Denuncian que no se castigan las graves violaciones a los derechos indígenas

 * En Chilpancingo, 800 asistentes de los municipios indígenas del estado rechazaron los acuerdos de la OMC * Exigen la desmilitarización de sus comunidades y el respeto a su autonomía * Retoman la propuesta de las juntas de buen gobierno impulsadas por el EZLN en Chiapas  

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo Con un rechazo a los acuerdos de la Cuarta Conferencia de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la desmilitarización de las zonas indígenas del estado, justicia en el caso de violaciones a los derechos humanos cometidos por los militares y respeto a la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas establecidos en la Ley de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), terminó ayer 12 Congreso del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena (CG500ARI) en esta capital.

En este encuentro los indígenas que pertenecen a esta organización retomaron, asimismo, la propuesta de los caracoles y las juntas de buen gobierno impulsadas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el estado de Chiapas “que nos llaman a seguir construyendo y ejerciendo en los hechos nuestras autonomías, desde lo local, municipal, hasta lo regional”.

Demandaron, también, que se les consulte para la creación de leyes “que afecten nuestros intereses” y protestaron por la marginación y discriminación “que siguen siendo elementos con los que se niegan nuestros derechos”.

El encuentro indígena se realizó el sábado y ayer domingo en el auditorio de la sección 36 del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, en esta capital, en el 12 aniversario de la constitución del CG500ARI.

Al congreso acudieron unos 800 indígenas de los municipios de Acatepec, San Luis Acatlán, Chilapa, Tixtla, Copanatoyac, Malinaltepec, Tepecoacuilco, Metlatónoc, Tlacoachistlahuaca y Xochistlahuaca.

Los asistentes a este acto exigieron, asimismo, “el derecho que tenemos al desarrollo, como lo establecen convenios, tratados y cumbres internacionales, como el Convenio de Viena de 1993 y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de 2001”, exigencia que salió de la mesa sobre Derechos y Cultura Indígena moderada por Marcelino Díaz de Jesús.

“Reiteramos nuestra demanda de ser reconocidos como sujetos de derecho, somos pueblos, indígenas y no poblaciones. Ratificamos nuestra lucha, hasta alcanzar la reconstitución de nuestros pueblos”, se planteó en esta misma mesa cuyo relator fue el Carlos de Jesús Alejandro.

También denunciaron quienes participaron en esta mesa que la cultura indígena “ha sido penetrada por los poderosos, que tratan de imponer una cultura distinta a la nuestra, con la que pretenden desaparecernos como pueblos. Hoy surge una nueva expresión de colonialismo, basado en políticas de globalización y libre mercado impulsado por los gobiernos neoliberales y las empresas transnacionales que hoy mismo pretenden decidir el destino de las mayorías del mundo en su Cuarta Conferencia Internacional de Ministros de la Organización Mundial de Comercio reunidos en Cancún, decisiones que rechazamos”.

“Ante esto debemos reflexionar, tomar conciencia y valorar lo nuestro, desde nuestros mitos que se expresan a través de nuestros rituales espirituales, nuestra lengua, vestido, formas propias de gobierno. Nuestra cultura valora y venera la lluvia, el aire el fuego, el agua, hoy nos han impuesto nuestros dioses y religiones, debemos reflexionar y rescatar lo nuestro e iniciar un proceso de valoración empezando incluso por nuestros nombres propios para nuestros hijos”, expusieron en sus resolutivos.

Mientras tanto en la mesa sobre Derechos Humanos y Procuración de Justicia hubo quejas por la militarización que existe en las comunidades indígenas, “somos víctimas del hostigamiento y de la impunidad de los miembros del Ejército mexicano, quienes nos acusan de narcotraficantes, se instalan en nuestras comunidades ocupando nuestras tierras y nuestra agua, abusan de su autoridad para llevarse animales y artículos de las tiendas sin pagarlos”.

Se habló ahí “de la tristeza, frustración y desesperación que sentimos al ver que los hechos que constituyen una grave violación a nuestros derechos no son castigados”.

Hablaron que también es violación sus derechos más elementales el hecho de que haya pocas escuelas y que los niños tengan que caminar grandes distancias exponiéndose aun desgaste físico y a peligros que están atentando su derecho a la vida y a la integridad física, “también contamos con maestros insuficientes que no cuentan con preparación adecuada ni disposición para impartir clases en La Montaña”.

Dijeron que no sólo están recibiendo de manera incompleta el derecho a la educación, sino también a la salud, “en nuestros centros de salud no hay suficientes médicos, ni medicinas y no hay un trato adecuado”, expusieron.

Por ello su exigencia es la salida del Ejército mexicano de las comunidades indígenas, justicia en el caso de las violaciones a los derechos humanos y que el Ejército, en su lucha contra el narcotráfico, adopte medidas que no afecten a las comunidades indígenas, “sobre todo en contaminación y destrucción de siembras de nuestros alimentos ocasionados por las fumigaciones aéreas”.

Se manifestaron también porque se amplíen las facultades de las comisiones nacional y estatal de derechos humanos para que se garantice justicia en los casos de abuso de autoridad, exigieron servicios de salud de calidad “para alcanzar una vida digna en las comunidades indígenas”, así como escuelas y las condiciones necesarias para una educación intercultural de calidad, “para que todos los niños y adolescentes en nuestras comunidades puedan vivir su derecho a la educación de manera digna, colocándolos en igualdad de oportunidades al resto de los mexicanos”.

En este misma mesa se exigió respeto a la práctica de la medicina tradicional de los pueblos indígenas, pero también que “se acabe con las políticas neoliberales que hacen daño a nuestros pueblos indígenas; se roban nuestro conocimiento y limitan el uso de nuestros propios recursos naturales e implementan programas que nos dividen como el Procede”.

Mientras tanto, en la mesa sobre Mujer Indígena, hubo pronunciamientos en contra del abuso cotidiano de los prestadores de servicio de la Secretaría de Salud, “que discriminan a las mujeres indígenas, asimismo aprovechan los programas como Oportunidades para manipularnos según su conveniencia, violando nuestros derechos como mujeres indígenas”.

También exigieron que el gobierno, en sus diferentes niveles, apoyen las iniciativas de producción y comercialización mediante estrategias específicas, “es una necesidad de las mujeres que hemos venido trabajando para que se reconozca y se dé la igualdad en el trabajo.

Hubo también propuestas en el sentido de que las mujeres ya no deben permitir que las autoridades comunitarias prohíban que la mujer participe y exprese su palabra en las en donde se toman las decisiones para el desarrollo de la comunidad.