Exigen trabajadores resultados de la auditoría al Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Trabajadores del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) exigieron a la Contraloría del gobierno del estado que presente los resultados de la auditoría que realizó en marzo pasado, al último año de gestión del magistrado presidente del organismo, Joel Ortiz Hernández.
En una visita a la redacción de El Sur, denunciaron que la contraloría detectó un desfalcó de al menos un millón de pesos en el fondo auxiliar (cuyos ingresos corresponden al pago de multas, derechos y copias certificadas), que antes de su periodo como presidente, se distribuía en bonos a los trabajadores.
Los denunciantes, que pidieron el anonimato, indicaron que cuando solicitaron información al magistrado sobre los bonos, los remitía a la ley del fondo auxiliar, porque según él, los trabajadores no tienen derecho a ese dinero. Ante la insistencia de los trabajadores, dijeron que Ortiz Hernández dejó de responder sus demandas de información.
Asimismo, dijeron que el presidente del TCA, durante la mayor parte del periodo de gobernador de Zeferino Torreblanca Galindo, aún goza de impunidad porque la Contraloría del estado, a dos meses de que aplicó la auditoría no la ha hecho pública.
Ayer, exigieron que se publiquen los resultados de la auditoria y que se actúe en consecuencia, “para fincar la responsabilidad administrativa o penal que resulte”.
Los denunciantes afirmaron que sí recibieron bonos con el anterior presidente del TCA, Juan José Arciniega, en cuatro ocasiones y ahora, la actual magistrada presidente, Liz Gisela Andalzúa Catalán, les dijo que no hay dinero en el fondo, y que incluso existe un sobre ejercicio en el presupuesto, que dificulta el suministro del material del Tribunal. Aseguraron que a diferencia del TCA, el Tribunal Superior de Justicia sí destina el fondo para los trabajadores, sin interrupciones.
Cuestionaron que frente a los problemas de pobreza y seguridad pública que ahora ocupan a los candidatos de los partidos políticos, no tienen planteamientos serios para mejorar las estructuras de gobierno que gozan de impunidad.
Por ejemplo señalaron que el TCA “que se supone debe velarse por la seguridad, ha sido objeto de actos vergonzosos e impunes de robo, tanto a su presupuesto como al fondo auxiliar de dicho Tribunal, cometido por el magistrado Ortiz Hernández, quien ocupó la presidencia del Tribunal para robarse lo que pudo y acosar a las trabajadoras”.
Entre otras irregularidades, acusaron también al magistrado de reunirse con funcionarios y autoridades que han demandado a las propias instancias del Tribunal para definir cómo se iban a resolver sus asuntos, “revelando con ello la baja calidad moral de dicho funcionario, que se refleja en la falta de credibilidad en el Tribunal”.