Desalojan violentamente a más de 200 familias en Chilpancingo
Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Unas 200 familias precaristas de esta ciudad que desde hace tres años habitaban la colonia 30 de septiembre, al poniente de la capital, fueron desalojadas violentamente la mañana de ayer por policías judiciales y preventivos.
Los 100 judiciales iban armados con rifles y pistolas; los preventivos portaban toletes y algunos pistolas. Los policías eran encabezados por el primer secretario de Acuerdos, en funciones de actuario del primer juzgado del ramo penal, Jorge Elías Echeverría, quien dijo que acudió para cumplir una orden de “restitución temporal” de ese juzgado, pero se negó a proporcionar mayores detalles e incluso a mostrar la orden judicial que presuntamente llevaba.
Antes de cualquier explicación o tregua para que las familias abandonaran sus viviendas y el predio, el representante judicial y los policías, apoyados con maquinaria pesada, picos y barretas, comenzaron a destruir las viviendas. Las casas estaban construidas con madera y lámina de cartón.
El actuario recorría de arriba a bajo el predio, supervisaba que el desalojo se ejecutara con la mayor agilidad posible; siempre cerca de él caminaba el comandante de la Policía Judicial, Ricardo Camacho, con un rifle R-15 colgado al hombro y una 38 súper fajada al cinto. “Tranquilo, calmado, no le grites al licenciado”, exigía el policía con aires de perdonavidas a cualquiera que se atrevía a pedir explicaciones al representante judicial.
Elías Echeverría sólo explicaba:“Estamos cumpliendo una orden judicial; lo estamos haciendo de buena fe”.
La máquina comenzó a derribar
las casas a las 6 de la mañana
Uno de los desalojados, Antonio Carmona, denunció que los policías entraron a su vivienda de manera violenta, desde las 6 de la mañana, sin respetar a los niños y las mujeres, algunas estaban enfermas. Se destruyeron las casas, incluso dañaban muebles y aparatos eléctricos. Todavía por la tarde se desconocía el monto de los daños.
Agregó que la tarde del martes una comisión de los colonos, en la que participaba él, convinieron con el abogado de la dueña del predio, Silvia Salazar Marino, que a las 10 de la mañana de ayer iban a buscar un acuerdo relacionado con la compra-venta del terreno y evitar así el desalojo, “pero a las 6 de la mañana llegaron a destruir nuestras casas con lujo de violencia. No cumplieron su palabra”.
Los niños apenas se despertaban para irse a la escuela y sus padres a su trabajo. Fabiola Nava, una de las que viven en las primeras casas se despertó por el ruido de los vehículos y se asomó por entre las rendijas que quedan entre costera y costera de su casa. Dijo:“Había judiciales y municipales a la entrada de la colonia, estaban cerca de una máquina grande y varios carros a su alrededor”.
Minutos después la máquina para abrir carreteras comenzó a derribar las primeras casas y algunos civiles, e incluso policías uniformados, empezaron a retirar la madera, el escombro y hasta las pertenencias de los moradores.
Cuatro horas después el panorama era desolador. Con la vista fija en una vivienda de tablas y lámina evidentemente nuevas, Amalia Nava Jiménez, viuda de 42 años, quien se desempeña como sirvienta en la casa de la ex presidenta municipal, Magdalena Vázquez de Huicochea, mamá del secretario de Desarrollo Social del gobierno estatal, Heriberto Huicochea Vázquez, denunció que apenas hace ocho días había terminado de levantar su vivienda en la que invirtió 9 mil 700 pesos.
“Soy sola, no tengo nadie que me ayude, pobre de mi hijita, tiene siete años y toda la semana pasada no fue a la escuela porque me estuvo ayudando (a construir su casa) y hoy nuevamente no pudo ir a la escuela”, explicó.
“Si usted puede –pidió al reportero– llévele un mensaje al Heriberto Huicochea, dígale que nos ayude, él es muy bueno”, dijo.
A su lado, una señora con un ataque de hipo, a causa del llanto, descargó su ira:“La señora Silvia (Solís, líder de los colonos) es la culpable, nunca nos dijo que esto pasaría y vea ahorita donde está. No hay nadie que nos defienda de estos cabrones, son unos perros”.
Silvia Solís, desde hace tres años comenzó a llevar a familias a ese terreno, de aproximadamente cinco hectáreas, con el señuelo de que estaba en tratos con la propietaria Silvia Salazar Marino, el objjetivo era comprar los terrenos a un precio que estaría al alcance de las posibilidades de los desalojados; primero les dijo que cada lote saldría en 5 mil pesos en pagos.
Los desalojados recientemente se enteraron que la propietaria vendería sólo por un precio de 30 mil pesos por lote y 5 mil de enganche aunque Solís ya había pedido a cada una de las 200 familias 350 pesos para el plano de lo que sería el fraccionamiento.
La mayoría de los colonos reprocharon también al alcalde, Saúl Alarcón Abarca, el hecho de que cuando andaba en campaña el año pasado se comprometió a regularizar el predio y entregarles escrituras. “Nos dijo:
‘Estudien compañeras, no quiero que dentro de seis meses, cuando les entregue sus escrituras, pongan su huella’. Quiero que las firmen y hasta promovió la instalación de un módulo del INEA”, dijo Josefina Nava Reyes.
Relató que ese día se cooperaron y le ofrecieron de comer barbacoa ahí mismo en el terreno en conflicto.
“Pero después de que ganó ya nunca nos recibió. No ha querido hablar con nosotros”, agregó.
Por su parte, otra de las desalojadas, María Bueno, expuso que el actual diputado federal del PRI, Mario Moreno Arcos, cuando también andaba en campaña les repartió machetes para que limpiaran el predio y también les ofreció gestionar la regularización del terreno,“pero no cumplió”.
Antonio Carmona, mientras tanto, comentó que la dueña del terreno y las autoridades no quisieron que llegaran hasta el 30 de septiembre en esa colonia, “porque ese día cumpliríamos tres años aquí y adquiriríamos derechos y después ya no nos podrían sacar”.
Informó que para celebrar el tercer aniversario habían programado una exposición de tejidos, trabajos de belleza y lo que los adultos han aprendido en el local del INEA que se encuentra en esa colonia.




