Eduardo Pérez Haro

La tierra no se discute, la política para el campo sí

Para Alma, Jimena y David Iván.

De nueva cuenta, la tierra se ha convertido en un problema, siendo lo poco, y las más de las veces, lo único que tienen los campesinos que se indisponen a perderla, envejecidos en la marginación, fuera de la tecnificación de sus procesos productivos, con altos costos, poco o nada pueden ganar con la exigua producción que obtienen y todavía se enfrentan al comprador o el intermediario que les castiga con el precio. Los campesinos ganan poco, a veces no ganan y muchas veces pierden.
Alguna vez el secretario de Agricultura (no viene al caso el nombre) me objetó que yo pudiera dar cuenta de que los campesinos productores de maíz perdían en su economía, pues señaló que “nadie que pierde se dedica a ello cualquiera que fuera el asunto”. Pero no muchos son los que saben de la economía campesina, al menos no en las filas del gobierno. Los campesinos no siempre recuperan el trabajo invertido, es un hecho.
Así las cosas, la aritmética de la relación entre el trabajo que le invierten, el producto que cosechan y el dinero que obtienen a cambio, da lugar a poder decir que los campesinos son ineficientes, pero habrá que verlo con mayor detalle y en su debido contexto. No obstante, aun esa precaria contabilidad no admite suponer que se es ineficaz pues aún con pérdidas cubren el abasto de la tercera parte del consumo nacional, no sólo bajo la modalidad de autoconsumo sino de mercado en localidades y regiones a las que no llegan los canales más dinámicos y robustos de las cadenas agroalimentarias. Cubren también una porción relevante de las grandes empresas comercializadoras y directamente de muchas e importantes agroindustrias en el procesamiento de diversos productos.
En otras palabras, el despótico comentario que suele escucharse en pasillos y oficinas, tanto públicas como privadas, en el sentido de que los campesinos son flojos pero que además sencillamente son improductivos por el reducido tamaño de sus parcelas y que en atención de esa condición deben ser atendidos en calidad de pobres y no así en tanto que productores, no refleja más que la inercia de una cuestionable manera de pensar y mucha ignorancia, de la historia y del presente, de la teoría y de la práctica, de México y del mundo.
Si la economía mexicana hiciera caso de tales juicios, decidiría ampliar los Progresa-Oportunidades  y los Sin hambre, dejando sólo a los productores medianos y grandes de la llamada “agricultura comercial” y la diferencia la cubriría con importaciones. La paradoja de tal determinación es que los productores de la agricultura comercial a los que se les otorga alrededor del 70% de los subsidios resultan más caros que los campesinos que aunque son mucho más que los primeros, sólo reciben el 30% de los subsidios productivos. Pero no sólo sino que tendrían que hacerse cargo del volumen de alimentos que por ahora están en la lógica de autoconsumo amén del abasto de los productos que entran a los circuitos comerciales en localidades y regiones, más aquellos abastecimientos de las empresas comercializadoras y agroindustriales, lo que sencillamente por su costo, capacidad y logística nadie podría hacerlo más que ellos, los campesinos.
Afortunadamente los hombres del poder político que están realmente en el sistema de decisiones saben que eso no se puede hacer porque más allá de estar de acuerdo con esas ideas o no, sencillamente no se puede. Claro está que tampoco están convencidos de poder hacer lo contrario, es decir, tratarles dignamente como productores y coadyuvar para que puedan desplegar un papel más importante que el de hacerse cargo de parte de su consumo a la vez que apoyar los abastos de los mercados locales y de empresas comerciales y agroindustriales a bajos precios con los que hacen posibles los márgenes de ganancia de éstas. Piensan que la situación prevaleciente podrá irse relevando en la medida que los mismos campesinos vayan muriendo con la edad o emigrando cuando aún no son viejos. Esa pareciera ser la idea que se liga al abandono de los pequeños productores, y tampoco es táctica de una estrategia de mediano plazo en la que asumen el desafío de un desarrollo industrial-urbano que absorba a la población rural.
Digamos que los funcionarios no resuelven por la vía de un amplio desarrollo industrial y de servicios porque no piensan como estadistas, sino como empresarios que sólo ven los negocios y las empresas pero no ven el país y por ende no ven al sector dentro del engranaje del desarrollo industrial y de servicios porque tampoco están en ese proyecto pues si lo estuvieran viendo harían cálculos sobre el impacto de los costos de la alimentación en el costo de la fuerza de trabajo y se darían cuenta de cuán importante es atender las insuficiencias de la seguridad alimentaria. Insisto, tal parece que solamente ven negocios prontos de ganancias especulativas en el comercio, los flujos financieros y los indicadores macro de la inversión extranjera bajo el supuesto de que ésta, por el sólo hecho de aparecer en las tablas de la contabilidad general del país, se traducirá en crecimiento económico y que el crecimiento económico es sinónimo de empleo y bienestar. Pero habrá que decirles que la economía es más que esa mecánica simple o que, de plano, si no es que lo ignoran nos intentan engañar.
No obstante y más allá de esta estratagema, el problema actual no radica en esta contraposición de ideas, derechos y hechos que vienen de tiempo atrás de manera inercial, sino de la circunstancia actual en la que el tema viene otra vez a cuento cuando los negocios de los hidrocarburos se colocan como prioridad y por ende habrá que allanar los terrenos para las tareas de exploración y explotación. Así mismo, otras áreas de negocios vienen ganando especial relevancia como la minería y así podrían aparecer otras como la construcción inmobiliaria, y con el tiempo otras, y por tanto el tema de la tierra en manos de los campesinos empieza a crear mayor interés y preocupación.
