Periódico con noticias de Acapulco y Guerrero

Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Guerrero, asunto de seguridad nacional

Después de las balaceras que dejaron un saldo de 14 muertos, los habitantes de Chilapa describieron la semana pasada a su ciudad como un escenario de guerra. Pero para el infortunio general, no es sólo Chilapa sino el estado entero el que está convertido en zona de guerra.
Al contrario de lo que han declarado funcionarios del gobierno federal, como el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, y el coordinador nacional antisecuestros, Renato Sales Heredia, las ejecuciones y los secuestros continúan imparables en el estado. El brote de violencia que golpeó a Chilapa, el secuestro y asesinato de una joven de 22 años de edad el sábado en Teloloapan y la violación y homicidio de una niña de diez años en Zihuatanejo, ocurrido hace tres semanas, son unas cuantas muestras recientes del infierno que vive Guerrero.
Hasta hoy, todas las estrategias puestas en marcha en el estado para combatir a las bandas del narcotráfico han fracasado y quizás sea momento no sólo de rediseñar esos planes, sino de reajustar la óptica y tomar conciencia de que la violencia en Guerrero es ya un asunto de seguridad nacional. La situación es ahora aquí tan grave como lo era en Chihuahua en su peor momento. Por contradictorio que parezca, ni Tamaulipas ni Michoacán, estados emblemáticos de la violencia que se abate sobre el país y en los cuales el gobierno federal ha desplegado su mayor interés, manifiestan síntomas tan profundos como los que se observan en las ciudades guerrerenses.
En las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guerrero figuraba hasta abril con 37 secuestros denunciados en la Procuraduría General de Justicia a partir de enero. En mayo aparece con 49 secuestros, 12 más. Pero en los datos de mayo no aparecen los casos de los 35 secuestrados que fueron liberados el 13 de ese mes por efectivos de la Marina en las cercanías de Tlalchapa. Están borrados de las estadísticas oficiales, pero si esos 35 casos se suman, la estadística arrojaría 84 secuestros en los primeros cinco meses del año.
Son muchos secuestros, y no puede encontrarse consuelo ni justificación en el hecho de que Guerrero no sea el estado que más plagios registra. Pero sin matiz alguno, el estado se mantiene a la vanguardia en el país por el número de homicidios dolosos, con 677 entre enero y mayo. Otra vez, estados que parecieran más emproblemados sufren en realidad menos ejecuciones: Tamaulipas 315, Michoacán 464, Sinaloa 484, Chihuahua 489, y el estado de México 838 (para asimilar las cifras mexiquenses debe recordarse que este estado es cuatro veces más poblado que Guerrero, por lo que en proporción la incidencia resultante allí es inferior).
No es cosa solamente de cifras y estadísticas de la violencia, sino también de fenómenos vinculados a los hechos de violencia. Pues ¿cómo explicar esos datos sino como consecuencia de un patrón criminal que se ha cumplido puntualmente en los últimos años? ¿Cómo explicar este cuadro catastrófico sin llegar a la conclusión de que detrás de todo ello existe negligencia gubernamental, y en el peor de los casos complicidad de algunas autoridades? ¿Cómo?
De acuerdo con la versión oficial, en Chilapa se desarrolla una sangrienta disputa entre los grupos delictivos de Los Rojos, Los Ardillos y Guerreros Unidos. Lo que no explica el gobierno es cómo pudieron llegar a esa ciudad tales grupos en medio de las extremas medidas de seguridad que supuestamente se aplican en todo el estado.
Alguien debe hacerse cargo de que si los grupos criminales pueden operar, y operar a sus anchas, es porque consiguen protección. Pero el gobierno no ha querido asumir este hecho, y aunque de dientes para fuera declara que investiga a los alcaldes, a funcionarios y hasta a diputados locales, simplemente no actúa contra nadie. El empresario Pioquinto Damián Huato denunció al alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, públicamente y en la averiguación previa abierta por el atentado en su contra, por sus presuntos nexos con las bandas que en la capital transitan como por su casa, y el gobernador mismo se apresuró a exonerarlo. Por otra parte es un dato documentado formalmente por la Procuraduría General de la República que la banda de Los Ardillos es dirigida por familiares nada menos que del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del estado, el perredista Bernardo Ortega Jiménez, y nadie da señales de interés o perturbación por semejante información. Tampoco se ha aclarado el señalamiento que aún pesa sobre el diputado local priísta Olaguer Hernández Flores de tener o haber tenido vínculos con delincuentes, y ni siquiera ha sido explicado el mecanismo por el cual pudo salir a salvo del secuestro del que fue víctima hace dos meses, suerte de la que han carecido muchas otras víctimas de plagio. En Chilapa, la violencia de la semana pasada estuvo antecedida de acontecimientos como la desaparición de un regidor del PT, Cleto Mendoza, y la detención del oficial mayor del ayuntamiento, por acusaciones de mantener tratos con una banda delictiva, pero a pesar de que este clima toca al alcalde del PRI, no parece existir indagación oficial al respecto.
Se dirá que pedimos milagros, pero es hora de que el gobierno deje de voltear para otro lado, finja normalidad y siga atribuyendo la violencia al choque de los cárteles de las drogas, pues lo que sucede en Guerrero involucra además, y activamente, a autoridades que están encargadas precisamente de combatir a la delincuencia.
Las calles desiertas de Chilapa, el temor cotidiano que se vive en Chilpancingo, los secuestros masivos en Tierra Caliente, y sobre todo la impunidad que suele asociarse a estos hechos, son síntomas evidentes de desgobierno. Ya no se trata solamente de combatir la violencia, sino de recuperar márgenes razonables de la gobernabilidad perdida en Guerrero. Sin tantos muertos como aquí, en Michoacán resultó que el secretario de Gobierno y un hijo del propio ex gobernador Fausto Vallejo tenían nexos con Servando Gómez La Tuta. Al final ¿sucederá lo mismo aquí? Sólo es una pregunta.

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