cada agresión, al no haber sanción, hay condición para la repetición y desafortunadamente las instituciones de impartición de justicia no están funcionando, por lo que estamos acudiendo a un mecanismo, a una herramienta parche en una situación de emergencia”, sostuvo.
Por su parte Daniel Joloy, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos informó que es la primera vez que un mecanismo de protección adquiere el peso de una ley, pues en países como Colombia, Brasil y Guatemala son programas, por lo cual será obligación para cualquier Administración que encabece el Ejecutivo (Daniela Rea/ Agencia Reforma).