Demandan juicio político contra el presidente del TSJ y tres magistrados

Teresa de la Cruz, corresponsal, Chilpancingo *  Por tráfico de influencias y “errores matemáticos” al dictar sentencia, interponen ante el Congreso estatal una demanda de juicio político en contra del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raúl Calvo Sánchez así como de otros tres magistrados.

Informó en la conferencia de prensa el abogado de Rosalinda Luna Bello, Fausto Acevedo Acevedo, que el pasado 12 de septiembre interpusieron la demanda en el Congreso contra Calvo Sánchez, al igual contra los magistrados María Elena Medina Hernández, Yadira Icela y Rubén Martínez Rauda por tráfico de influencias.

De acuerdo con Acevedo, luego del accidente que sufrió el 24 de octubre de 1998 Luna Bello, el chofer de Grúas Mancera, Jorge Mancera García,  sin permiso oficial trasladó al corralón el vehículo accidentado y ahí estuvo retenido ilegalmente hasta noviembre de 1999, motivo por el cual están cobrando pensión.

Sin embargo, Acevedo señaló que la sentencia que fue dictada por los tres magistrados del estado y que fue revisada por magistrados federales es irregular. Argumentó:“Deben de haber sacado cero en matemáticas”, ya que los 5 mil 346.72 pesos que la empresa Mancera requiere por arrendamiento es injusta.

Las tarifas oficiales de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) fija la cantidad de 56.88 pesos de pensión por día, que multiplicado por 47, es decir, los días que estuvo el tractocamión detenido, da la cantidad de 2 mil 637.36 pesos, no la cifra por la cual se condena.

Insistió que es injusto “porque esta sentencia ha sido dictada contraria al derecho”. Recalcó que con “estas deficiencias no es posible que el presidente del Tribunal Superior de Justicia no advierte el trafico de influencias”.

Dijo que “este caso es una muestra clara de que no se imparte justicia de manera imparcial y nuestros magistrados no son las personas que consideramos idóneas para la impartición de justicia”.

Destacó que en Guerrero hay una “nula administración de justicia y hay tráfico de influencias entre los tribunales estatales y los federales”. Aseguró que “no es posible que este error tan garrafal pase inadvertido para gente de esa categoría, la cual cobra sueldos estratosféricos”.

Precisó que el juicio político se justifica en las irregularidades en que ha incurrido el Tribunal Superior de Justicia, además, se apega a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.