Dan testimonio en video de las razones de la creación de la policía comunitaria

 Xavier Rosado * Después de siete años de funciones de la Policía Comunitaria, hoy se encuentra conformada por 58 comunidades pertenecientes a cinco municipios de las regiones de la Montaña y la Costa Chica y desde su creación, el 15 de octubre de 1995, la delincuencia ha disminuido en un 90 por ciento, convirtiendo a estas regiones en las más seguras de Guerrero.

Representantes de las comunidades indígenas de las regiones de la Montaña y Costa Chica e investigadores presentaron el viernes el video documental Cuando la justicia se hace pueblo, que habla de la labor que tiene la policía comunitaria en estas regiones, a falta de un sistema procurador honesto e imparcial.

El material realizado por el videoasta Carlos Pérez Rojas, fue presentado por el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, A.C., Abel Barrera; el director del Serapaz, (Servicios y Asesorías a la Paz), Miguel Alvarez Gándara; el investigador de movimientos indígenas de la facultad de Ciencias Sociales de la UNAM, Sergio Sarmiento y el asesor de la coordinadora regional de autoridades comunitarias, Cirino Plácido Valerio.

También asistieron los presidentes municipales de San Luis Acatlán y de Malinaltepec, Genaro Vázquez Solís y Apolonio Cruz Rosas; los coordinadores de Autoridades Indígenas, Alfonso Sabino Cano y Florencio García Dolores y el director de la policía comunitaria de San Luis Acatlán, Bruno Plácido Valerio.

La asociación civil Promedios de Comunicación Comunitaria aportó los recursos intelectuales, técnicos y económicos para realizar el documental, que aborda los antecedentes de la creación del proyecto Justicia y Seguridad Comunitaria al interior de las comunidades indígenas.

El video fue proyectado en el auditorio del Museo Histórico del Fuerte de San Diego, con el auspicio de la dirección de Cultura municipal, con el objetivo de hacer públicas las demandas de los pueblos indígenas del municipio de San Luis Acatlán, como Pueblo Hidalgo, Buenavista y El Rincón, así como un reclamo público para pedir que cese el hostigamiento tanto federal como estatal a la policía comunitaria.

Cuando la justicia se hace pueblo, video de 26 minutos de duración, se comenzó a grabar en octubre del 2001 y se terminó en noviembre del 2002, bajo la realización del videoasta, Carlos Pérez Rojas, da a conocer la experiencia del proyecto de Justicia y Seguridad Comunitaria y denuncia los atropellos que se cometieron en contra de los habitantes de las regiones mencionadas por parte de la policía judicial, la de seguridad pública, el ejército y la policía motorizada, las cuales dejaban ir a los delicuentes, siempre y cuando tuvieran dinero para comprar a los encargados de impartir la justicia.

En el documental se narra como, después de que los asaltos, violaciones, robos y asesinatos proliferaron en esta zona hasta finales de 1995, el pueblo decidió tomar la iniciativa de crear una policía que contribuyera a mantener el orden en las comunidades de La Montaña y Costa Chica.

Los nuevos miembros de la policía hicieron varios arrestos y remitían a los presuntos culpables al ministerio público, sin embargo, ahí, no se les aplicaba ningún castigo porque salían “por privación ilegal de la libertad” o “por falta de pruebas”, al comprar su libertad, por lo que decidieron formar su propio órgano de procuración de justicia, que hasta la fecha funciona, aún a pesar del hostigamiento de las autoridades federales y estatales.

El video muestra que el sistema penal se aplica de acuerdo a la gravedad del delito que se haya cometido y el detenido, se verá obligado a hacer un trabajo comunitario como la producción de ladrillos de adobe durante el tiempo que dure su condena, si observa buena conducta, su sentencia se reduce, en cambio, si no guarda el debido respeto a la autoridad, su condena aumenta.

En el sistema participan los miembros de la comunidad, ya que todos aportan datos para la captura de los delincuentes, cooperan para alimentar a los reos y a su vez, se benefician de los productos que se fabrican en las cárceles.