Denuncian a policías judiciales por desalojo violento y amenazas

El Comité de Derechos Humanos Sembrador de la Esperanza presentará una denuncia penal en el Ministerio Público de Ciudad Renacimiento contra cinco policías judiciales que desalojaron violentamente de su predio a la señora María Concepción Escobar Benítez y a su familia, en La Sabana.

En boletín de prensa el organismo no gubernamental informó que el pasado 13 de septiembre, a las 11 de la mañana, Escobar Benítez se encontraba en su domicilio ubicado en lote 6, manzana 10, de la colonia Miguel Terrazas Sánchez, en el poblado de La Sabana, donde llegaron cinco hombres y una mujer a bordo de un Tsuru, color negro, placas GZE3047 y un Volkswagen, color verde, placas GZ51981 del estado de Guerrero.

El documento señaló que uno de los hombres, acompañado de tres agentes, dijo llamarse Enrique Parra Castañeda y que externó ser comandante de la Policía Judicial y junto con la mujer, que dijo ser madre de María Elena Parra Castañeda, le comunicaron que sería desalojada de su propiedad.

Según el organismo, la agraviada pidió que se le mostrará alguna orden de desalojo firmada por algún juez, “pero Parra Castañeda le dijo que no la mostraría, que no tenía ningún caso hacerlo, que él iba a desalojarla como diera lugar y a tirar mi casa y que no necesitaba ninguna orden especial”.

En el boletín se informó que Escobar Benítez trató de impedir que entraran, pero que la empujaron y se introdujeron a su domicilio, donde derribaron su casa de madera y lámina de cartón petrolizada, de aproximadamente de cuatro por tres metros de largo.

También se informó que Escobar Benítez acudió al organismo, donde fue atendida por Federico Menor Patiño, quien al saber de la situación pidió auxilio a la Policía Preventiva.

Se añade que la corporación mandó la patrulla 706, al mando del oficial José Luis Santos Vargas, pero que cuando llegaron ya no había nadie.

El documento asegura también que Escobar Benítez fue amenazada por los presuntos policías judiciales en caso de volverla a encontrar en la propiedad.

Según el organismo, la agraviada y su familia viven en esa propiedad desde la compraventa que hizo Elia González Rodríguez, quien se la compró a Domingo Martínez Castro. Detalla finalmente que acredita lo anterior con el contrato de compraventa celebrado para los efectos, así como con la constancia de posesión expedida por el comisariado ejidal de La Sabana a favor de González Rodríguez.