Niega la PGJE que la salida de Peredo se deba a las denuncias de Zihuatanejo

 Brenda Escobar, corresponsal, Zihuatanejo * El director de Asuntos Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), José Fernando Monreal Ávila, aseguró aquí que pese a la renuncia voluntaria como comandante de la Policía Judicial del Estado de Federico Peredo Jiménez, se les dará seguimiento a las denuncias que ciudadanos de este municipio han presentado por abuso de autoridad, extorsión y otros delitos.

Entrevistado ayer en la agencia central del Ministerio Público en Zihuatanejo, Monreal Ávila, quien es el funcionario asignado por el procurador Jesús Ramírez Guerrero para levantar las denuncias de habitantes de las comunidades de San Ignacio, San Miguelito, El Corte, Pantla y otras más donde el ahora ex comandante y policías judiciales bajo su mando cometieron violaciones a los derechos, dijo desconocer la situación legal de Peredo Jiménez.

Luego, indicó que el ex comandante regional que estuvo en la plaza de Zihuatanejo durante casi dos años y posteriormente removido, el 22 de julio de este año a Ciudad Altamirano, presentó su renuncia voluntaria al cargo argumentando cuestiones personales, y aseveró que en cuanto hace a las denuncias que ya están iniciadas en esta y otras ciudades del estado, “no importa que haya renunciado, se continúan”.

Durante la estancia de el ex jefe policiaco en la plaza de Zihuatanejo, ocurrieron dos secuestros en contra de los ganaderos Salud Valencia Valencia y Juvenal Orozco Oregón, éste último fue plagiado junto con su peón en los primeros días de junio y ambos escaparon de sus captores dando muerte a uno de ellos en el enfrentamiento.

Tras el acontecimiento, la Policía Judicial del Estado inició un hostigamiento contra los ciudadanos de la comunidad de San Ignacio y Pantla, para presuntamente dar con los responsables del secuestro.

Pero también los agentes judiciales realizaron actos de extorsión además en las localidades del Corte y San Miguelito; en esta última, los habitantes vivían afectados por la continua presencia de judiciales que les fabricaban delitos y les exigían dinero para dejarlos en libertad.

A través del Consejo Ciudadano de Procuración de Justicia en esta ciudad, los habitantes afectados presentaron públicamente sus quejas al procurador Jesús Ramírez Guerrero en una audiencia ciudadana, quien los conminó a formalizarlas a través de una denuncia en el Ministerio Público y asignó como fiscal especial a José Fernando Monreal Ávila.

Denuncias ante el enviado del procurador

El 15 de agosto de este año, en la averiguación previa AZUE/05/0460/2003, el señor Efrén Arizaga Ávila, de la comunidad de San Miguelito, denunció que policías judiciales detuvieron a su hijo Rafael Arizaga Véjar y su peón Alfonso Santana Terrones, cuando se dirigían a su parcela con un rifle de un tiro calibre 22 y para poder dejarlos en libertad les entregaron a los policías 5 mil pesos.

Luego, el 20 de agosto, la joven Alicia García López acudió con Monreal para denunciar que ella y su hermana Guadalupe fueron secuestradas y torturadas por órdenes de Federico Peredo Jiménez para hacerlas responsables de la desaparición del jefe de grupo de la PJE Mauro Díaz Cevallos, pero no fue atendida bajo el argumento de que ya existía una denuncia, la AP 81/Z/2003 en la PGR de Zihuatanejo y que lo mejor era esperar a que la fiscalía federal se declarara incompetente y enviara el expediente a la Procuraduría del estado.

Ese día, Alicia García narró a los reporteros cómo fue golpeada y torturada en la comandancia regional de la PJE, mientras su hermana recibía el mismo tormento y tortura psicológica en otra habitación del mismo lugar.

El 29 de agosto, los señores Pedro Sánchez Pascasio y Rosalío Tecuchillo Pineda, ambos originarios de la comunidad de San Ignacio, denunciaron abusos en su contra que se asentaron en el expediente AZUE/03/0479/2003.

El primero dijo que fue detenido y torturado por judiciales y pretendían obligarlo a confesarse culpable de pertenecer a la banda de secuestradores que en junio plagiaron al ganadero Juvenal Orozco Oregón y para obtener su libertad, su sobrino Cipriano Sánchez Rojas pagó 3 mil pesos, de los 8 mil que le pedían.

Tecuchillo Pineda dijo que el comandante Federico Peredo quiso acusarlo de vender y comprar mariguana y que por defenderse de esos señalamientos fue golpeado y torturado, para después entregarle al jefe policiaco 7 mil pesos que consiguió su familia, empeñando el poco patrimonio familiar.

Moreal Ávila negó que la renuncia de Peredo Jiménez se deba a los antecedentes que dejó en Zihuatanejo, “él presentó su renuncia por motivos personales”.

De manera extraoficial, fuentes del Ministerio Público aseguraron que el ex comandante fue detenido por elementos de la AFI y fue presentado a declarar en la Unidad Especializada contra la Delicuencia Organizada y posteriormente dejado en libertad, pero Monreal Leyva insistió en negar esta versión, y dijo: “Desconozco el paradero del ex comandante”.