Gil Florente Castellanos

 La crisis en la SEG

 La crisis financiera por la que atraviesa la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) se hizo patente a fines de agosto de este año, con la entrega de cheques sin fondo a un elevado número de trabajadores de la educación. Después de este inusitado acontecimiento, el secretario Daniel Pano Cruz declaró –el 18 de septiembre– la quiebra de la dependencia, por la existencia de un déficit de mil 790 millones de pesos, que se arrastran –dijo– desde 1987.

Un día después, el gobernador René Juárez Cisneros declaró que la SEG no está en quiebra, pero reconoce la existencia del problema financiero. Sobre tan delicado asunto comento lo siguiente:

1.- Dice el secretario que el déficit se arrastra desde 1987. Pero en ese tiempo el gobierno estatal aún no tenía la responsabilidad de administrar el gasto educativo de manera general. La tuvo a partir de 1994 cuando se decretó la descentralización educativa. Hasta este año, el gobierno estatal tenía solamente la obligación de financiar el sistema educativo estatal, que para entonces había adelgazado, debido al proceso de federalización de los maestros estatales y municipales, llevado a cabo durante la administración del ex gobernador Rubén Figueroa Figueroa. Por ello es inconsistente la afirmación de que la descapitalización de la SEG se arrastre desde hace 16 años. Además, al darse la descentralización el gobierno federal siguió otorgando el techo financiero para el pago de salarios a los trabajadores de la educación descentralizados y para la cobertura de plazas. Así lo manifiesta el gobernador cuando sugiere redimensionar el problema: “El sector educativo tiene un financiamiento  prácticamente con recursos federales y se trae un problema de cuando menos 1987 que se ha venido generando históricamente”. Quiere decir entonces que los gobiernos priístas han malversado los recursos de la SEG desde la fecha señalada y no por el otorgamiento de plazas fuera del presupuesto, sino principalmente por el desvío de recursos.

Así lo comentan los maestros, así lo denuncia el ex titular de la SEG, Pioquinto Damián Huato: “De enero a noviembre de 1996, el entonces gobernador Angel Aguirre Rivero, por lo menos sustrajo 264.5 millones de pesos de la Secretaría de Educación y lo tengo debidamente documentado, no sé para donde los movió”. (El Sur 220903).

2.- Aduce el secretario que el incremento de 45 a 90 días de aguinaldo a los 65 mil trabajadores de la educación implicó recursos por mil 460 millones de pesos que fueron financiados con el presupuesto de gasto corriente. Es oportuno precisar que el aumento al aguinaldo se hizo en etapas y que hasta el año 2000 la cantidad de trabajadores de la educación en Guerrero era de 47 mil, no de 65 mil.

Si este último dato es verídico, significa que en tres años se han creado 18 mil plazas y no 6 mil 500 como indica el titular de la SEG.

Se habla de una derrama de 570 millones de pesos por concepto de aguinaldo, pero no se dice que la mayor parte de esta prestación la cubre la federación. Tampoco se explica que en cada etapa sólo se incrementó el equivalente a cinco o diez días y que los operadores de finanzas del estado acudieron a artificios para ajustar el aumento concedido al presupuesto aprobado. Por ejemplo:

cinco de los 10 días de aguinaldo otorgados al magisterio por el gobernador René Juárez Cisneros, en mayo del 2000 se pagaron con el 3 por ciento que destinó la federación para el pago de otras prestaciones laborales acordadas el 15 de mayo del mismo año. Lo que se hizo fue dejar de pagar el incremento  que se concedió a las otras prestaciones y convertir lo ahorrado en una parte del incremento que supuestamente tuvo el aguinaldo. De este modo sólo hubo un aumento real de cinco días a la multicitada prestación y no de diez como se notificó.

3.- Se indica que otra causa del quebranto financiero es el otorgamiento de 6 mil 500 plazas sin techo financiero a egresados de normales, partidos políticos, organizaciones sociales, corrientes del SNTE y diputados, que representa un costo de 330 millones de pesos.

