El grupo de Abad en la CRAC también tiene derecho a ser reconocido por el gobierno, dice diputado del PRD

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Los representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) que se identifican con el coordinador de la Casa de Justicia matriz, Abad García García, también tienen derecho de llevar al gobernador Ángel Aguirre Rivero las actas de asamblea que les dan legitimidad ante los pueblos, sus opiniones y sus argumentos sobre el conflicto interno de la institución comunitaria, dijo el diputado federal Carlos de Jesús Alejandro.
Luego de una reunión de diputados federales con el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, informó que pidió al funcionario estatal una audiencia para este grupo con el gobernador, como la que le otorgó al bloque que representa Eliseo Villar Castillo, coordinador de la Casa de Justicia paralela a la Casa Matriz de San Luis Acatlán.
Explicó que en la mesa de trabajo en el Palacio de Gobierno, solicitó que el gobierno del estado ponga sus mejores oficios para encontrar una solución integral al conflicto de división de la CRAC, para evitar más muertes.
Así como recibió a unos, insistió en que también debe escuchar el gobernador a la otra parte que ha solicitado una audiencia “hasta el cansancio”, desde que realizaron una serie de asambleas regionales, incluida la de la comunidad de Horcasitas, donde revocaron el mandato a Villar Castillo, entre otros coordinadores de la Casa de Justicia matriz, y nombraron a los nuevos representantes que encabeza Abad García.
Sin embargo, señaló que ante el manejo de la información oficial “pareciera que (el gobernador) sólo se inclina por una parte, que ya decidió sin entrar a una especie de registro”, argumentando el amparo de la Ley 701.
Confirmó que los coordinadores de la casa matriz de la CRAC también fueron reconocidos en asamblea, están amparados en la Ley 701 y el segundo constitucional, y su reconocimiento no depende del gobernador, sino de la legitimidad que le otorgan los pueblos, “porque al fin y al cabo deben ser reconocidos por las propias comunidades”.
Consideró que el gobernador tiene que recibirlos e instalar una mesa de diálogo, de conciliación, de acuerdos, para que se pueda restablecer la paz en la región, “no se trata de colocar en la ilegitimidad o legalidad a uno u otro grupo, se trata de buscar mecanismos de unificación, para resolver en verdad el conflicto”.
Señaló que de haberse instalado antes esta mesa de trabajo, no habría muertes que lamentar, por el homicidio de un policía comunitario en San Luis Acatlán, durante una confrontación de los grupos contrarios.
Se le recordó que existen acuerdos entre Aguirre y Villar para detener a los policías comunitarios que no participen en el proceso de credencialización que encabeza el gobierno estatal y el Ejército, previsto para esta semana.
En respuesta, indicó que el grupo que encabezan los coordinadores de la casa matriz, el consejero Sabás Aburto, Valentín Chapa y Pablo Guzmán, entre otros, se manifestó desde un principio en contra de la credencialización de la Policía Comunitaria por una instancia ajena a la CRAC.
Confió en que esta posición que se hizo pública, no sea en verdad la del gobierno estatal,  y si es así, ojalá rectifique, de lo contrario advirtió que se van a agravar los conflictos.
“No queremos más muertos… si continuamos con esa postura, podríamos no estar lamentando un muerto, sino muchos más”, señaló.
Destacó que si los representantes de la CRAC que respaldan a los coordinadores de la casa matriz están trabajando en una propuesta de mediación, donde participen actores políticos, organismos civiles de derechos humanos, con calidad moral, el gobierno del estado no se debe quedar atrás.
Añadió que en esta mesa deben estar todas las expresiones de la CRAC, la de los pueblos fundadores, de Tixtla y Olinalá, pero particularmente las de San Luis Acatlán, que se encuentran más confrontadas.

Pide para Chilapa el mismo trato que se ha dado a Acapulco

Por otro lado, el legislador expresó su preocupación por la situación de violencia en la cabecera municipal de Chilapa,  y conminó a los tres niveles de gobierno a poner mucha atención, como lo hicieron en Acapulco e Iguala cuando enfrentaron la mayor crisis de violencia.
Pidió que el Ejército y corporaciones policiacas permanezcan  hasta que se restablezca la paz y la seguridad, “porque los ciudadanos no tienen que pagar por la ola de violencia que avanzó de las ciudades a los municipios indígenas”.
Aceptó que el problema ha estado ahí por muchos años, y aunque se intentaron algunas acciones en el pasado, “no se alcanzaron a concluir”.