El artículo 27 de la Constitución le da cobertura al Estado sobre los recursos del subsuelo y el agua y así poder expropiar para actuar con base en el interés público, pero la instalación de grandes empresas de producción y servicios más allá de la industria extractiva y las otras áreas de negocios parecen entrar en contradicción si se tratase de empresas privadas donde se desacomoda el precepto del interés público, y el resto de las reglamentaciones pareciera tornarse estrecho para tales efectos, y más aún, que en tratándose de áreas importantes y de logística determinada dentro del complejo de las nuevas empresas por venir se convierte en un tema de dimensiones que chocan con la resistencia de los campesinos que incluso en muchos casos por la edad de éstos ya no tienen disposición ni condiciones para dejar sus tierras.
Es aquí donde nuevamente “la puerca torció el rabo”. El Estado mexicano y en particular el gobierno no dejan ver un proyecto nacional inscrito en la controversia sobre las fuentes del desarrollo a la manera en que los países emergentes (BRICS) se perfilan desafiando a los principales organismos financieros internacionales con la creación de una nueva Banca de Desarrollo que por esta vía se libra de los imperativos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. No deja ver un proyecto nacional de modernización de la planta productiva en sus distintos sectores económicos (industria, servicios y productos primarios), pero propone áreas de apalancamiento como la de energía con especial acento en los hidrocarburos en donde se le antoja que los campesinos dueños de la tierra podrían ser un obstáculo por lo que “de frente o de ladito” habría que resolver el acceso a la tierra por parte de la inversión extranjera directa porque de otra manera el negocio de la estrategia principal podría romperse por lo más delgado. Aguas con el tema.
El asunto requiere de una muy seria lectura del artículo 27 constitucional y de las reglamentaciones que desde las leyes secundarias se definan a efecto de impedir el paso de una reglamentación que contravenga el precepto constitucional, a no ser que se intente hacerlo de frente en el marco de la reforma para el campo. El Presidente sabe que no hay condiciones para intentar una jugada de este talante y por ello en el encuentro de Colima que tuviera el 5 de marzo pasado con las organizaciones de productores, colocó por delante que el tema de la tenencia de la tierra no sería tocado por la reforma para el campo y ante esta expresión abierta del mismo Enrique Peña Nieto es mejor que sus operadores no intenten rascarle por ahí.
Sin embargo, nadie debe quedar paralizado ante la posibilidad de regresar a la propiedad de la tierra el principio que dio origen al reparto agrario. Desde la desamortización de los bienes terrenales en poder de la Iglesia, la consigna zapatista de que la tierra es de quien la trabaja, el reconocido auge del reparto agrario del periodo cardenista y la misma reforma de 1992 al artículo 27 constitucional, presuponen la propiedad de la tierra como un medio de producción porque ese es el sentido de la propiedad por antonomasia y es momento de precisar su posibilidad en el contexto de la discusión del desarrollo en el tiempo actu@l.
La defensa de la propiedad por los campesinos debe venir aparejada a la discusión sobre las condiciones de la inversión para el desarrollo sin que medie despojo. Si es interés de la nación hacer de la propiedad campesina un activo del desarrollo ello significa que debe hacerse con respeto irrestricto a sus dueños y en ello deben de estar de acuerdo todos los propietarios de medios de producción, pues de transigir la vulnerabilidad de la propiedad en este caso se dará carta abierta para que suceda en cualquier otro caso y en la economía de mercado es el principio ordenador por excelencia. Y si es el medio de producción del campesino deberá entenderlo como factor en la discusión de los términos de inversión no para negociarlo per se sino como medio para acceder a la inversión sea en forma de crédito, de subsidio o de valor de asociación.
La enajenación de las tierras de la propiedad social ya está colocada en la reforma del 92, el asunto no es sólo defenderse de que no se abra más cuando de suyo ya está abierta sino tomar la iniciativa de colocar el debate sobre la inversión, discutir el para qué, el cómo y bajo qué condiciones pues de otra suerte sería dejar las cosas en un proceso de desgajamiento que ya está en curso desde la emigración campesina hasta la renta y los desventajosos acuerdos agrarios, dando como resultado el gradual desmembramiento por decisión propia o por estratagema de las empresas que como las mineras tienen las concesiones y los campesinos se presentan sin recursos organizativos y legales para negociar.
Las organizaciones de productores deben tomar la delantera y no sólo agitar para terminar negociando criterios de política que no van amarrados a compromisos reglamentados en los programas institucionales y las reglas de operación de cada caso. Mas el asunto de fondo no es una mera negociación de apoyos por muchos o grandes que parezcan sino de la política del sector, porque los dineros de la inversión para una parcela, localidad, región o proyecto no pueden estar sino debidamente inscritos en una estrategia general del sector donde la divisa es la de un sector inscrito en el entramado de la economía general del desarrollo y el campesinado inscrito en el engranaje de la economía general del sector.

eph_analisis@yahoo.
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