Con el líder del PRI, el síndico de Azueta pide actuar contra Amador

 * Conferencia de prensa con un nutrido grupo de priístas * Demandará al BBV Bancomer por liberar pagos de cheques del ayuntamiento sin su firma, advierte

 Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * El síndico Joaquín González Ramírez anunció que demandará a la sucursal de BBV Bancomer de José Azueta por considerar que actuó de forma irregular al aceptar que se libren pagos de cheques del ayuntamiento que no llevan mancomunada su firma.

Mientras en Acapulco en la sesión del CEN del PRD encabezado por su presidente Leonel Godoy se hablaba de resolver los conflictos internos para poder ganar la gubernatura y de que hay una embestida del gobierno estatal priísta contra el perredismo,  en conferencia de prensa acompañado por el presidente del PRI municipal Juan Magaña Morfín, el síndico Joaquín González dijo que el conflicto es una situación política y ordenó la lectura de la denuncia corregida de hechos que interpuso el 26 de agosto ante la Auditoría General del Estado (AGE) por irregularidades en el manejo de la administración azuetense y en la que destaca que existe nepotismo, compra de facturas apócrifas, renta arbitraria de equipo, pagos indebidos y falta de respeto a sus atribuciones como síndico.

Con el síndico estuvo un nutrido grupo de priístas encabezados por el dirigente Magaña Morfin, la dirigente juvenil Miriam Obscura, el ex funcionario Esteban Carbajal, una decena más de integrantes de ese partido, entre ellos, Angel Solís quien está dentro del listado de personas que cobraron indemnizaciones indebidas y que deben devolverlas según la denuncia de Joaquín González ante la AGE. También acudió el perredista Víctor Almonte, Gustavo Gurrión, el director de Gobernación Bernardino Ibarra, el perresista Antonio Reza quien calificó de frívola la denuncia, el dirigente del Partido Verde Ecologista de México, Zeferino Nieto y los panistas José María Morelos Martínez y Sergio Vázquez.

El asesor del síndico, Manfredo Amable detalló en la lectura presuntas irregularidades en el manejo de 4 millones y medio de pesos por concepto de pago de un empréstito “simulado” en el que acuso la falsificación de firmas del empresario gasolinero y tío suyo, Ignacio González, además de facturas  apócrifas y de finiquitos indebidos.

En estos casos sustentó sus denuncias en actas notariales y en el caso de las facturas, mostró copias de estas en un engargolado que forma parte de los anexos que envió a la AGE pero detalló muy a fondo el caso del empréstito de 2 millones de pesos que hiciera el empresario gasolinero al inicio de la administración sin solicitar autorización al Congreso y el cual, asegura que se quiso simular como si fuera la devolución de un pago de predial  por terrenos que ya no eran de su propiedad por lo cual presuntamente fueron devueltos meses después mientras que en el inter, falsificaron la firma de su tío.

La denuncia detalla que la tesorera Gilda Soberanis y el alcalde Amador Campos no lo han tomado en cuenta para librar los gastos de la cuenta pública de enero, febrero, marzo y abril del 2003 con excepción del pago de devolución del Derecho de Alumbrado Público y de arrendamiento de maquinaria pesada que le enviaron para firma, además de supuestos procedimientos violatorios para el ejercicio del gasto público por lo que se obstaculizan sus labores de “supervisión y verificación de la aplicación real del gasto”.

Solicitó a la AGE que se finquen sanciones y se restituyan los recursos pagados indebidamente por la contratación de familiares de funcionarios municipales como “el sobrino del alcalde, Cristóbal Aburto, su prima (del síndico) María Luisa Martínez Ramírez, Michell Soberanis, sobrina de la tesorera Gilda Soberanis, Albert Vázquez Rosas, tío del regidor Enrique González, Jorge Pineda López, hermano del director de Planeación Aguedo Valencia López, Húber Ibarra, hermano del director de Gobernación, Bernardino Ibarra”.

Acusó que el alcalde y la tesorera no han sido escrupulosos en el manejo de los recursos porque permitieron “con ligereza” la expedición de cheques a favor del director Jurídico Apolonio Osorio Reyes para el traslado de 16 vehículos supuestamente asignados por el Servicio de Administración Tributaria, y quien aparentemente cobró los cheques aludidos para depositar los importes en efectivos a una cuenta que no está a nombre de organismo oficial alguno.

Denunció además que existe malversación de fondos en el manejo del parque vehícular y el suministro de combustible porque se permitió el abastecimiento de automóviles que no son del municipio como uno propiedad de Sara Rodríguez y el de su tío Ignacio González.

Señaló que no aprueba las adquisiciones porque el oficial mayor Edmundo Galeana no formuló las órdenes de compra, ni cuadros de cotizaciones comparativas ni recabó la firma del síndico. Acusó como irregular la adquisición irregular de servicios a proveedores exclusivos que ofrecen precios por encima de los que hay en la plaza.

Acusó el pago de 2 millones de pesos por finiquitos de enero a abril a más de 20 trabajadores sin que existiera una partida para ello, y pese a que hubo renuncias.

Denunció que se hicieron contratos ficticios a Filemon Loaeza, Avelino Mondragón y Cesar Bello quienes venden facturas a Francisco Alemán y el director de Servicios Públicos Gaspar Mendoza por el orden de medio millón de pesos y por  las cuales los suscritos aceptaron el pago del 15 por ciento a su favor.

Con él estuvieron en el presídium sus asesores, el ex tesorero del ayuntamiento en la administración de Eric Fernández, Jesús Solís y el abogado Manfredo Amable mientras en el fondo un nutrido grupo de colaboradores escuchaba la exposición.

Por su parte la tesorera Gilda Soberanis Gamiño en conferencia de prensa en la Presidencia Municipal manifestó que las irregularidades señaladas por el síndico deben ser investigadas por la AGE y sólo compete a ella emitir observaciones o algún resolutivo en torno a la situación administrativa del municipio que se refleja en la cuenta pública que se presenta.

Dijo que desde su perspectiva “hubo efectivamente un préstamo entre comillas pero no falsificación de firmas”, y que la “maquinaria fantasma no existe” pues en todo caso corresponde a Hacienda o la AGE fiscalizar la situación.