Francisco Abarca Escamilla

 Rumbo al nuevo programa de gobierno

 (Primera parte)

Gran parte del debate en torno a la sucesión del gobierno del estado se ha centrado, lamentablemente, en las conjeturas de quiénes podrían ser los candidatos de las principales fuerzas políticas contendientes, y casi siempre los comentarios van dirigidos a destacar uno que otro rasgo de la personalidad de los precandidatos, así como quiénes podrían estar detrás de cada uno de ellos, tanto en el PRI como en el PRD; dejando de lado, sin duda, lo principal: el tipo de programa de gobierno que pudiera ser enarbolado para impulsar el desarrollo de la entidad.

Con la idea de contribuir a este propósito, bien podríamos realizar un primer ejercicio a partir de las recientes declaraciones de los cuatro precandidatos que  otorgaron entrevistas a El Sur, mediante la agrupación de los conceptos vertidos en diez puntos, mismos que tienen que ver con los siguientes temas: metodología, relación con la federación y con los municipios, administración, participación del Congreso en nombramientos del gabinete, la forma como abordarán los temas de seguridad pública, procuración de justicia, educación, salud y la política económica. De esta manera, podemos llegar a una especie de sinopsis de lo que pudieran ser algunos puntos para un programa de gobierno en la entidad.

Metodología

Los cuatro precandidatos sugieren la conveniencia de elaborar el programa de gobierno a partir de involucrar a la sociedad; sin embargo, la diferencia surge cuando se abordan los matices principales: el senador priísta Héctor Vicario propone tomar en cuenta la demanda captada, en tanto que los otros –los perredistas Zeferino Toreblanca, Armando Chavarría y Félix Salgado– añaden  que habría de sentarse con los actores principales y con los especialistas en cada uno de los temas,  para lograr un diagnóstico detallado e identificar las alternativas de solución, incluso con propuestas de cogestión, y a partir de ello hacer un planteamiento que pudiera ser el camino a seguir.

Relación con la federación

En este punto los planteamientos son diversos: Por un lado, Zeferino propone disminuir la dependencia de la federación mediante ingresos propios, tanto en el gobierno del estado, como en los ayuntamientos; en tanto que Vicario, Salgado Macedonio y Chavarría enfatizan la idea de promover, por vías diferentes, una mayor aportación de recursos de la federación hacia la entidad.

Con esta idea,  Vicario habla de solicitar al Presidente de la república un mejor trato bajo la óptica de seguridad nacional; y por su parte, Salgado Macedonio se compromete a enviar una iniciativa de ley al Congreso de la Unión a efecto de que haya una reforma tributaria, hacendaría, con el propósito de que la Secretaría de Hacienda regrese a los estados más de lo que se lleva, además de utilizar el argumento de retener parte de los beneficios derivados del uso del subsuelo, especialmente por conceptos de explotación minera; asimismo, el senador Chavarría pretende apoyar su intención mediante el pacto común con los legisladores federales, independientemente del partido al que pertenezca.

Vale decir, sin embargo, que con cualquiera de los puntos de vista de los precandidatos, necesariamente tendrá que contar con el visto bueno del Congreso de la Unión, tanto en lo que se refiere a las nuevas potestades impositivas a nivel estatal y municipal, como en materia de la redistribución de los ingresos públicos hacia las entidades, propósito que persigue, por cierto, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). De ahí que la oferta electoral solamente podrá cumplirse en la medida que tengan éxito el conjunto de gobernadores; y dado que ahí participan por igual priistas y perredistas, tal posición no puede ser atribuida a un solo partido.

Desde luego que tales señalamientos tienen su razón de ser en la estructura impositiva nacional, actual; y en los criterios que se siguen para distribuir los ingresos públicos a los distintos niveles de gobierno, puntos que forman parte del debate de la nueva hacienda nacional, y que habrán de ser discutidos próximamente tal y como se comprometió el presidente Fox con la Conago..

Relación con ayuntamientos

Todos coinciden con una relación de colaboración y respeto; y en algunos casos se llegan a sugerir lo que debería hacerse para lograr mayor armonía entre el actuar del gobierno del estado y los ayuntamientos. Chavarría habla de celebrar un pacto para la gobernabilidad, que garantice la paz, elaboración de proyectos coherentes, que le den a la gente la perspectiva de que las cosas pueden cambiar en sus municipios; comunicación y diálogo con todos los presidentes municipales, sin distingo de partidos, iniciativa gubernamental y esfuerzo de compartir responsabilidades, acabar con la corrupción.

Zeferino sugiere un cambio de actuación de los regidores; convertirlos, mediante la participación del Congreso Nacional, en diputados municipales, para que el ayuntamiento asuma nuevas potestades, desde las facultades legislativas hasta las que tienen que ver con el cobro de nuevos impuestos; convocar a los diputados a modernizar el marco jurídico, la formulación de planes de desarrollo urbano municipales, modernizar sus administraciones, e involucrarlos en la estrategia económica mediante la coordinación y el establecimiento de prioridades; una mayor coordinación con los presidentes municipales.

Por su parte Vicario, apoyado en el articulo 115 constitucional, delimita su relación y apunta que la comuna tiene vida propia, con decisiones autónomas; su ingerencia sería para ayudar y desarrollar conjuntamente obras y acciones que generen progreso para el estado; convocar a las fuerzas políticas para elaborar lo que de orden y claridad al ejercicio de gobierno, certeza, claridad y manejo honesto de los recursos públicos.

Félix, por su parte, ve en los ayuntamientos la célula de los pueblos, a los que habrá que remitir directamente los recursos etiquetados provenientes de la federación; dotarlos de mayores presupuestos y facultades y llamar a cuentas a todos los alcaldes para que informen sobre el manejo de los recursos destinados a la seguridad pública, y vincularse organizadamente con los presidentes municipales.

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