Concede juez suspensión de la expropiación de 29 hectáreas de la carretera a Barra Vieja

*Con el fallo las autoridades están obligadas a mantener el estado actual de las tierras y que no se haga trámite alguno de pago al ejido, indica el representante legal de los ejidatarios, Jesús Galeana Sánchez

Mariana Labastida

El Segundo Juzgado de Distrito concedió a los ejidatarios de Plan de Los Amates la suspensión provisional al decreto de expropiación que emitió el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, y se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 13 de junio, de 29 hectáreas que son las utilizadas por la carretera federal que va a Barra Vieja.
El representante legal de los ejidatarios, Jesús Galeana Sánchez, explicó que con la suspensión las autoridades están obligadas a mantener el estado actual de las tierras y no se haga trámite alguno de pago al ejido, el cual reclama que la indemnización del avalúo no corresponde a la que les notificaron y que violaron sus garantías al no hacerlo de su conocimiento.
Consultado respecto al amparo que el comisariado de Plan de Los Amates, Joaquín Campos, dijo que interpondrían por la inconformidad del avalúo que se presentó en el decreto de expropiación, en el cual se indica que se les debe de pagar por sus tierras 25 millones 895 mil 400 pesos, el representante legal dijo que aunque no le han notificado al ejido del decreto, el cual tiene que entregar de mano a las autoridades, sin embargo como ya fue publicado en el DOF y hay inconformidades decidieron iniciar el amparo.
En el amparo se está impugnando que en el decreto las tierras que serán indemnizadas fueron consideradas como de riego, “cuando son tierras turísticas, colindan con Tres Vidas, nunca han sido sembradas o explotadas por el ejido”, enfatizó Galeana Sánchez.
Agregó que también se violaron los derechos de los ejidatarios porque no se les notificó el avalúo que se presentó para la expropiación y que no corresponde a los dos que se habían hecho previamente: “hay una clara violación a las garantías de los ejidatarios por parte de Sedatu, SCT y el presidente Enrique Peña Nieto”.
Los representantes legales solicitaron el amparo y protección contra el decreto de expropiación, lo cual fue solicitado el día 4 de julio, admitido el viernes pasado y ayer 14 de julio el juez concedió la suspensión provisional del decreto.
Como respuesta a la solicitud de suspensión que pidieron los abogados de los ejidatarios para “requerir a las autoridades responsables sus informes previos y en su oportunidad conceder la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados”.
Galeana Sánchez indicó que se presentarán los argumentos para que se eche abajo el decreto y hacer uno nuevo, porque los ejidatarios no pretenden violentar el Estado de derecho, “están de acuerdo con el decreto pero con un pago justo”, y enfatizó que lo que piden es que la indemnización sea con base en valores actuales y precios reales de zona turística.
A los ejidatarios no se les ha acercado ninguna autoridad después de la publicación del decreto, lo que piden a Peña Nieto; al gobernador Ángel Aguirre Rivero; al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza y al secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez.
El proceso de expropiación para la indemnización de las tierras utilizadas por la carretera a Barra Vieja se dio después de que en 2002, el ejido promovió en el Tribunal Unitario Agrario una controversia  contra la SCT para exigir el pago de la carretera. En 2004 el magistrado del Tribunal sentenció a favor de los ejidatarios y ordenó a la SCT iniciar los trámites de expropiación ante la entonces Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), ahora Sedatu.
En 2008 inició el procedimiento de expropiación y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales realizó el primer avalúo que entregó en noviembre de 2009, en el que los 25 millones que se les quieren pagar son menos del 6 por ciento de lo que les informaron que constaban sus tierras; posteriormente se hizo un segundo avalúo con un resultado similar y el tercero, que es el que se indica en el decreto ya no se les notificó a los ejidatarios.
Por eso la inconformidad de los ejidatarios que están exigiendo que se realice un nuevo avalúo  y se desconozca el actual decreto presidencial.