*Jaime Salazar Adame *

Las dictaduras del  silencio

En las últimas semanas diversos han sido los embates, ataques y cortapisas que periodistas y comunicadores guerrerenses han sufrido de parte de la llamada clase gobernante, por más que su encumbramiento se lo puedan deber al partido político “más democrático” que se precie. Sin embargo, los mayores obstáculos vienen de quienes gracias el secular atraso guerrerense lo tienen todo, y de allí que traten de evitar a toda costa que los trabajadores de los medios cumplan con su papel, que es el de relacionar a los que saben con los que no saben.

En tal predicamento los medios masivos de comunicación no pueden asegurar al lector la información clara, verídica, oportuna, rápida y completa, si ni siquiera sus trabajadores tienen asegurado el acceso a la información –provenga de la realidad social o fuentes informativas–, ni el secreto profesional y la cláusula de conciencia como garantías de la labor que corresponde ejercer a estos profesionales del periodismo al servicio del derecho a la información veraz. Todas estas conspiraciones a favor del pensamiento inconexo favorecen el status quo de marginación y desigualdad social.

Sin una prensa libre, sin libertad de expresión plenamente garantizada, sin pluralismo de voces de opinión, sin información verídica, el precario sistema democrático a nuestro alcance se resquebraja y acaba derrumbándose. Nuestra Constitución política establece el marco idóneo que garantiza la libertad de expresión, pero, ante la ley de la selva, acabará siendo letra muerta, antes que constituir canales fundamentales de la expresión de la opinión pública en una sociedad moderna, y a pesar de todo, algunos medios como El Sur desafían tales posiciones dominantes.

La historia de la relación gobierno-prensa no es trivial, ha llegado hasta la muerte de periodistas, sino que muestra actitudes que producen a la vez impotencia, indignación y temor. Sentimientos que se derivan de la insuficiencia ante la impunidad de la que gozan las “fuerzas del orden” capaces de actuar contra cualquier forma de respeto mínimo a la dignidad humana, sin que nadie ponga coto a sus desmanes, y de allí el miedo al poder que tienen, un poder incontrolable.

Asumir una misión redentora y la sola implicación al principio de autoridad les “libera” del respeto a las leyes, como si se tratara de dos impulsos de los que se alimenta su imposibilidad de control y la manipulación del mundo. Nosotros como ciudadanos no debemos quedar indiferentes ante este desplazamiento, pues el asunto no es neutral, y no lo es porque el poder político democrático es el único de los poderes sociales que “controlamos”, aunque sea indirectamente, a través de las urnas y “ocasionalmente” mediante los mecanismos parlamentarios.

Por otra parte, es verdad que las transformaciones que han tenido lugar en el campo de los derechos humanos propician la existencia de organismos no gubernamentales y otros de la sociedad civil que pugnan por un gobierno limitado, responsable ante la ciudadanía y operando bajo el imperio de la ley, pero que son aún parte sustancial del ideal democrático por la vulnerabilidad del Estado de derecho, si bien lo rescatable de estas demandas son el sentimiento de posesión de derechos inalienables e imprescriptibles del ser humano desde que los proclamó la Revolución Francesa de 1789.

Precisamente en estos días de rememoración patriótica vale la pena recordar con José María Morelos y Pavón, que el Estado de derecho no es sólo la expresión institucional de un sistema político destinado a garantizar a los individuos el goce de las libertades que poseen, sino también una forma de organización del poder dirigida a asegurarles el ejercicio de las libertades que aún no detentan, perspectivas del binomio democracia-libertad sembradas en Los Sentimientos de la Nación y recogidas en el texto constitucional vigente.

Asimismo, como las formas de gobierno democrático representan la protección más adecuada de los derechos humanos, es decir, el mejor recurso institucional para asegurarlos, bien vale la pena insistir en la práctica de la democracia, que conceda el lugar que corresponde a las capacidades humanas para la creatividad y las instituciones libres que la propician.

Entonces, es necesario insistir en que vale más la libertad y el hecho de tener múltiples oportunidades consagradas por la ley que gozar del conocimiento de un futuro incierto en el comportamiento político de los gobiernos.

A las libertades de expresión, reunión y asociación, inviolabilidad de la correspondencia y el domicilio, a la protección frente a detenciones ilegales, al secreto de las comunicaciones telefónicas y telegráficas, entre otras más de las actividades protectoras de los derechos fundamentales, se han complementado desde otra perspectiva mediante la figura del defensor del pueblo, ombudsman o Comisiones de los Derechos Humanos.

El poder del gobierno, la impunidad de actos intimidatorios y de corrupción, aunado a la crisis y descrédito de los partidos políticos son problemas abiertos que exigen una atención especial para alcanzar a plenitud las libertades básicas, entre ellas las libertades de expresión y de información, frente a las dictaduras del silencio.

Esto conlleva el respeto al derecho a la vida que impida la deshumanización del hombre.