Acuerdan León Aponte y alcaldes legalizar la Policía Comunitaria, dice un boletín

 El secretario general de Gobierno, Luis León Aponte, acordó con los alcaldes perredistas de San Luis Acatlán, Genaro Vázquez Solís y de Malinaltepec, Apolonio Cruz Rosas, comenzar con la “necesaria e inmediata regulación” de la Policía Comunitaria “para que opere dentro de la normatividad legal”, se informó en un comunicado de prensa del gobierno del estado.

Según la información que llegó ayer a la redacción de este diario, León Aponte se reunió con Genaro Vázquez y Apolonio Cruz, aunque no dice cuándo. Indica que “la sesión de trabajo” se llevó a cabo en las oficinas de la Secretaría de Gobierno y que estuvieron presentes el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Arturo Lima Gómez, el delegado de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Rodríguez Calderón; el delegado del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional de la Secretaría de Gobernación (Cisen), Alberto Savage Carmona, y el director de Gobernación estatal, Rey Hilario Serrano, así como el magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Julio Jáuregui.

Se agrega en el boletín que el secretario de Gobierno mencionó que es prioritario para el gobernador René Juárez Cisneros consolidar el orden legal y político y en ese contexto menciona a la Policía Comunitaria que, dice, “opera desde hace más de seis años en tres municipios indígenas del estado”.

Explica que lo anterior fue resultado de un proceso de diálogo de León Aponte con los alcaldes de San Luis Acatlán y Malinaltepec, “municipios en donde opera el 95 por ciento de los cerca de 500 policías comunitarios”.

Agrega que en la reunión estuvo presente “uno de los fundadores de la Comunitaria y actual director de seguridad pública en San Luis Acatlán, Bruno Plácido Valerio”. El boletín dice que Bruno Plácido “señaló que esa corporación no es ninguna organización clandestina ni guerrillera”, sino “un proyecto ciudadano surgido de la necesidad de seguridad hace más de seis años en las comunidades indígenas de la Costa Chica y Montaña, y que está integrada por personas propuestas por las comunidades y respaldadas por su honorabilidad”.

Añade que aunque “no existen delincuentes al interior de la policía”, dijo que “como muestra de la disposición a regularizar a esta corporación”, está “dispuesto a la revisión exhaustiva de los antecedentes de cada uno de ellos para dar salida inmediata a los malos elementos que sean detectados”.

León Aponte habló de la necesidad de enmarcar las actividades y función de esta policía dentro de la ley, y para demostrar la disponibilidad del gobierno estatal ofreció agilizar y facilitar los trámites para que los más 400 elementos queden legalmente inscritos en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya sea como elementos de la policía municipal o estatal y con ello acceder  a la licencia colectiva 110 para portación de armas”.

Destaca que “con lo anterior se evitarían detenciones, desarmes por parte del Ejército e incluso procesos penales por las actividades que desarrolla la Policía Comunitaria, además de que los elementos percibirían un salario fijo”.

León Aponte propuso a los alcaldes que para reforzar las actividades de los policías “se abrirían nuevas plazas para agentes del Ministerio Público para personas propuestas por las comunidades y que cubrieran los requisitos de ley, aunado a que sean originarios del lugar, personas respetadas y que sean bilingues para lograr una mejor administración de justicia con los indígenas”.