Moisés Alcaraz Jiménez

 Nueva política, obsoleto marco electoral

 El marco jurídico que rige las contiendas electorales en Guerrero es obsoleto, la nueva realidad política lo ha rebasado y su obsolescencia es ya un factor de alto riesgo para nuestra incipiente democracia y para los aún débiles órganos electorales que contribuyen a sostenerla.

Los rezagos y vacíos en el Código Electoral son de tal magnitud que de aplicarse dicho ordenamiento tal y como ahora se encuentra para las elecciones del 2005, el proceso estaría en peligro de inestabilidad y se daría motivo a reclamos postelectorales, que en Guerrero han terminado en varias ocasiones en estallidos violentos e inclusive derramamientos de sangre.

Estamos a tiempo de que el Congreso del Estado tome cartas en el asunto. El órgano legislativo es ahora el actor político fundamental que podría contribuir a la realización de unas elecciones en paz, con resultados aceptados por todos y en general sería determinante para el cambio pacífico del gobierno. De lo contrario, la inacción del poder legislativo local, o efectuar simples remiendos a la ley electoral, podría conducir a elecciones turbulentas con serias amenazas a la paz social.

Los vacíos jurídicos que presenta el código en esta materia lo han hecho inaplicable en muchos aspectos. Los cambios en asuntos políticos y electorales han avanzado tan aprisa que nuestra legislación ha sido rebasada y lo conveniente no serían parches a la ley, sino elaborar un nuevo y eficiente marco legal ubicado a la altura de los nuevos tiempos.

El código electoral vigente no garantiza la limpieza y transparencia de los procesos, pues muchos aspectos fundamentales y determinantes para perder o ganar una elección escapan a su control.  Actividades proselitistas importantes se realizan fuera de toda norma que las regule, por ello es que gran parte de las llamadas precampañas se convierten en tierra de nadie, donde nada obliga a los contendientes a la rendición de cuentas.

De la limpieza y transparencia se derivan la certeza, confianza y credibilidad de los comicios, lo cual, bajo la actual legislación, tampoco estaría asegurado y en su lugar volverían las dudas y sospechas sobre la legitimidad y legalidad de las elecciones.

Construir la confianza ciudadana en el sufragio ha sido en México un proceso complejo, muy largo y difícil y ningún gobernante puede darse el lujo de defenestrar ese esfuerzo al permitir el anquilosamiento jurídico que vuelve inciertos, caóticos, a veces violentos y antidemocráticos a los sistemas electorales.

Todo gobierno está obligado a mantener actualizadas sus leyes en todos los órdenes, con mayor razón si se trata de aquellas que garantizan el cambio tranquilo del mando político. Los tres poderes públicos son corresponsables de que así suceda, sin que para ello existan interferencias políticas o partidistas. Buscar el beneficio político, conquistar o conservar el poder a través de anacronismos jurídicos es una perversidad que todos debemos combatir.

En Guerrero se requiere una cirugía mayor en este rubro. No es poco lo que se tiene que cambiar. Necesitamos de una ley que regule las llamadas precampañas; que permita al órgano electoral fiscalizar a fondo los recursos públicos que utilizan los partidos; que haga más rígidos los requisitos para otorgar nuevos registros a partidos y que quienes lo pierdan regresen los bienes adquiridos con las prerrogativas recibidas; una ley que sea más equitativa en materia de acceso de los partidos a los medios de comunicación; que disminuya los prolongados tiempos de campaña que obligan a enormes gastos, que resultan criminales en estados pobres como el nuestro; que fomente la democracia interna de los partidos para que respeten sus propios estatutos y no sean dirigidos por familias corruptas o por verdaderos vivales que ven como negocio propio a estos institutos políticos; que establezca severas sanciones contra actos de corrupción en los partidos; que defina con precisión la forma de asignar diputados por la vía plurinominal y, en fin, que impulse el desarrollo político y la cultura cívica de los guerrerenses.

Estos son sólo algunos aspectos que para su revisión y construcción de acuerdos para su eventual reforma, se requerirá de la voluntad política de todos los actores y de la más firme convicción para seguir avanzando en el difícil camino de la democracia.