Exigen empresarios de Chilpancingo mayor seguridad a Ramírez Guerrero

 * Piden la creación de una Agencia del Ministerio Público especializada en delitos cometidos en agravio de los empresarios

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Empresarios de esta capital exigieron mayor seguridad y más atención en materia de procuración de justicia para ese sector, esto en una reunión que sostuvieron ayer con el procurador de Justicia del estado, Jesús Ramírez Guerrero.

En lo que fue la primera reunión del procurador Ramírez Guerrero con el sector empresarial de esta capital, los integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exigieron, entre otras cosas, la creación de una Agencia del Ministerio Público especializada en delitos cometidos en agravio de los empresarios, así como la creación de un canal similar al 066 para que puedan llamar de manera directa al sistema de seguridad en caso de algún ilícito.

Al encuentro con el procurador Ramírez asistieron 100 agremiados a la Coparmex, dirigidos por su presidente Jorge Elías Azar.

Durante su intervención, que fue previa a la de los empresarios, el procurador anunció que dentro del proyecto de reformas a la ley orgánica de la institución se tiene planeado crear tres fiscalías especiales que tendrían el rango de subprocuradurías y mencionó que éstas son las que se encargarán de la atención a los pueblos indígenas, la de protección a los derechos humanos y la que atenderá los delitos graves.

Anunció que analizaría la propuesta de los empresarios para crear la agencia del Ministerio Público especializada para delitos contra empresarios, toda vez que calificó la propuesta como “sensata, conveniente y necesaria”.

Dijo que la nueva ley orgánica considera el funcionamiento de un fideicomiso de administración e inversión, “un fideicomiso, cuyos objetivos son fortalecer las unidades especializadas, darles protección a los particulares que en un momento dado están involucrados en alguna averiguación o en un proceso penal y que está de por medio el riesgo de su persona, su patrimonio o su familia”.

Indicó que también a través de este fideicomiso se dará protección al empresario, “al que por su posición económica o el trabajo que realiza, o por la gestión de carácter laboral son presas fáciles de algún mal viviente que quiera aprovecharse de su éxito personal”.

Informó que el fideicomiso está considerando aportaciones tanto directas como indirectas, así como las que deberá aportar el gobierno del estado a través de las fianzas o la venta de los vehículos decomisados, los cuales no les interesen a las empresas para allegarnos de recursos directos para la procuración de justicia.

Indicó que la aportación de los particulares será cuando éstos deseen algunos policías para su protección. Explicó que los particulares aportarán el monto de los guardias y otra cantidad igual para fortalecer a las unidades especializadas.

Abundó que el Comité Técnico estaría integrado por cinco trabajadores de la Procuraduría, encabezados por el procurador, y cinco por parte de los ciudadanos.

Se han cometido 17

secuestros en este año

En la etapa de preguntas de los empresarios, el procurador informó que en lo que va del año se han cometido 17 secuestros en el estado, tres menos de los que se habían cometido en estas fechas el año pasado. Agregó que si la incidencia sigue igual, al finalizar el año se estarían cometiendo 23 plagios, es decir, cinco menos que el año anterior.

El empresario Javier Morlett criticó al procurador el hecho de que durante las marchas y protestas de las organizaciones sociales la justicia se aplica “a veces sí y a veces no”. Demandó que la ley se aplique sin distinción para que se resuelva el problema.

Ramírez Guerrero señaló que en este sentido los bandos municipales se quedan cortos y estuvo de acuerdo con que las marchas se legalicen, “no para impedir la libre manifestación de las ideas sino para impedir que se perjudiquen los derechos de la población”.

Señaló que en la medida de que se reglamenten las marchas la Procuraduría podrá investigar los delitos que afecten el libre tránsito tanto dentro como fuera de la ciudad.

El comerciante y ex síndico del ayuntamiento capitalino, Antonio Ochoa Leyva, demandó al procurador que se establezca un canal similar al 066 para que los empresarios denuncien de manera directa cuando sean víctimas de asaltos o robos, pero el procurador le dijo que el 066 es un número que está disponible para todos los ciudadanos, incluyendo los empresarios.

Y el ex funcionario municipal demandó que “así como se atiende a los indígenas o a las mujeres con agencias especializadas, también los empresarios debieran contar con una mesa de atención”. Al respecto Ramírez Guerrero dijo que se analizará la propuesta y dio por hecho de que se crearía esta agencia, toda vez que calificó la idea como “sensata, conveniente y necesaria”.

El presidente de la Coparmex, Jorge Elías Azar, preguntó que cuántos son los policías judiciales con los que cuenta la Procuraduría y cuántos de ellos están comisionados con servidores públicos o familiares de éstos. Ramírez reconoció que “no rebasan los 80” guardias quienes se encuentran resguardando a funcionarios e incluso a ex funcionarios.

El procurador indicó que actualmente 27 judiciales y un ministerio público se encuentran procesados por cometer irregularidades dentro de su desempeño.