La Secretaría de Educación tiene obligación de entregar plazas a egresados de normales públicas como la de Ayotzinapa y el CREN de Iguala; y el gobierno estatal a los egresados de las normales que están bajo su jurisdicción; ello por los convenios históricos vigentes. Para el otorgamiento de estas plazas se destina el techo financiero correspondiente. Por tal razón los egresados de estas normales no han generado el déficit mencionado. Lo que ha elevado el costo extrapresupuesto es el elevado número  de plazas otorgadas de manera irregular con fines clientelares y de lucro.

La cantidad de plazas es elevado, dije antes que podrían ser más, pero las organizaciones sociales, sindicatos y partidos tampoco son culpables de la debacle  financiera; estos organismos en su función gestiva son peticionarios y en última instancia quienes administran y cuidan el tesoro son los responsables de repartirlo. Por ello, luce mal Daniel Pano cuando culpa a los otros, sin asignarse y asignar a los suyos responsabilidad que en esta malversación del gasto educativo les compete. Esconde también lo relativo a la venta de plazas que durante la administración renejuarista ha dejado de ser clandestina, convirtiéndose en negocio visible, en el que están involucrados funcionarios de alto nivel, solapados por el régimen. Sobre esta anomalía hay denuncias. Jaquelín Ramírez Mendoza hizo pública la suya. Dijo que los integrantes de la Organización de Profesionistas Desempleados “han recibido ofertas de algunos malos funcionarios de la SEG o gente muy cercana al gobierno que piden un pago de más de 20 mil pesos por una plaza, pero no lo podemos hacer porque nuestros padres apenas nos pudieron dar educación y nosotros no tenemos ni siquiera empleo”. (El Sur 061102).

Por fin, ¿quienes son los culpables? ¿los normalistas? ¿las organizaciones? ¿O los malos funcionarios?

4.-El titular de la SEG propone tres medidas para superar el problema: la cancelación de plazas para egresados de normales, la congelación de plazas vacantes y la eliminación de los que cobran sin trabajar.

La primera medida es improcedente, su aplicación llevaría al incumplimiento de los convenios que dan vida al normalismo y se desalentaría a los estudiantes que eligieron la carrera de maestro. Soy partidario de la obtención de una plaza mediante el concurso de oposición, siempre que estos eventos sean éticos; pero si se congelan las vacantes ¿en qué plazas concursarían los egresados? Considero que la solución está en la formación de los docentes que debiera ser de excelencia; actualmente se forma de manera deficiente a los que estudian para maestro; casi todos los que se inscriben en una institución que forma mentores egresan, no hay reprobados; por eso los demandantes de plazas son miles. Si la formación fuera de excelencia y se promoviera a los que verdaderamente estudian, los egresados serían pocos y habría suficientes plazas para ellos. Ya no es un secreto que tanto en las normales oficiales como en las particulares se titulan en racimo y con trabajos de deficiente calidad. Debería elevarse el nivel académico de las escuelas formadoras de maestros, fomentando desde las aulas los exámenes de oposición; así el título legitimaría al egresado y lo haría acreedor a una plaza para realizar su práctica docente.

La segunda medida es factible a medias. Ya se puso en práctica a partir de 1994, pero en los últimos años del salinismo, las vacantes congeladas y los interinatos no cubiertos se convirtieron en espacios que aprovecharon las autoridades y los dirigentes sindicales para acomodar a sus amistades y a otros clientes. Sería apropiada la congelación de plazas donde el maestro que se retira o jubila tenga pocos alumnos. En Acapulco existen grupos del turno vespertino con seis o siete alumnos, atendidos por maestros con altas percepciones. En casos como estos procede la compactación de grupos y la congelación de plazas, pero donde la matrícula es numerosa deben cubrirse las vacantes para garantizar la atención de los niños. De ahí que la congelación de plazas debe ser relativa.

La tercera medida es viable. No es correcto devengar un sueldo sin trabajar. Por tanto, la eliminación de los aviadores no debe ser selectiva; para que surta el efecto deseado, habrá de ser indiscriminada, sin que importe la organización o el partido donde el evasor de responsabilidades milite.

La declaración de quiebra inquietó a los maestros que ya elaboran los planes de acción para la protesta. La cloaca fue destapada por el secretario de Educación y es difícil que el gobernador la cierre paliando el orificio con declaraciones ambivalentes que niegan el hecho y a la vez lo aceptan. La crisis financiera está ahí, falta la voluntad de los actores para superarla. ¿Afrontarán las autoridades este reto?