Xavier Carreto A.

 Transparencia, una asignatura pendiente

 Ha tenido que venir a nuestro país Eduardo Bertoni, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para recordarnos que a pesar de haber entregado en vigor, a partir del 12 de junio de este año, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la apertura y la transparencia no se han registrado en todo el país.

Esta es una de las principales conclusiones a las que ha llegado el argentino Bertoni, este 26 de agosto, al presentar el balance preliminar que entregará a la CIDH, resultado de su visita oficial de ocho días a nuestro país. El relator especial para la libertad de expresión fue muy preciso: existen entidades como Guerrero y Chihuahua, en las cuales ni siquiera se han promulgado las leyes de acceso a la información.

Como lo dio a conocer El Sur, con toda oportunidad, el relator Bertoni estuvo en Guerrero, uno de los ocho días de su visita en México por lo cual se enteró de lo que acontece en esta entidad federativa. En el caso nuestro, como se recordará, fue la fracción del Partido Acción Nacional, en el Congreso local, la que presentó la iniciativa de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, en la sesión ordinaria del 3 de abril de este año, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de trabajo legislativo de la quincuagésima séptima legislatura.

No obstante haber sido el grupo parlamentario de Acción Nacional el que ha llevado esta iniciativa, se sabe que el coordinador de los legisladores panistas, diputado Max Tejeda Martínez, quien asiste en representación del PAN a las reuniones de la Comisión de Gobierno, en cuyo seno se acuerda el orden del día de las sesiones plenarias, retrasó la entrega de la iniciativa de la ley de transparencia guerrerense, pues la tuvo en sus manos desde enero y fue agendada para su presentación al pleno tres meses después. Además que permitió, por otro lado, que el documento original fuera modificado, durante ese lapso, a conveniencia de los priístas, ya que se retrasará un año la posibilidad que tendremos los ciudadanos guerrerenses de conocer la información pública en nuestra entidad, una vez que la ley entre en vigor; pues de acuerdo con el artículo quinto transitorio, los sujetos obligados “deberán poner a disposición del público, la información a que hace referencia el artículo 8 de este ordenamiento a más tardar seis meses después de la entrada en vigor de la presente ley”. Y en el artículo sexto transitorio se precisa que los particulares “podrán presentar las solicitudes de acceso a la información seis meses después de la entrada en vigor de esta ley”.

Otra modificación importante que permitió el diputado Tejeda al documento original, fue la integración del Comité para el Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, toda vez que no estaba considerada la inclusión de funcionarios del gobierno estatal como el Auditor General del Estado, el  Contralor del Estado, el Presidente del Consejo de la Judicatura, sino únicamente debería estar formado este cuerpo colegiado por miembros de la sociedad civil.

A fines de mayo, nuevamente la fracción panista, a iniciativa de los diputados Arturo Martínez y David Tapia, le solicitaron al presidente de la mesa directiva en turno, hiciera un exhorto a los miembros de la Comisión de Justicia, a quienes había sido enviada la iniciativa de la ley de transparencia, para que, con base en el artículo 30, fracción Décima cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentaran el dictamen correspondiente toda vez que había transcurrido el plazo que les habían fijado. Sin embargo, no le fue precisado el día para la entrega del dictamen como lo establece la misma ley. Por lo cual tampoco, ante el incumplimiento de estos diputados, sea creada una Comisión Especial para atender este caso, igualmente previsto por el citado ordenamiento.

En fin, la iniciativa de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero duerme el sueño de los justos en los archivos de la Comisión de Justicia del Congreso local, ante la complacencia de nuestros diputados y la indiferencia de los ciudadanos, incluidos quienes forman parte de los medios de difusión de la entidad.

Si bien nos va, la ley podría ser aprobada en enero o febrero del 2004, cuando concluya el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de trabajo legislativo o en abril, cuando inicia el segundo periodo, pues entonces estaremos a un año de que finalice el gobierno del licenciado René Juárez y la ley comience su vigencia en la siguiente administración estatal, es decir a partir del 1 de abril del 2005. Así, el gobernador Juárez quedará ante los guerrerenses como el mandatario de la transparencia en el discurso, pero no en los hechos.